(JCR)La noticia del procesamiento de 40 militares del actual gobierno de Ruanda por parte del juez de la Audiencia Nacional Francisco Andreu ha refrescado en mi memoria mi todavía reciente viaje a este pequeño país centroafricano hace apenas dos meses. Ya escribí en un post anterior que nunca en mi vida me había encontrado con un lugar en el que las apariencias esconden una realidad de miedo, opresión y engaño. Me alegro de que el auto del juez español pueda servir para que, por fin, salgan a la luz hechos que todos han barrido bajo la alfombra durante muchos años.

Sobre Ruanda todo el mundo habla del “genocidio” en singular, el cometido por los hutus (soldados del antiguo presidente Habyarimana, bandas Interahamwe, y vecinos de barrios y colinas) contra la minoría tutsi en 1994. Pero en realidad allí ha habido dos genocidios. El otro, del que casi nadie habla, fue cometido de forma sistemática por el Frente Patriótico Ruandés (tutsis en el poder desde 1994) contra la mayoría hutu desde octubre de 1990, año en que sus miembros invadieron Ruanda desde la vecina Uganda, donde los miembros del FPR habían servido en el ejército de Museveni varios años. El auto el juez Andreu, muy bien documentado y con toda clase de detalles de fechas, lugares y circunstancias, habla de cuatro millones de muertos. De ser esto cierto, este “otro genocidio” superó en muertos y en crueldad al genocidio de 1994 del que todos hablan y en el que se apoya el actual gobierno de Paul Kagame como ideología de poder.

La exterminación de los hutus empezó con la invasión en 1990 y provocó el éxodo de más de un millón de personas hacia Kigali. Durante las matanzas de los extremistas hutus, el FPR continuó con matanzas indiscriminadas y a menudo llevó a periodistas a filmar fosas comunes y montañas de cadáveres para acusar a los Interahamwe, cuando en realidad eran campesinos que ellos mismos habían asesinado. Una vez tomado el poder, en julio de 1994, en Frente Patriótico continuó asesinando a miles de hutus que no habían podido huir al vecino Congo (entonces Zaire). Cuando, en 1996, los militares tutsis ruandeses invadieron los campos de refugiados en Goma y Bukavu, en Zaire, siguieron las matanzas. Asimismo, tomando como excusa las incursiones de los Interahamwe desde Zaire, los soldados tutsis arrasaron poblados enteros en zonas vecinas a la frontera, matando a más personas. Finalmente, durante la segunda invasión del Congo, en 1998, se culminó casi una década de exterminio sistemático. Para rematar el cinismo del gobierno de Kagame, tanto la fiscal general del tribunal internacional para juzgar crímenes de guerra en Ruanda, la suiza Carla del Ponte, como el relator especial de derechos humanos para Naciones Unidas, el chileno Roberto Garreton, vieron cómo todos sus esfuerzos para investigar estos delitos contra la humanidad se vieron bloqueados por el poderoso “lobby” tutsi presente en organismos internacionales.

Y es que, además, por motivos muy pragmáticos, el actual gobierno de Ruanda goza de todos los apoyos de países como Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. Y para colmo su presidente Paul Kagame –que es uno de los mayores criminales de guerra de África- recibe incluso premios internacionales a los derechos humanos, como ocurrió el año pasado cuando Ruanda abolió la pena de muerte (una pena que ha aplicado a mansalva durante más de una década).

Durante los nueve o diez días que estuve en Ruanda intenté viajar lo más que pude y hablar con mucha gente. Nunca he estado en un país en el que he palpado tanto miedo y en el que la gente tiene tantas reservas y deseos de permanecer en el anonimato. La belleza de sus valles y colinas y el orden de sus carreteras asfaltadas y sus ciudades limpias contrastan con la falta de libertad y la inmensa tristeza que uno respira por todas partes. No será porque la gente de a pie no tenga grandes deseos de reconciliarse y de vivir en paz con sus vecinos. En este caso hay que decir que tiene los dirigentes que no se merece, ya que están apuntalados en el poder por países extranjeros que tienen allí enormes intereses estratégicos y económicos.

Para un español, además, Ruanda es una tierra de mártires. La presencia de misioneros y cooperantes españoles se deja sentir en algunos de los lugares más pobres y abandonados de “el país de las mil colinas”. No en vano el auto del juez Andreu habla de españoles asesinados por militares del FPR: el padre blanco Joaquín Vallmajó, asesinado en 1994 por haber denunciado matanzas de hutus en el distrito norteño de Byumba, los cuatro hermanos maristas españoles asesinados por militares tutsis en Bukavu (Congo) en un campo de refugiados ruandeses a los que se negaron a abandonar, los tres cooperantes de Médicos del Mundo baleados por soldados tutsis en 1997 y el sacerdote guipuzcoano Isidro Uzcudun, asesinado un año después por soldados que entraron en su habitación.