Tras la publicación del decreto presidencial por el que se dispone a la fuerza armada permanente para tareas de seguridad pública mientras la Guardia Nacional (GN) “desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial”, diversos reclamos surgen cuestionando su eficacia y si ha valido destinar altísimos recursos a la más joven corporación de seguridad pública cuando ahora se pone en tela de juicio si realmente está cumpliendo con el propósito de su creación.

La GN nació en medio de una dura polémica y discusión sobre su naturaleza y tareas con el fin de devolver a las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Promesa de campaña y compromiso del presidente de la República, el Congreso de la Unión prácticamente puso la mesa para servir en charola de plata una “institución fundamental para garantizar la paz y la tranquilidad”, el propósito tuvo el claro indicio para decir a los mexicanos que, efectivamente, las anteriores administraciones habían metido a soldados y marinos en una guerra que no les correspondía. Ahora, el gobierno de la 4T vendría a dar cabal texto de la Constitución, la GN sería modelo de corporación efectiva y ejemplar para respetar los derechos humanos y cuidar a los mexicanos.

Se pretendía corregir errores cuando se dispuso de las Fuerzas Armadas para hacer el trabajo de policía. Mientras sus defensores aludían que “no había de otra” ante el desastre de las corporaciones públicas de seguridad para hacer frente a un enemigo con una capacidad de fuego superior, duros señalamientos acusaron a soldados por la violación de los derechos humanos y el uso desmedido de la fuerza contra las personas.

Según el Informe Mundial 2019 de Human Rights Watch, López Obrador habría heredado una “catástrofe de derechos humanos originada en la violencia extrema de la delincuencia organizada y los abusos generalizados por parte de militares, policías y agentes del Ministerio Público”. Según esa organización, militares “perpetraron violaciones generalizadas de derechos humanos” y destaca que “entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 4.600 denuncias sobre presuntos abusos cometidos por militares”.

Sin embargo, la presente administración está metida en un túnel oscuro que no ve la luz y la agudización de la crisis en materia de seguridad vino a echar mano de un artículo transitorio del decreto de creación de la Guardia Nacional del 26 de marzo de 2019 para el uso de la Fuerza Armada permanente. Señalada ahora de corrupción, la turbulencia sacude a la GN que pretendía ser modelo de eficacia, profesionalización y ética en la seguridad pública. Los recientes escándalos de sus elementos departiendo con capos de crimen, la destitución de altos mandos por compras ilícitas, la represión contra migrantes, hacerla de border patrol y la parálisis de sus elementos que son tomados ahora para servir como cuerpo de seguridad de hospitales públicos en la pandemia del coronavirus, han demeritado la labor de una esa institución que se ofreció como la híbrida panacea civil y militar que, en poco tiempo, traería la paz al país. Aún en medio de la crisis sanitaria, la violencia no cesa y ni siquiera el Ejército, ya legitimado para hacer tareas de policía, pudo controlar sangrientos enfrentamientos como lo sucedido el 15 de mayo en Magdalena de Kino, Sonora, prácticamente hecha zona de guerra y de terror sin control.

¿Pudo haberse evitado este decreto? Sí, especialmente cuando se dijo a los mexicanos que la GN es una “institución fundamental” con un presupuesto estimado en 3.8 mil millones de pesos y un “creciente” reclutamiento de elementos. Lejos de abonar en la certeza por la reorientación correcta de las políticas de seguridad pública, el decreto presidencial es otra señal de preocupación que se añade a muchas otras en un horizonte sombrío para la construcción de la paz, el cese de la violencia y de formación efectiva de policías profesionales. Son malas señales para México que ahora se suben a esta crisis agudizada por el coronavirus.