David López Royo Somos parte de un proyecto

David López Royo
David López Royo

"España es ante todo una nación, así lo recoge la propia Constitución así se recoge en el artículo 2 de nuestra Carta Magna"

"Somos los españoles los que tenemos la soberanía y, por tanto, el poder, éste nos pertenece porque somos los titulares del poder constituyente"

"Tenemos unas elecciones programadas para el 19 de junio en Andalucía, convendría que los andaluces, ciudadanos españoles, con muchísimo sentido común, recordaran a la hora de emitir su voto qué partidos buscan"

"Nuestro sentido común es el que reconoce que somos parte de un proyecto, es decir de España"

España es ante todo una nación, así lo recoge la propia Constitución así se recoge en el artículo 2 de nuestra Carta Magna.

Es inútil lo que algunas partes pretenden, saben que no pueden, el constituyente nos dejó marcado el camino tras años y años de historia. Una realidad histórica forjada con entrega y generosidad y con mucho sufrimiento.

La Constitución, por fin, nos daba otra gran oportunidad de ser un país que pudiera ser referente de un Estado social y democrático de Derecho, así quedó recogido en la Constitución en el artículo 1 “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”

El punto de partida y de llegada es claro, muy claro.

El Estado Social nos lleva a reconocer que el Estado interviene para asegurar y lograr que las personas que vivimos en España tendremos una serie de prestaciones que nos puedan garantizar una vida digna, al mismo tiempo que nos facilitara el espacio para un desarrollo personal, desde la libertad.

El Estado Democrático conlleva necesariamente pluralismo y participación de cada ciudadano español en el poder; ahí está la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

El Estado de Derecho implica una verdadera limitación del poder del Estado, ésta viene dada por el propio Derecho. Siendo más explícitos, cabría escribir, que los poderes públicos se deben a la Constitución y a las leyes, obligándose a garantizar la libertad de los ciudadanos. Por dejar esto más claro hay que decir con voz alta que el poder del Estado está sometido a la Constitución.

Los españoles tenemos un marco, un referente y un espejo en donde mirarnos. Tenemos un proyecto de nación que se vertebra a través de la Constitución. La Carta Magna es nuestro garante de libertad y no podemos ser tan pardillos de dejarnos arrastrar por quienes están intentando cambiar su texto ya que hacerlo sería el principio de autodestrucción de una nación con una trayectoria existencial que siempre ha tenido vocación universal.

Es muy conciso lo que la Constitución dice a los poderes del Estado, por esta razón el que trabaje, desde el Estado, por destruir a una nación que está dibujada con precisión en la Carta Magna está errando y terminará siendo apartado por el propio Estado de Derecho.

El Estado español se caracteriza por la soberanía popular, “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” (art. 1,2 CE). Somos los españoles los que tenemos la soberanía y, por tanto, el poder, éste nos pertenece porque somos los titulares del poder constituyente.

El Estado español se configura a través de la división de poderes, asegurada esta especificación en la existencia de una monarquía parlamentaria, “la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria” (art. 1.3 CE). Los poderes son el legislativo, el ejecutivo y el judicial.

La Corona está representada por el monarca. El poder legislativo por las Cortes Generales (Congreso y Senado). El poder ejecutivo se ejecuta por medio del Gobierno que tiene, entre otras misiones, la ejecución de leyes. El poder judicial que está configurado por jueces y tribunales de justicia que tienen que cumplir con la misión de la interpretación y la aplicación de las leyes cuando de manera concreta se las somete a una toma de decisión por su parte.

Tenemos que saber los ciudadanos españoles que existe un principio de legalidad por el cual los poderes, sí los poderes, están sometidos a lo que podemos denominar el imperio de la Ley. Esto viene dado porque es el resultado de la voluntad popular aportando seguridad jurídica a quienes formamos parte de la nación española y de esta manera podamos defender nuestros derechos e intereses en los Tribunales. “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos” (art. 9.3 CE).

Además, la propia Constitución nos introduce y reconoce los Derechos Fundamentales, lo hace en el Título I, que versa sobre los Derechos y Deberes Fundamentales. Así este Título en el Capítulo Primero nos habla de los españoles y extranjeros; en el Capítulo Segundo de los Derechos y Libertades, en la sección primera de este capítulo de los Derechos fundamentales y de las Libertades Públicas, en la sección segunda de los Derechos y Deberes fundamentales de los ciudadanos; en el Capítulo Tercero, de los Principios rectores de la política social y económica; en el Capítulo Cuarto de las Garantías de las Libertades y Derechos fundamentales y en el Capítulo Quinto de la Suspensión de los Derechos y Libertades.

Tememos que tener claro los españoles que existe un proyecto de nación y éste está recogido en la Constitución.

Atendiendo a este reconocimiento por parte de los españoles no se puede aceptar una interpretación que destruya este proyecto real de nación que votamos los españoles en un referéndum. La norma existe para cumplirla, por tanto, es la propia norma la que establece la manera de enriquecerla y cambiarla en aquellos puntos que sea necesario; pero existe un camino y éste está recogido en la Constitución en su Título X que trata sobre la Reforma Constitucional, los artículos 166,167,168 y 169 son muy explícitos.

Si los españoles tenemos como referencia lo escrito hasta este punto sabremos, cuando tengamos que emitir nuestro voto, a quién darlo. El sentido común del ciudadano, del que he escrito en mis últimos artículos en el Correo de Andalucía, se fundamenta en el conocimiento popular, por parte de los españoles, de que existe una nación a la que no podemos destruir porque esto supondría retroceder a los siglos en donde el conflicto era lo que marcaba la identidad de los territorios.

Nuestra Constitución nos aleja del conflicto y nos introduce en un proyecto que nos hace mirar al futuro con optimismo y confianza.

Tenemos unas elecciones programadas para el 19 de junio en Andalucía, convendría que los andaluces, ciudadanos españoles, con muchísimo sentido común, recordaran a la hora de emitir su voto qué partidos buscan, de verdad, construir una nación como la que viene reflejada en la Constitución. Hay que buscar y mirar al partido político que, ciertamente, reconozca todo lo que he escrito. Hay que huir de los populismos fáciles y de aquellos partidos que en una Comunidad Autónoma dicen que harán una cosa y en otra hacen lo contrario. Los populismos y los que venden discursos diferentes, según se hallen en un lugar o en otro, rompen los principios recogidos en la Constitución Española de 1978 y no debemos olvidar que somos parte de un proyecto porque existe una Carta Magna que nos facilita el marco legislativo, la acción ejecutiva y la dimensión judicial para existir como nación y al frente está la Corona, Título II de la Constitución.

Nuestro sentido común es el que reconoce que somos parte de un proyecto, es decir de España.

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