(JCR)
El gobierno de Ruanda acaba condenar al líder de la Iglesia Católica en el país, el arzobispo Thaddée Ntihinyurwa, por la negativa de éste a que rodara

un nuevo film sobre el genocidio en el interior de la parroquia de la Sagrada Familia, sita en la capital Kigali. El ministro de cultura, Joseph Habineza, acusó al arzobispo y a otros líderes religiosos de no ayudar al gobierno a honrar a las víctimas que fueron masacradas en iglesias, aunque personalmente me pregunto si el gobierno aceptaría que se filmara una película sobre el genocidio utilizando como escenarios el palacio presidencial o la sede de cualquier ministerio, lugares donde obviamente también ocurrieron asesinatos masivos. Es cierto que la iglesia de la Sagrada Familia y muchas otras, se convirtieron en trampas mortales para cientos de miles de tutsis que en 1994 buscaron refugio dentro de ellas y fueron masacradas por soldados del antiguo régimen y por milicias hutu conocidas como “Interahamwe”.

Por si fuera poco, a los pocos días de esta reprobación al arzobispo de Kigali, el gobierno anunció su intención de poner placas conmemorativas en 88 iglesias del país donde miles de tutsis fueron asesinados. La prensa oficial –en realidad la única que existe en Ruanda- se ha sumado al coro de acusaciones y ha señalado incluso que monseñor Ntihinyuwa tomó parte en el genocidio de 1994 contra los tutsis, recordando que en 2005 fue interrogado por uno de los tribunales populares (conocidos como “Gachacha”) por su supuesto papel en la planificación de las matanzas.

El gobierno de Ruanda no desaprovecha nunca ninguna ocasión para acusar a la Iglesia Católica de haber participado en el genocidio. Como suele ocurrir con las verdades a medias, éstas suelen ser más peligrosas que las mentiras descaradas. La Iglesia Católica ha sido acusada a menudo de complicidad en el genocidio, si embargo las cosas son mucho más complejas de cómo las plantea el régimen de Kigali. Hubo, ciertamente, parte de culpa en algunos miembros de la Iglesia. Los mismos obispos del país lo reconocieron en una carta pastoral fechada en el año 2000 en la que ellos mismos reconocen: “No hicimos todo lo que pudimos haber hecho”. Este mensaje fue hecho público poco después de que el Papa Juan Pablo II hiciera un llamamiento a todos los miembros de la Iglesia que tomaron parte en las matanzas para que pidieran perdón e hicieran reparaciones serias.

Algunos miembros del clero, ciertamente, colaboraron con los autores del genocidio (así como otros también colaboraron con el Frente Patriótico, aspecto este que el actual gobierno silencia sistemáticamente). La Corte Penal Internacional de Arusha ha examinado los casos de cuatro sacerdotes, uno de los cuales fue condenado a 15 años de prisión por su participación en los hechos. Dos monjas ruandesas aparecieron también ante un tribunal belga, con acusaciones similares. Otra religiosa compareció delante de un tribunal “Gachacha”, recibió una condena, apeló y después fue dejada en libertad. Y el caso del padre Wenceslao Munyeshyaka, antiguo coadjutor de la iglesia de la Sagrada Familia en Kigali, acusado de colaborar con los Interahamwe, está aún sub iudice en un tribunal francés.

Otros fueron acusados y después absueltos. Este es el caso del obispo de Gikongoro Agustin Misado, del padre blanco belga Guy Theunis (liberado sin cargos en diciembre de 2005 después de pasar tres meses en prisión) y dos religiosas absueltas el año pasado después de haber pasado en la cárcel 12 años y nueve meses. Todos estos casos estuvieron rodeados de gran alarde de publicidad mediática cuando se iniciaron, pero cuando se declararon las absoluciones los casos no gozaron de la misma resonancia.

Pero tampoco faltaron casos de sacerdotes y religiosas que hicieron gala de un gran heroísmo al defender a los miles de personas que acudieron a sus instituciones religiosas buscando protección. Este es el caso del padre André Havugimana, actual vicario general de Kigali. El 9 de abril de 1994 las bandas armadas Hutus atacaron el seminario de Nuera, de donde él era rector. El y otro sacerdote se enfrentaron a los violentos, los cuales les dispararon varias ráfagas que terminaron con la vida de su compañero e hirieron al padre André de gravedad. El sacerdote me cuenta la historia mientras intenta, en vano, mover el brazo izquierdo afectado por las secuelas de los impactos de bala. La hermana Felicité Nisejeka (hermana de Laureen Ntezimana), de etnia Hutu, se negó a ser separada de sus hermanas de comunidad Tutsis cuando se las llevaban para asesinarlas, y ella dio su vida junto con ellas.

Muchos otros sacerdotes, en fin, simplemente agacharon la cabeza y permanecieron quietos cuando llegaron los asesinos. Uno de ellos me lo cuenta con una mezcla de remordimiento y tristeza: “Durante varias semanas alimenté y consolé a los que habían venido a refugiarse en la parroquia. Varias veces conseguí que los hombres armados que venían por ellos se marcharan, hasta que un día vinieron furiosos dispuestos a matarlos y entonces simplemente me quedé en mi habitación sin hacer nada, esperando a que pasara todo. Delante de gente armada y violenta llega un momento en que no puedes hacer nada. Si hubiera insistido me hubieran matado también a mí y no habría conseguido salvar a nadie”.

Otro aspecto apenas mencionado es el caso de los miembros del clero asesinados por el Frente Patriótico. El primero de ellos fue el español Joaquín Vallmajó, quien había denunciado repetidamente las matanzas del Frente Patriótico. El 26 de abril de 1994 fue detenido por soldados Tutsis en Kageyo (Byumba) y fusilado, sin que hasta la fecha nadie haya informado de qué hicieron con el cadáver. Fueron también soldados del nuevo gobierno los que ametrallaron a tres obispos católicos en Kabgayi en junio de ese año. El obispo de Ruhengeri, Phocas Nikiwigize, fue detenido por soldados en 1996 cuando regresaba del Congo al llegar a la frontera, y nunca se le volvió a ver.

Otros, como los sacerdotes Isidro Uzkudun, Claude Simard y Guy Pinard, los tres conocidos por sus valientes denuncias de violaciones de derechos humanos, fueron asesinados por hombres armados durante el periodo 1995-2000 en sus parroquias. El padre Pinard fue abatido cuando distribuía la comunión en su parroquia. Un sacerdote de Butare, Joseph Ngomanzugu, ha documentado la muerte violenta de 200 consagrados (entre ellos 70 seminaristas) durante el año 1994, una cifra muy alta.