Digo que no comparto la exigencia de represalias inmediatas porque, mientras no concluya la investigación judicial, y no exista sentencia firme de los tribunales, el rey emérito es inocente.

En eso consiste la famosa presunción de inocencia, con la que tantas veces nos llenamos la boca: en que, una persona no es culpable mientras no se vea condenada por los jueces.

Sin embargo, el Gobierno tiene la osadía de presionar a Felipe VI para que haga ya “algo” contra su padre, para que tome “alguna medida”.

La cuestión es que, si el rey “castiga” ahora a su padre por las informaciones que se están publicando, lo que hará será dar por confirmadas y probadas las acusaciones, sin esperar a que se pronuncien, en su caso, las instancias judiciales. Moralmente, habrá “condenado” ya a Juan Carlos I. Lo habrá señalado como culpable sin existir decisión judicial.

O sea, vulnerará la sagrada presunción de inocencia.

Atendiendo a las presiones del Gobierno, ¿qué puede hacer Felipe VI? ¿Excluir a su padre de la Familia Real? ¿Quitarle el título de Rey y el tratamiento de Majestad que ahora tiene? ¿Expulsarle de La Zarzuela? ¿Obligarle al exilio?

Y si al final no se diera una condena, por demostrarse la inocencia, o por falta de pruebas, ¿cómo se arreglará entonces lo que ya se habría aplicado?

Y seguramente tampoco resolvería demasiado la opción de que don Juan Carlos se marche voluntariamente de España, que por opte un exilio voluntario.

Pedro Sánchez y sus colegas no exigieron nada cuando destacados socialistas se vieron incursos en investigaciones policiales y en sumarios. Por poner un ejemplo, no reclamaron ceses inmediatos cuando empezaron a investigarse los ERE de Andalucía, sobre lo que por fin ha existido una sentencia.

No lo hicieron, por citar otro episodio, con José Blanco cuando se vio incurso en el “caso Campeón”. Y menos mal, porque el Tribunal Supremo archivó la causa.

El ejemplo me viene al pelo para añadir, de pasada, otro comentario. Me declaro indignado por lo ocurrido con el asunto del ático de Ignacio González en Marbella. El juez lo ha archivado porque no se ha aprobado el delito. Pero ha ocurrido siete años y pico después de que estallara el supuesto escándalo.

No defiendo a Ignacio González, ni tengo por qué hacerlo, pero no me parece de recibo que, en un país medianamente avanzado y organizado, un asunto de esas características tarde siete años en sustanciarse. Es un escándalo. Fallan demasiadas cosas. Y lo peor: no es el único caso, y nadie está haciendo nada para que la Justicia deje de ser injusta como resultado de su inasumible lentitud.

Volviendo al asunto Juan Carlos I. Si se demuestran todas las acusaciones que se están vertiendo, y es condenado penalmente, el anterior rey habrá causado un enorme daño a la institución que durante tantos años ha encarnado. Y sobre todo a su hijo, el actual monarca.

Es un desgaste que ya se está produciendo, cualquiera que sea el desenlace. Hay un evidente coste para Felipe VI.