"No se puede presidir el altar ignorando la justicia, ni administrar sin legalidad" El deán de la Catedral de Segovia suspende en Doctrina Social

 Una denuncia interna ha enturbiado estos últimos tiempos la Catedral de Segovia. La noticia me la han hecho llegar a Roma -con evidente preocupación- algunos amigos míos españoles de Izquierda Unida (les gusta mucho meterse con la Iglesia… muchas veces con razón), conscientes de mi doble condición de profesor de Teología y ciudadano comprometido con una Iglesia que no puede mirar hacia otro lado cuando la justicia está en juego.

El caso, llevado a cabo por el grupo de investigación de El Plural, describe una presunta trama corrupta bajo dirección del deán Rafael de Arcos Extremera. El artículo menciona, además, a este medio al que tengo especial aprecio: Religión Digital, una plataforma que, desde hace años, informa con honestidad, profundidad y rigor sobre todo lo que acontece en España en materia religiosa, a través de la cual, sigo las noticias de la iglesia española.

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Confieso que no soy de escribir artículos, ni de moverme con soltura por lo digital, es mi primera vez. Me dedico más a los textos de fondo que al comentario inmediato. Pero precisamente por eso, y porque no suelo intervenir públicamente, creo, y por hacer caso a mis amigos de izquierdas, este caso merece una reflexión teológica, moral y pastoral. No para atacar a nadie, sino para plantear con serenidad qué significa ser Iglesia cuando lo que está en juego es la dignidad de las personas, la transparencia en el uso de los recursos y el respeto al trabajo humano.

Según El Plural, estaríamos ante un caso de presunta corrupción que incluiría presuntos ingresos por alquiler de habitaciones a trabajadores del Palacio Episcopal y Catedral, que no se declaraban como tales, sino que se recogían como “donativos”, evitando su correspondiente tributación. A ello se suman presuntos pagos en negro por parte de la responsable de eventos; una suerte de ministra de economía que utiliza el dichoso WhatsApp como única contabilidad y los famosos sobres como método de liquidación. 

Junto a las irregularidades, se relata un clima de trabajo psicológicamente asfixiante. Uno de ellos asegura que llegó a necesitar tratamiento psiquiátrico. Bien. Lo primero de todo, agradecer al El Plural que, tras acceder a estas denuncias, haya dado al deán la posibilidad de defenderse. Me han sorprendido sus comentarios, puesto que todos sus argumentos han sido de lo más desafortunados. Son una mezcla de excusas personales, lagunas técnicas y negaciones que no enfrentan el asunto y causa un poco de vergüenza para la institución a la que representa. Veámoslos.

Primero. El deán dice: "como los alquileres están tan caros, yo les digo que si quieren dar un donativo lo hagan, pero yo no les cobro un alquiler". Este argumento no se sostiene ni fiscal ni moralmente. Si se ofrece alojamiento a cambio de una aportación económica regular, aunque se llame “donativo”, se está generando un hecho imponible: no es una limosna, es un pago encubierto. La ley no mira la etiqueta, sino la realidad de la transacción.

Y también el magisterio es claro, como enseñó León XIII en Rerum Novarum, “el trabajo no puede ser tratado como una mercancía, ni su retribución dejada a la arbitrariedad de quien paga”. Y no solo se trata de justicia laboral, sino también de moral fiscal. Como recuerda el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (n. 406), “el deber de pagar los impuestos es una obligación en conciencia, como expresión de la corresponsabilidad en el bien común”. Eludir esa responsabilidad -llamando donativo a lo que es un pago sistemático- no es solo un fraude técnico: es una ruptura de la comunión cívica y evangélica.

Segundo. “Ese donativo luego pasa al Obispado todos los meses como aportación. Las cuentas están claras”. Incluso si el dinero termina en el Obispado (quien pasa a ser acusado por el deán), el problema está en su origen y en el modo en que se recauda. Lo llamativo -y lo que levanta sospechas- es por qué esas aportaciones no se hacen directamente a la diócesis, sino que pasan antes por la gestión personal del deán. El recorrido del dinero no es neutro: compromete su legalidad, su control y su legitimidad moral. Como recuerda Benedicto XVI en Caritas in Veritate, “el mercado necesita personas y estructuras éticas […] para construir una sociedad justa”. Y con mayor razón la Iglesia, cuando gestiona bienes que no le pertenecen, sino que le han sido confiados.

Tercero. “No sabía yo que dábamos sobres. Ahí están las nóminas”. Esta respuesta no solo contradice los testimonios de la supuesta administrativa que manifiesta la investigación, sino que evita el fondo de la denuncia: la existencia de pagos en efectivo fuera de contrato. Esta práctica -complementar la nómina con sobres sin declarar- es una de las formas más comunes de fraude laboral. Y alegar desconocimiento, cuando uno mismo afirma ser “el responsable de los pagos”, no exonera, sino que agrava la responsabilidad institucional. Conviene recordar, además, que la culpa moral no recae solo sobre quien paga en negro, sino también sobre quien acepta cobrar en esas condiciones. En la tradición cristiana, como enseña el Catecismo (n. 1868), “el pecado también se comete por cooperación”. La injusticia no se divide: se comparte.

Cuarto. “Si algún día he dado algo, ha sido porque he querido, no por horas extra” Este punto refuerza, sin quererlo, la gravedad del asunto, ¿de dónde saca ese dinero? Si un superior entrega dinero a un trabajador subordinado sin justificación contractual ni registro, se está generando igualmente una relación de carácter económico con implicaciones legales. El carácter supuestamente “voluntario” del pago no elimina la obligación de registrarlo, justificarlo y tributarlo. Además, en una relación de dependencia, la entrega de dinero nunca puede considerarse neutral, ya que hay una asimetría de poder que invalida la supuesta espontaneidad. Y si ese pago coincide con horas de trabajo no recogidas en contrato, el indicio de irregularidad es aún más fuerte. Como recordaba san Juan Pablo II en Laborem Exercens (1981), “el trabajo humano es la clave esencial de toda la cuestión social”, y no puede quedar a merced de relaciones personales informales, de amistad, sumisión o pagos voluntaristas.

Quinto. “Las horas extra no existen. Tienen contrato de 40 horas, pero hacen 26 o 30. No trabajan más” Esta afirmación es gravísima. Si lo declarado en contrato son 40 horas pero en realidad se trabajan solo 26 o 30, no estamos ante una anécdota, sino ante una posible simulación de relación laboral; y si lo afirma con una intención de llamar “vagos” a los trabajadores de la catedral, es más grave aún. Desde el punto de vista jurídico, ello puede constituir una infracción a la Seguridad Social, al cotizar por una jornada no realizada. Laboralmente, descuadrar lo pactado respecto a lo trabajado -ya sea por exceso o por defecto- erosiona los derechos del trabajador y la obligación del empleador. Y desde el plano teológico, falsear la realidad del trabajo vulnera el principio de verdad y justicia que el magisterio ha exigido siempre. Lo recordaba Benedicto XVI en Caritas in Veritate: “sin estructuras éticas y transparentes, toda actividad económica degenera”.

Sexto. “No existe ninguna administrativa. El responsable soy yo”. Esta afirmación no elimina la sospecha, la centraliza. Los testimonios describen a una persona del entorno del deán encargada de gestionar pagos en efectivo. Aunque no figure en plantilla, su rol operativo está detallado. Negar su existencia no despeja dudas: refuerza la opacidad del sistema. Y si toda la responsabilidad recae en el propio deán, la exigencia es mayor; aunque por lo que he podido comprobar este señor acumula todos los cargos de responsabilidad en el Cabildo que le evita dar explicaciones a nadie. Como recuerda el Catecismo (n. 2409), “toda gestión sin respeto a la legalidad y al orden moral vulnera la justicia”.

El deán pretende que su voluntad personal -“yo no cobro alquiler”, “yo solo reparto”, “yo no sabía”- tenga fuerza jurídica, cuando en realidad las obligaciones legales no dependen de la intención, sino de hechos objetivos. Su razonamiento se basa en la idea equivocada de que el origen institucional del dinero o el carácter informal del pago le exime de responsabilidad. Esto es fiscalmente falso y jurídicamente peligroso. Su afirmación de que “todo está en su contra” no solo no responde a las acusaciones concretas, sino que utiliza una estrategia típica en contextos de clericalismo: transformar una denuncia documentada en una campaña personal. Eso no desmonta las pruebas ni los testimonios: solo intenta neutralizarlos emocionalmente. Estas contradicciones son incongruencias que debilitan gravemente su credibilidad.

Pero el problema no es solo personal. Como recuerda Documento de Aparecida (CELAM, 2007): “Las estructuras de pecado se caracterizan por generar injusticia social, como la evasión de impuestos, el fraude fiscal y la corrupción, que niegan los derechos fundamentales de los más pobres”. Cuando esas prácticas se instalan en espacios eclesiales, no solo se vulnera la ley: se hiere la misión misma de la Iglesia. Porque allí donde debería haber verdad, aparece el encubrimiento. Donde debería haber justicia, se perpetúa la desigualdad. Y donde debería haber comunión, lo que queda es miedo y silencio. “La corrupción es un mal que requiere ser combatido con firmeza. Es uno de los signos más devastadores de la cultura de la muerte, ya que el dinero y el poder se convierten en ídolos que exigen víctimas humanas” (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 411). Por eso este caso no puede tratarse como una anécdota ni como una disputa interna: es un llamado a revisar, purificar y sanar estructuras eclesiales que, si no se iluminan con el Evangelio, reproducen la lógica del mundo que dicen combatir.

La denuncia, según indica el medio, ha sido formalizada por varios trabajadores que, desde el respeto, reclaman que se investigue lo ocurrido de forma seria, imparcial y con garantías. Cabe destacar la valentía de quienes, desde dentro, han decidido alzar la voz. Romper el silencio no es fácil cuando uno ha vivido bajo presión. El Papa Francisco lo dijo sin ambages en Fratelli Tutti (2020): “El bien común requiere que se construya sobre la base de la verdad”. Tampoco lo es cuando la institución que se interpela está marcada por la sacralidad. Pero precisamente por eso, es necesario. A pesar de que hay una carga de pruebas y testimonios recolectados a los que ha entrevistado este medio de comunicación, es importante subrayar la presunción de inocencia, que debe mantenerse firme, también para quienes ejercen cargos de responsabilidad en entornos eclesiales.

Pero eso no impide que los hechos sean investigados. No se trata de juzgar, sino de esclarecer. No es un ataque a la Iglesia; es un acto de fidelidad al Cuerpo de Cristo (Cor 12,26), que sufre cuando una de sus partes es humillada. El Catecismo lo expresa: “Toda forma de injusticia laboral ofende la dignidad humana y contradice el Evangelio del trabajo” (cf. CIC, n. 2434). Y el Concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes, advierte: “las prácticas económicas contrarias a la justicia social desfiguran el rostro de la Iglesia y su credibilidad en el mundo” (cf. GS, n. 63).

Hoy, muchas miradas están puestas en Segovia (aquí entre mis colegas romanos, no damos crédito). No como acusación, sino como esperanza. Desde León XIII y su encíclica Rerum Novarum, la Iglesia ha proclamado que la justicia social, el respeto a los trabajadores y la dignidad laboral son compromisos esenciales del mensaje cristiano. Juan XXIII y Pablo VI lo reafirmaron con claridad: el salario justo, la seguridad laboral y la ética institucional no son opcionales. Son condiciones evangélicas.

Si lo que se ha denunciado se confirma como cierto, corresponde a la Agencia Tributaria y a la Inspección de Trabajo intervenir sin demora, esclarecer los hechos, garantizar la legalidad y proteger a quienes han alzado la voz. Y por supuesto, el deán no puede seguir ni un minuto más en el cargo (imagino que el obispo de Segovia no está pasando un buen trago con este presbítero). Mucho menos en relación directa con empleados. No por castigo, sino por responsabilidad institucional, por ética pastoral y por coherencia moral.

Porque quien está en el centro de una denuncia de tal gravedad no puede seguir gestionando dinero, personas, ni autoridad eclesial porque seguirá dañando la credibilidad de la Iglesia que, como se indicó en este medio, está preocupando a obispo, presbiterio y laicos. Lo advirtió Pablo VI en Evangelii Nuntiandi (1975): “La Iglesia se hace diálogo, sobre todo con los pobres, y gana credibilidad cuando asume sus sufrimientos como propios”.  

Entiendo, por tanto, viendo también otras críticas surgidas en torno a su gestión de la Catedral de Segovia que se publicaron en Religión Digital con una teología exquisita, que si el deán ha suspendido previamente en las materias de Liturgia como de Derecho Canónico -porque no se puede presidir el altar ignorando la justicia, ni administrar sin legalidad- está vez ha suspendido también en Doctrina Social, pero aún está a tiempo de presentarse en la convocatoria appello di settembre. Pero esta vez, con examen público y revisión de conciencia. Porque como recordó el apóstol Pedro -y hemos leído en la solemnidad de Santiago patrono de España-: “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hch 4,33). Y si hablar con verdad, aunque incomode, es un acto de obediencia al Evangelio, entonces, que así sea.