La Amistad Europea Universitaria" y el Grupo "Constitucionales" recomiendan este artículo de Pedro García Cuartango*.

España no es diferente

por Pedro García Cuartango*

Nuestro país ha dado un enorme salto desde la Transición y es hoy una de las democracias mejor valoradas del mundo pese al pesimismo que domina la sociedad española.

España es diferente. El eslogan acabó calando en los años finales del franquismo y todavía hay muchos españoles que creen que el nuestro es un país diferente, con una historia y unos rasgos particulares que confirman el tópico de que Europa acaba en los Pirineos.

Este estereotipo es un espejismo porque, tras la muerte de Franco, España ha tenido una evolución política, económica y social que la asemeja a cualquier nación de su entorno. Como avalan las encuestas, las actitudes y las preocupaciones de los ciudadanos son muy parecidas a la de los franceses, los italianos o los alemanes.

Transcurridas más de cuatro décadas desde las primeras elecciones democráticas, la renta per cápita ha pasado de 3.500 euros a  26.400 el año pasado, la mortalidad infantil se ha reducido de 16 a dos por cada 1.000 nacidos y la red de autopistas es ahora 15 veces mayor que en 1976. Hay en estos momentos un parque de más de 50 millones de teléfonos móviles, una cifra superior a la de la población. Todos los indicadores sociales y económicos indican una fuerte convergencia con Europa, consolidando la tendencia iniciada desde la etapa del desarrollismo franquista.

Tampoco tiene fundamento la visión de Podemos sobre la historia reciente de España

Pero los datos no son suficientes para disponer de una fotografía de la evolución de nuestro país, que ha experimentado un enorme cambio en la mentalidad y las actitudes. Ello ha ido acompañado por una serie de reformas legislativas que han colocado a nuestra democracia entre las 20 primeras del mundo, según todos los rankings. La prestigiosa revista «The Economist» la sitúa en el número 19 entre 167 países evaluados por delante de Estados Unidos, Japón, Francia, Italia y Bélgica.

Ello desmiente la propaganda del independentismo catalán, que insiste en que en España no existe separación de poderes, que no vivimos en un país democrático y que no se respetan las libertades fundamentales. Ello es rotundamente falso y carece de sustento alguno. Ninguna institución internacional ha comprado esa versión.

Tampoco tiene ningún fundamento la visión de Podemos sobre la historia reciente de España, que sostiene que nuestra democracia sigue lastrada por un franquismo que permanece agazapado en las instituciones. En ese sentido, la formación de Pablo Iglesias se ha sumado al ataque de los independentistas a la Monarquía, cuestionando abiertamente su legitimidad. Sus dirigentes han asumido el discurso de ERC, que argumenta que Felipe VI no ha sido votado por nadie. Se olvidan de que la Constitución fue aprobada por los españoles, con un amplio nivel de participación y consenso político. El 92% votó a favor y el 8%, en contra, en la consulta de diciembre de 1978.

Es cierto que el debate sobre la Carta Magna sigue abierto y que ya en la época de Zapatero se planteó su reforma. Pero no hubo acuerdo entre las grandes fuerzas políticas, como tampoco lo hay ahora. El problema no es tanto abordar la revisión de la Constitución como la forma en la que se debe hacerlo.

La Carta Magna puso el punto final a los tres años de Transición y convirtió a España en una democracia homologable al resto de Europa. Pero además fue la base de una serie de iniciativas parlamentarias por las que se reconocieron derechos como la libertad de expresión, de reunión, de asociación sindical y de huelga.

Todavía en las postrimerías de la dictadura, las mujeres tenían que pedir permiso al marido para abrir una cuenta corriente. El matrimonio era indisoluble y el adulterio era un delito castigado por el Código Penal con seis meses de arresto. Estaba en vigor la represiva ley de Vagos y Maleantes. Toda esa legislación fue derogada. Los derechos de la mujer fueron restablecidos. En 1981, el ministro Francisco Fernández Ordóñez promovió una histórica ley del divorcio, que fue aprobada en el Parlamento con los votos de la izquierda y el centro derecha.

Cuatro años antes, UCD, el PSOE y el Partido Comunista se habían unido para combatir una crisis brutal, provocada por el alza de los precios del petróleo. Aquel consenso dio lugar a los Pactos de La Moncloa, que no sólo tenían un contenido económico sino también político. No es un secreto que, tras aquel acuerdo, estaba el miedo a un golpe militar que el teniente coronel Tejero llevó a cabo sin éxito en 1981, en el momento en que se producía el relevo de Adolfo Suárez por Leopoldo Calvo Sotelo.

Cuando murió el dictador el 20 de noviembre de 1975, los españoles fumaban Celtas y Ducados, no existía la televisión en color, sólo una minoría inferior al 20% de las familias tenía coche y frigorífico, viajar de Madrid a Burgos por la N-1 era una verdadera odisea, los españoles cruzaban la frontera a Perpiñán o Bayona para ver las películas prohibidas y todavía había pueblos en la España interior que carecían de agua corriente y teléfono.

La democracia cambió la cara a un país donde las viudas vestían de riguroso luto durante mucho tiempo, el uso de los anticonceptivos era tabú y Franco entraba bajo palio a las iglesias. Las calles se llenaron de gente que reivindicaba sus derechos, exigía libertad y pedía amnistía para los presos políticos. Hoy apenas se recuerda que hubo manifestaciones masivas, impulsadas por el PCE y el PSOE, para pedir la aprobación de una ley que eximía de responsabilidades penales a los delitos cometidos antes de la muerte de Franco, lo que posibilitó que los presos de la izquierda fueran liberados.

Cuando ETA asesinó a Carrero Blanco a finales de 1973, se estaba celebrando el llamado «Proceso 1001» en el Tribunal de Orden Público, situado en Las Salesas, en el que se pedían penas de hasta 20 años de cárcel contra los líderes de Comisiones Obreras. Se sentaban en el banquillo Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, García Salve y otros. Fueron condenados, pero tres años después los sindicatos eran legales y esos líderes se pusieron al frente de las organizaciones sindicales que jugarían un papel tan importante en las décadas posteriores.

La Transición fue un proceso complejo, con avances y retrocesos, pero se saldó con éxito porque todas las fuerzas políticas coincidían en la necesidad de un cambio pacífico a la democracia. Uno de los momentos más difíciles fue el asesinato de los abogados laboralistas de Atocha en enero de 1977. El PCE fue legalizado tres meses después tras liderar una gigantesca movilización cívica en la que no hubo ni un solo incidente.

Adolfo Suárez dio el paso más difícil de la Transición al permitir que el PCE, liderado por Santiago Carrillo, pudiera presentarse a las primeras elecciones democráticas de junio de 1977. Al reunirse por primera vez el Congreso salido de las urnas, los españoles pudieron ver algo que había muy poco tiempo hubiera sido una imagen de ciencia ficción: a Dolores Ibarruri, La Pasionaria, presidir la Cámara por ser la diputada de más edad. En ese momento, no era difícil encontrarse en los pasillos de la sede de la soberanía nacional a Fraga charlando con Carrillo.

Todo estuvo a punto de venirse abajo en la intentona de Tejero, que fracasó gracias a la intervención del Rey Don Juan Carlos y de la reacción de rechazo que suscitó. Los medios de comunicación fueron cruciales en aquellas difíciles horas en las que los periódicos sacaron ediciones urgentes en defensa de la democracia. Tejero, Armada, Milans y todos sus cómplices fueron condenados a duras penas.

Tras derrotar la amenaza golpista, los legisladores se dedicaron a afianzar la democracia mediante una serie de leyes que consolidaron las libertades, asentaron la división de poderes y modernizaron la economía del país, hasta ese momento estrangulada por un proteccionism característico del antiguo régimen.

Especialmente importante fue la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que estableció la actual arquitectura institucional de la Justicia y reforzó la independencia de los jueces. A pesar de que el PSOE logró introducir el sistema de cuotas para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, con la consiguiente politización de los altos tribunales, los jueces han ejercido de verdadero contrapoder contra la corrupción, el nepotismo y los abusos de algunos gobernantes.

No sólo los golpistas fueron castigados, también el ministro y la cúpula de Interior por su implicación en el terrorismo de Estado, los responsables de diversos casos de corrupción como Filesa, Gürtel, los ERE andaluces y otros muchos, y, más recientemente, los líderes independentistas del «procés». A la Justicia no le ha temblado el pulso cuando ha tenido que aplicar la ley.

Desde la aprobación de la Constitución, todos los partidos, desde la extrema derecha a los independentistas, han podido defender sus ideas gracias a las garantías legales de nuestro ordenamiento jurídico. Sólo hay una excepción: la ilegalización de Batasuna, el brazo político de ETA, tras la aprobación de la Ley de Partidos por iniciativa de Aznar en 2002.

A diferencia de ahora, todos los partidos se pusieron de acuerdo en un cordón sanitario para aislar a los terroristas que se plasmó en el Pacto de Ajuria Enea, firmado en 1988, al que se sumaron tanto el PP como el PNV. La derrota de ETA, forzada a abandonar las armas y disolverse, ha sido uno de los grandes éxitos de la democracia.

Pero el hito más importante de nuestra democracia, la culminación del proceso iniciado en la Transición, fue el ingreso de España en la Unión

Europea en 1986 tras un largo proceso de negociación. Los viejos complejos de una España autocrática, aislada del continente y al margen de las corrientes históricas de modernización, pasaron a mejor vida el día en el que Felipe González firmó el acta de adhesión. Desde entonces, España fue un país homologable a sus socios. Cinco años antes, España había entrado en la OTAN en medio de una polémica política que obligó al líder socialista a convocar una consulta en contra de sus promesas.

España siempre ha renacido de sus cenizas y, con Sánchez o sin él, saldremos adelante

El mercado interior se abrió a las inversiones extranjeras y en tan sólo tres o cuatro años las multinacionales europeas compraron masivamente empresas en los sectores de la alimentación, la electrónica, los bienes de equipo y la distribución. Las restricciones a la circulación de capitales quedaron abolidas y el peso en el PIB de los intercambios con el exterior se multiplicó. Ya en la década de los 80, se inició un proceso de concentración bancaria que todavía no ha terminado.

Resulta hoy evidente que, parafraseando a Alfonso Guerra, a España no le reconoce «ni la madre que la parió». El cambio social ha sido tan vertiginoso como profundo. El divorcio y el aborto son legales, el matrimonio homosexual fue equiparado al tradicional y ha sido aceptado por una amplia mayoría de los ciudadanos, los abusos contra las mujeres son castigados, muchos jóvenes se acogen al programa Erasmus para estudiar en otros países y, aunque sea anecdótico, ya no se puede fumar en bares o lugares de trabajo.

Pese al retroceso y los problemas generados por la pandemia, con un aumento sin precedentes de la crispación política, la democracia española ha construido un sistema de protección social que pasa por una sanidad universal, unas pensiones equitativas y solidarias y unas ayudas a los colectivos más desfavorecidos de las que también se benefician los inmigrantes. Y ello se ha hecho con un modelo político que, rompiendo con una tradición centralista, ha apostado por una descentralización que ha convertido a España en un Estado virtualmente federal.

La sociedad es abierta, tolerante y libre. Y, a pesar de los muchos obstáculos que se han superado desde 1975, de las crisis económicas y de las reivindicaciones nacionalistas, el país ha seguido progresando en el más estricto respeto a los derechos individuales. España es una nación con una calidad de vida que muchos envidian. La gastronomía, los paisajes, su patrimonio histórico, su herencia cultural y la extensión del castellano por el mundo son activos que no podemos desdeñar.

La única diferencia con nuestros vecinos es que España es el único país que se cuestiona su identidad y que está sumido en un permanente debate sobre su pasado, que va desde los símbolos a los nombres de las calles. Ni siquiera hay consenso sobre la fiesta nacional que se celebra mañana, que para un sector de la izquierda y el nacionalismo posee resonancias colonialistas.

Ya Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz se planteaban si somos una nación construida a partir de la herencia grecorromana y cristiana o si el islamismo y el judaísmo forman también parte de nuestro ADN. Ahora el independentismo catalán ha reabierto ese debate al asumir algunas de las falacias generadas por la Leyenda Negra.

El coronavirus ha demolido la confianza de muchos españoles en las instituciones, la economía ha entrado en recesión y el Estado ha sido incapaz de responder a las expectativas de los ciudadanos. Pero eso ya sucedió en otros momentos del pasado. Como el ave fénix, España siempre ha renacido de sus cenizas y es seguro, que, con Sánchez o sin él, saldremos adelante.

Fuente: Pedro García Cuartango: España no es diferente

*Pedro García Cuartango

◊◊◊

.