El centro educativo 'Bismarck Martínez', "un nuevo comienzo", dice la ministra de Educación Nicaragua inaugura un colegio en el edificio expropiado a la Congregación Hermanas Josefinas

Las autoridades educativas de Nicaragua inauguraron este lunes el centro educativo 'Bismarck Martínez' en un edificio expropiado por el Estado a la orden religiosa Congregación Hermanas Josefinas.

"Este es un nuevo comienzo, cumpliendo ese compromiso permanente bajo el liderazgo de los copresidentes comandante Daniel (Ortega) y compañera Rosario (Murillo), entregando esta nueva obra", dijo la ministra nicaragüense de Educación, Wendy Aráuz, durante la apertura.

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En el nuevo centro educativo Bismarck Martínez, ubicado en la ciudad de Jinotepe, departamento (provincia) de Carazo (Pacífico), funcionaba el colegio San José.

El Estado de Nicaragua, según la copresidenta Murillo, expropió ese colegio religioso porque, según dijo, allí se "torturó y asesinó a compañeros" sandinistas en el marco de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018.

El colegio San José, con más de 40 años de trayectoria, pertenecía y estaba a cargo de las hermanas de la Congregación Josefinas.

El Gobierno de Ortega y Murillo lo bautizó con el nombre de centro educativo 'Bismarck Martínez', en honor a un militante sandinista asesinado el 29 de junio de 2018 en el marco de esas protestas antigubernamentales.

Las autoridades indicaron que en el centro estudian 600 alumnos desde kínder hasta el último año de secundaria.

Ese colegio no es el primero que pertenece a una orden religiosa o a la Iglesia católica, que es expropiado por el Estado de Nicaragua.

En enero pasado, dos edificios propiedad de la Iglesia católica de Nicaragua: el seminario San Luis Gonzaga, de la diócesis de Matagalpa, en el norte, y el centro de retiro espiritual La Cartuja, fueron expropiados por el Gobierno de Ortega y Murillo, en medio de tensiones entre el Ejecutivo sandinista y la Santa Sede.

Las relaciones entre el Vaticano y Managua atraviesan momentos de gran animadversión, caracterizadas por la expulsión, encarcelamiento y desnacionalizados de obispos y de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y procesiones, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.

En marzo de 2023, el fallecido papa Francisco calificó como una "dictadura grosera" el régimen de Ortega en Nicaragua, un mes después de la condena por "traición a la patria" del obispo nicaragüense Rolando Álvarez a 26 años y cuatro meses de prisión, ahora exiliado y desnacionalizado.

Ortega, a su vez, acusó al Vaticano de formar parte del "conglomerado del fascismo" y disolvió y expropió a la Compañía de Jesús - conocidos como los jesuitas-, orden a la que pertenecía el sumo pontífice, y ha expulsado de Nicaragua a 46 sacerdotes y obispos desde 2018, y les ha prohibido el ingreso al país a otras decenas de curas.

También ha calificado de "mafia" a la Iglesia y la ha acusado de ser antidemocrática por no permitir que los católicos elijan por voto directo al papa, a los cardenales, a los obispos y a los sacerdotes.