La vida política está plagada de momentos de contradicción moral. Más aún en la acción de gobierno. Sin embargo, hay situaciones especialmente críticas cuya gestión acaba dilucidando si efectivamente la política democrática mantiene la antorcha de la ética o queda arrodillada ante la brutalidad de los hechos. Los cuerpos negros muertos de 23 jóvenes -o de 37- a golpes de la policía en la valla de Melilla no pueden menos que interrogar a los responsables políticos; no pueden menos que interpelarnos como sociedad. No es una cuestión exterior a la que asistir indiferentes desde el otro lado lejano, sino interior, próxima, porque afecta a nuestro sentido más básico de humanidad.

Tres preguntas golpean la conciencia moral: si no podían haberse evitado esas muertes; si, al menos, producidas, van a recibir sepultura con dignidad; si en el futuro se pondrán todos los medios posibles para que esto no vuelva a repetirse.

No es una cuestión exterior a la que asistir indiferentes desde el otro lado lejano, sino interior, próxima, porque afecta a nuestro sentido más básico de humanidad.

La respuesta a la primera pregunta requiere un esclarecimiento de los hechos. Una investigación veraz y contrastada de lo que exactamente ocurrió antes, durante el salto a la valla y después. Sobre la segunda, una sepultura digna exige la identificación de los cadáveres, la comunicación a las familias, la sepultura conforme a su religión o convicción y la reparación. Todavía estamos a tiempo de que puedan recibir una sepultura con dignidad. La tercera, es la más importante, evitar la repetición. Extraídas las conclusiones de la investigación establecer protocolos de actuación humanitaria, conforme al derecho internacional, y revisar, de acuerdo con ellos, las cláusulas de los convenios establecidos con Marruecos y con los demás países africanos con los que España impulsa la cooperación en materia de control de la inmigración.

Somos conscientes de que la cuestión migratoria es uno de los retos de la época más complejos de gestionar para nuestros gobiernos. La demografía, la desigualdad, las guerras y el cambio climático van a empujar más aún la movilidad global. Nos gustaría acoger a todo el mundo que lo necesite, como también nos gustaría un mundo desmilitarizado. Pero la política humanitaria de acogida al inmigrante y su inclusión social hasta la igual ciudadanía debe conjugarse con el control de los flujos migratorios. Lo que desgraciadamente requiere también la acción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Somos conscientes de que la cuestión migratoria es uno de los retos de la época más complejos de gestionar para nuestros gobiernos. La demografía, la desigualdad, las guerras y el cambio climático van a empujar más aún la movilidad global.

También somos conscientes de la complejidad del acuerdo de cooperación logrado con Marruecos. Con todo, la gravedad de los hechos, deben constituirse en motivo para sentar unas bases de los acuerdos más garantistas con los derechos humanos. Hay una referencia clara: el Pacto Mundial sobre Migración para una migración segura, ordenada y regular promovido por Naciones Unidas. Pacto suscrito por Marruecos y España que precisamente fue aprobado en Marraquech en la Conferencia intergubernamental celebrada el 10-11 de diciembre de 2018 (1). De los 23 objetivos que conforman el acuerdo, hay seis especialmente pertinentes: el nº 5, aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular; el nº 8, salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos; el  nº 11, gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada; el nº 13, utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras alternativas; el nº 14, mejorar la protección, asistencia y cooperación consulares a lo largo de todo el ciclo migratorio; el nº 15, proporcionar a los migrantes acceso a servicios básicos.

La política humanitaria de acogida al inmigrante y su inclusión social hasta la igual ciudadanía debe conjugarse con el control de los flujos migratorios. Lo que desgraciadamente requiere también la acción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Como Cristianos Socialistas aportamos así nuestra voz desde la inspiración en la tradición judeo-cristiana de acogida al inmigrante: “fui extranjero y me acogisteis” (Mt. 25,35), base de nuestro compromiso con la acción política socialista. Desde aquí, a las familias de fallecidos y heridos, nuestro lamento y dolor más profundo.

Comisión Ejecutiva Federal Cristianos Socialistas PSOE

(1) De conformidad con la resolución 71/1 de 19 de septiembre de 2016, titulada "Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes", que decidió iniciar un proceso de negociaciones intergubernamentales que conduzca a la adopción del Pacto Mundial sobre Migración.

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