Estado de bienestar
El Estado de bienestar, como proceso de reformas sociales y económicas, quiso ser una respuesta a la grave crisis europea de los años 30, seguida por la II Guerra Mundial y la consolidación del “socialismo real” en el Este.
Su objetivo era hacer la economía capitalista más productiva y armoniosa, asegurar la estabilidad y la cohesión social, y fortalecer el sentimiento de solidaridad y de comunidad nacional. Todo con un amplio consenso político y con un alto grado de legitimación social del sistema.
El componente principal del Estado de bienestar es el económico, regido por las políticas keynesianas de mayor intervencionismo público, para asegurar un crecimiento económico estable y mantener el objetivo de pleno empleo. El componente social está subordinado al anterior.
Pero se trata de dar a la población la cobertura universal de una serie de prestaciones _sanidad, educación, pensiones, servicios sociales…_, extendiendo el derecho a la ciudadanía social, y proporcionando cierto bienestar social, (especialmente, en las sociedades europeas).
En las políticas sociales hay planes más universalistas, como en el Reino Unido con el Plan Beveridge de 1942. O más contributivos como en Alemania desde Bismarck. Los mecanismos y prestaciones sociales son elementos de garantía frente a los riesgos _de enfermedad, paro, vejez_ la incorporación al mercado de trabajo _escuela, familia etc._ En esas décadas, el empleo era un elemento de integración fundamental y ampliamente mayoritario, con incorporación masiva de la juventud y una gran parte de las mujeres.
En ese contexto, el paro, la pobreza y la exclusión son considerados aspectos secundarios y transitorios. Porque se generaliza la protección social a la gente empleada y a sus familias. Para los sectores más pobres se promueven las llamadas políticas sociales de carácter asistencial y benéfico como los servicios sociales, o bien, sistemas de protección y redistribución, como el subsidio de desempleo.
Estas prestaciones de desempleo eran apropiadas a esa función de complemento transitorio ya que afectan a una pequeña parte de la población activa, o sea al paro cíclico, pues no había prácticamente paro estructural.
En el caso español hay que tener en cuenta que el Estado de bienestar es bastante raquítico y muy reciente, dado que prácticamente no se desarrolla hasta los años 70. Además ha habido una fuerte emigración interna y externa, una frágil economía, y a finales de los setenta y en los 80 estas dinámicas de la ampliación del bienestar social se bloquean y empiezan a entrar en crisis. Los efectos aquí son más amplios y los mecanismos de integración más débiles. Las tasas de paro y precariedad son más altas que en la Unión Europea (Ver A. Anton, Trabajo, derechos sociales y globalización).
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Su objetivo era hacer la economía capitalista más productiva y armoniosa, asegurar la estabilidad y la cohesión social, y fortalecer el sentimiento de solidaridad y de comunidad nacional. Todo con un amplio consenso político y con un alto grado de legitimación social del sistema.
El componente principal del Estado de bienestar es el económico, regido por las políticas keynesianas de mayor intervencionismo público, para asegurar un crecimiento económico estable y mantener el objetivo de pleno empleo. El componente social está subordinado al anterior.
Pero se trata de dar a la población la cobertura universal de una serie de prestaciones _sanidad, educación, pensiones, servicios sociales…_, extendiendo el derecho a la ciudadanía social, y proporcionando cierto bienestar social, (especialmente, en las sociedades europeas).
En las políticas sociales hay planes más universalistas, como en el Reino Unido con el Plan Beveridge de 1942. O más contributivos como en Alemania desde Bismarck. Los mecanismos y prestaciones sociales son elementos de garantía frente a los riesgos _de enfermedad, paro, vejez_ la incorporación al mercado de trabajo _escuela, familia etc._ En esas décadas, el empleo era un elemento de integración fundamental y ampliamente mayoritario, con incorporación masiva de la juventud y una gran parte de las mujeres.
En ese contexto, el paro, la pobreza y la exclusión son considerados aspectos secundarios y transitorios. Porque se generaliza la protección social a la gente empleada y a sus familias. Para los sectores más pobres se promueven las llamadas políticas sociales de carácter asistencial y benéfico como los servicios sociales, o bien, sistemas de protección y redistribución, como el subsidio de desempleo.
Estas prestaciones de desempleo eran apropiadas a esa función de complemento transitorio ya que afectan a una pequeña parte de la población activa, o sea al paro cíclico, pues no había prácticamente paro estructural.
En el caso español hay que tener en cuenta que el Estado de bienestar es bastante raquítico y muy reciente, dado que prácticamente no se desarrolla hasta los años 70. Además ha habido una fuerte emigración interna y externa, una frágil economía, y a finales de los setenta y en los 80 estas dinámicas de la ampliación del bienestar social se bloquean y empiezan a entrar en crisis. Los efectos aquí son más amplios y los mecanismos de integración más débiles. Las tasas de paro y precariedad son más altas que en la Unión Europea (Ver A. Anton, Trabajo, derechos sociales y globalización).
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