Investigadores de Comillas presentan un informe Dos de cada diez españoles han pagado por servicios sexuales durante el último año
(Comillas ICAI-ICADE).- Una investigación llevada a cabo por un equipo multidisciplinar de investigadores de las facultades de Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Humanas y Sociales, e Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, ha revelado hoy que alrededor del 20% de los varones pagaron por servicios de prostitución durante el pasado año en España. De ellos, el 90% reconoce haber oído hablar de la trata con fines de explotación sexual, y cerca del 10% de los clientes de prostitución entrevistados han detectado trata de menores, al igual que los investigadores de Comillas ICAI-ICADE durante el trabajo de campo.
El informe "Apoyando a las víctimas de trata con fines de explotación sexual", realizado para la Delegación del Gobierno para Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha sondeado, además, a ONG que trabajan sobre el terreno, a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y a fiscales. Todos coinciden en que tienen muchas dificultades a la hora de trabajar con estas personas, ya que las mujeres que son víctimas de trata no se identifican ni se reconocen como tal porque proceden de países donde este delito no está considerado como en España; los tratantes les han dado información falsa y desconocen su situación y derechos, y las redes las tienen aterrorizadas con amenazas a ellas mismas, a sus hijos o a su familia. "Se necesitan recursos, mejor coordinación institucional y sensibilización", afirma Carmen Meneses, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Comillas ICAI-ICADE y coordinadora del estudio.
La Delegada del Gobierno para la Violencia de Género en funciones, Blanca Hernández Oliver, ha asistido a la presentación del informe y ha calificado la trata con fines de explotación sexual como un problema de carácter sistemático y de unas proporciones "epidémicas". "Es necesario contemplar la trata como una forma más de violencia de género. Para combatirla, es importante la dotación de recursos, los estudios académicos y, sobre todo, el compromiso individual. Hay que levantar el velo como lo hemos hecho con la violencia de género".
Escasos medios de lucha contra el delito
Los investigadores han subrayado que las intervenciones de detección, identificación, rescate y recuperación de las víctimas, que proceden en su mayoría de Rumanía, Nigeria, Brasil y Paraguay, deben centrarse en la protección de estas personas y no en el delito, aunque este debe ser perseguido. "Los escasos medios de que disponen en ocasiones las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para perseguir el delito hacen que se centren en la declaración o denuncia de la víctima y éstas se juegan, en muchas ocasiones, su vida o la de sus familiares en sus países de origen al denunciar", según se refleja en el informe.
Los expertos de Comillas ICAI-ICADE insisten en que se deben mejorar los sistemas de detección e identificación cuando las víctimas son menores de edad. "Las pruebas oseométricas, tal y como puso de manifiesto la Defensora del Pueblo, muestran muchos errores y son insuficientes. Algunos rasgos culturales hacen que un sector de niñas pase inadvertida y sean explotadas por los tratantes como adultas siendo menores de edad", apunta Meneses. Los tratantes las ocultan, siendo muy difícil la identificación y localización para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, las ONG pueden disponer de mayores posibilidades para su localización, por lo que es imprescindible una mayor coordinación.
Todos los profesionales consultados para la investigación han puesto de manifiesto la dilación de los procesos judiciales en los delitos contra la trata, lo que hace que se revictimice a las mujeres. Por otra parte, muchos de los fiscales entrevistados consideran que el delito de trata debería equipararse en cuanto a recursos y tratamiento a los delitos de violencia de género. Por último, supone un gran esfuerzo tanto para los fiscales como para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado documentar y probar los delitos de trata, dado que los tratantes actúan al margen de la ley, engañan a las víctimas y forman parte de redes organizadas a nivel internacional, con acceso a información muy diversa.
En este sentido, los investigadores solicitan una normativa jurídica adecuada para proteger a las víctimas, prevenir el delito, castigarlo, disuadirlo y erradicarlo. Por ello se sugiere la adopción de una Ley Integral para luchar contra la trata de seres humanos que abarque de manera holística y triangular tanto la prevención del delito como la protección de la víctima y la persecución de los responsables.
Sobre el informe. "Apoyando a las víctimas de trata con fines de explotación sexual" ha sido patrocinado y financiado por la Delegación del Gobierno para Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Ha sido elaborado por un equipo multidisciplinar de las facultades de Derecho y de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE: Carmen Meneses, Jorge Uroz, Antonio Rúa, Cristina Gortázar y María José Castaño.
Se enviaron 52 cuestionarios a ONG que trabajan con estas mujeres y se realizaron 48 entrevistas abiertas a informantes claves -profesionales de las ONG, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y Fiscales de extranjería y trata- de diez provincias españolas (Asturias, Barcelona, A Coruña, Valencia, Madrid, Málaga, Sevilla, Salamanca, Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria). Además, se encuestó a 1.600 hombres españoles sobre el conocimiento que disponen de la trata y sus opiniones al respecto, y se entrevistaron a 17 clientes de prostitución.
