La Comisión Pastoral de la Tierra – CPT, organismo vinculado a la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil – CNBB, ha presentado este viernes 17 de abril la 34ª edición del Cuaderno de Conflictos en el Campo, un instrumento que comenzó en 1985 para recopilar datos sobre conflictos y violencia contra los pueblos del campo. El lanzamiento tuvo lugar el Día Mundial de la Lucha Campesina y el día en que se recuerda la Masacre de El Dorado dos Carajas, donde 21 trabajadores sin tierra fueron asesinados hace 24 años.

A la presentación virtual asistieron el coordinador nacional de la CPT, Paulo César Moreira, la profesora de la Universidad Federal de Goiás (UFG), María Cristina Vidotte y el periodista y colaborador de la CPT, Antonio Canuto. Ellos han escudriñado los datos presentados en un libro de 252 páginas, donde diferentes analistas estudian la realidad del campo en Brasil y los conflictos que están cada vez más presentes en torno a tres temas: tierra, agua y trabajo. La presentación tuvo lugar en medio de una pandemia que aumenta la vulnerabilidad, debido al aislamiento, especialmente entre las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas, lo que se traduce en una invasión de sus territorios.

La CPT considera el 2019, como se recoge en la presentación del libro, como "año de aumento de la violencia y el odio contra los pobres, los negros, las comunidades y la población rural, liderado por figuras públicas, entre ellas, principalmente, el presidente de la república". Esto debe ser conocido, en palabras de Nancy Cardoso, pastora de la Iglesia Metodista y agente de la CPT. Según ella, “es tarea pastoral recordar los conflictos, no dejar que se pierda ninguna historia, que no se olviden los nombres de personas y lugares. Ningún conflicto es demasiado pequeño, ningún lugar es indiferente. Es por eso que hacer memoria, documentar, publicar, socializar, es una tarea teológica y pastoral importante”.

Junto con esto, la pastora afirma que "también es una tarea pastoral denunciar a los violentos, decir a los gobiernos, la policía, las milicias, los jueces, los terratenientes y los usureros del agro negocio, de la minería, de las represas asesinas: ¡Dios os rechaza, vuestras ofertas no son aceptadas!". Estas palabras de Nancy Cardoso fueron pronunciadas por Antonio Canuto, quien en la presentación de los datos destacó entre los hechos de 2019, la ruptura de la presa en Brumadinho, los incendios en la Amazonía, el petróleo en las playas del nordeste, las agresiones contra los pueblos indígenas, quilombolas y personal de campo. Todo orquestado desde el Planalto, la sede de la presidencia de la república, que se ha convertido en el foco de decisiones contrarias a los intereses de la gente del campo.

En 2019 hubo 1833 conflictos, el mayor número en 15 años, con un aumento del 23% en referencia a 2018, lo que representa 5 conflictos cada día, donde participaron 859,023 personas. La gran mayoría conflictos relacionados con la tierra (1284) , seguidos del agua (489) y el trabajo (90). Junto con esto, Canuto informó la cantidad de asesinatos (32), 14% más, intentos (30), 75% más, y amenazas de muerte (201), 21% más. Junto con eso, informó sobre los 116 desalojos, un 16% más que en 2018.

Según el colaborador de la CPT, la moción de censura contra Dilma Roussef representó un fuerte aumento de los conflictos por la tierra en los últimos años, los terratenientes sintieron mucho más apoyo y libertad para actuar por su cuenta, incluso a través del poder judicial y la policía. El foco principal de los conflictos, como se muestra en el documento presentado, es la Amazonía, donde se concentra el 60% de los conflictos por la tierra, el 71% de las familias involucradas, el 51% de los desalojados, el 84% de las familias que han sufrido la invasión de sus tierras o casas, el 84% de los asesinatos, el 73% de los intentos de asesinato y el 79% de los amenazados de muerte.

El Cuaderno de Conflictos muestra que los pueblos indígenas son las principales víctimas de 2019, representando el 35% de las familias en conflictos por la tierra, el 31% de las familias expulsadas, el 9% de las desalojadas, el 67% de aquellos a quienes sus tierras u hogares han sido invadidos. Además de los 32 asesinatos, 9 son indígenas, de los 30 intentos de asesinato, 9 fueron contra indígenas y de 201 amenazas de muerte, 39 involucran a indígenas. Ante estas amenazas contra los pueblos de la Amazonía, Monseñor José Ionilton Lisboa de Oliveira, obispo de Prelatura de Itacoatiara, en el estado de Amazonas, y vicepresidente de la CPT, muestra su gran preocupación, dado que es "donde se concentra la mayor cantidad de conflictos y violencia en el campo en 2019", insistiendo en que "la situación en la Amazonía legal ha empeorado".

El vicepresidente de la CPT destaca un texto de la periodista Eliane Brum, que aparece en el cuaderno, que "nos ayuda a comprender la lógica de la violencia en la Amazonía y las consecuencias drásticas en la vida de las personas". En el texto de la periodista, ella dice que “las medidas que los diferentes gobiernos estaban tomando con el discurso de la regularización de la tierra en la Amazonía, en realidad es una legalización del crimen y un recompensar a los criminales. El acaparador de tierras pronto ya no necesitará cooptar a ningún servidor público, el crimen se convertirá en ley”.

En 2019, hubo un gran aumento de conflictos por el agua, una realidad cada vez más presente en Brasil y en el mundo, donde el agua se está convirtiendo en un activo de importancia decisiva. La llegada del nuevo gobierno, que redujo drásticamente los recursos y el número de inspectores destinados a combatir el trabajo esclavo, puede verse como una de las causas de una disminución del 40% en el número de denuncias, ya que los datos que no se corresponden con el aumento de todos los demás apartados. De hecho, el número demanifestaciones aumentó en un 142%, llegando a 1301, lo que representa 3.5 por día, el número más alto jamás registrado por la CPT.

Los datos recogidos en el cuaderno son una prueba, según Paulo César Moreira, de una realidad marcada por la necropolítica, el gabinete del odio, la legitimación de la violencia y las mentiras. Según él, en Brasil existe una hegemonía de fuerzas conservadoras con un carácter neofascista, siendo 2019 un año de deslegitimación total de los movimientos sociales, víctimas de persecución policial y de las milicias. El coordinador de la CPT define el año pasado como un momento para desmantelar el aparato de seguridad, un año de ruptura democrática y constitucional, promoviendo los desalojos para favorecer a las empresas y al capital.

Paulo César Moreira define el momento actual como "el tiempo de la post-humanidad, el ser humano ya no es valioso frente a las ganancias y la especulación". En vista de esto, hace la propuesta de "reforzar la necesidad de utopía, de otra sociedad, de la soberanía alimentaria en los territorios". La pandemia muestra cómo el mercado no puede resolver los problemas del mundo, el mercado está preocupado por las ganancias y el consumo, el sistema está en bancarrota ”.

La presentación también contó con María Cristina Vidotte, de la Universidad Federal de Goiás, quien mostró la realidad de la violencia contra las mujeres, una situación preocupante "en un sistema patriarcal guiado por el neoliberalismo", marcado por el colonialismo. Ella destaca la resistencia campesina como un nuevo espacio político, como "una nueva esfera pública que desafía las verdades consolidadas sobre género, raza, propiedad de la tierra, capital y permite que sus sujetos salgan de la invisibilidad y se expongan a una nueva política".

Según la profesora, "el avance de las fronteras agrícolas, la construcción de generadores de energía y carreteras y la neoextracción, atendiendo a los intereses del mercado, han agravado los conflictos y la desterritorialización de los pueblos tradicionales". Ella habla del racismo ambiental, un contexto donde las mujeres "a menudo son las protagonistas de la lucha y son castigadas ejemplarmente". En Brasil, el Estado no asume su responsabilidad, mostrando "la apropiación del Estado por intereses privados y la ausencia de responsabilidad", lo que intensifica la "destrucción de la agricultura de las familias campesinas, las comunidades quilombolas, los trabajadores extractivos, colocados fuera del ámbito político como sujetos cuyos valores no se consideran de interés general y universal y, por lo tanto, el rostro femenino violado por el patriarcado rural contemporáneo”.