La Comisión de Igualdad aborda el machismo y los abusos en una ronda de proposiciones El Congreso insta a reformar la Ley de Memoria para reconocer a las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer

Reformatorio de las Oblatas de Alaquàs en 1966
Reformatorio de las Oblatas de Alaquàs en 1966 Archivo personal de María Palau

A través de la proposición, Sumar insta al Gobierno a reformar la Ley de Memoria Democrática para reconocer como víctimas a las miles de jóvenes que fueron encerradas por el Patronato de Protección a la Mujer

La institución, gestionada por órdenes religiosas de monjas, fue creada en 1941 continuó activa hasta 1985

En la iniciativa, Sumar pide que el Defensor del Pueblo abra una investigación sobre los abusos que tuvieron lugar en estos centros en los que fueron recluidas contra su voluntad para "impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la religión católica"

La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados ha aprobado la proposición no de ley de Sumar por la que insta al Gobierno a reformar la Ley de Memoria Democrática para reconocer como víctimas a las miles de jóvenes que fueron encerradas por el Patronato de Protección a la Mujer, institución gestionada por órdenes religiosas de monjas, creada en 1941, y que continuó activa hasta 1985. Ha contado con el apoyo de Sumar, Podemos y ERC, el rechazo de Vox y la abstención de PSOE y PP.

En la iniciativa, Sumar pide que el Defensor del Pueblo abra una investigación sobre los abusos que tuvieron lugar en estos centros en los que fueron recluidas contra su voluntad para "impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la religión católica".

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Sumar también quiere que el Congreso condene la actuación del Patronato, manifieste su solidaridad con las víctimas y encomiende al Defensor del Pueblo que cree una comisión independiente con personas expertas para elaborar un informe de los abusos cometidos en su seno con el objetivo de "contribuir a la determinación de los hechos y responsabilidades". La idea es que remita sus conclusiones al Gobierno y a las Cortes para que adopten las medidas de reparación que se recojan en sus conclusiones.

El Patronato de Protección a la Mujer: adoctrinamiento moral durante el  franquismo

Hace catorce años que Consuelo García del Cid Guerra (Barcelona, 1958) investiga y denuncia la existencia de el Patronato. Fue víctima de esta institución franquista que entre 1941 y 1985 encerraba en centros regentados por congregaciones religiosas a jóvenes que no habían cometido ningún delito. "Excepto pensar por sí mismas o proceder de familias desfavorecidas, ser huérfanas o pobres", indicaba. En 2020 exigió "un perdón público".

El pasado 9 de junio, la Conferencia Española de Religiosos (Confer) de España celebró un acto de "reconocimiento y petición de perdón a las supervivientes del Patronato de Protección de la Mujer". Con esta proposición, es posible que también pueda recibir justicia, ella y todas las víctimas de la siniestra organización.

Por otro lado, en la comisión se ha aprobado la proposición no de ley del PSOE"para la erradicación del machismo que aún se practica en determinadas fiestas populares en España", con el apoyo del PSOE, ERC y Sumar, el rechazo de Vox y la abstención del PP.

En ella, los socialistas instan al Gobierno a "continuar su labor para la erradicación del carácter estructural de la cultura machista, elaborando un plan de acción específico para eliminar de las fiestas populares de nuestro país cualquier signo de machismo que excluya de la comunidad a la mitad de la población por el hecho de ser mujer, contribuyendo a erradicar definitivamente los roles de género y sexistas impuestos por tradición".

También se ha aprobado la proposición no de ley socialista sobre "el abordaje de la violencia de género que padecen las mujeres gitanas", que se ha aprobado con una enmienda del PP y ha contado con el apoyo de todos los grupos menos Vox.

En concreto, la iniciativa del PSOE solicita desarrollar medidas, en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que aborden la "especial problemática" de las mujeres gitanas. Entre otras, incluyen medidas dirigidas a fomentar acciones de sensibilización y prevención de la violencia de género dirigidas a toda la sociedad que incluyan, en los centros escolares con alumnado gitano, "actuaciones con una perspectiva intercultural con la que puedan sentirse identificados, evitando la confusión entre la cultura de la marginalidad y la realidad cultural gitana".

Asimismo, contempla avanzar en la formación de los distintos agentes "para garantizar la mejor respuesta asistencial y erradicar la indiferencia, la estereotipia y la mala praxis para con las mujeres gitanas". También prestar "especial atención" a los medios de comunicación, respecto de la imagen que transmiten de la mujer gitana frente a la desigualdad y la violencia de género, entre otras medidas.

En cuanto a la enmienda que se ha incorporado de los 'populares', en ella solicitan que se lleven a cabo estas medidas en colaboración con el movimiento asociativo gitano. También apuesta por "incrementar y fortalecer" las asociaciones de jóvenes y mujeres gitanas, con el objetivo de "mejorar su representatividad y reforzar su participación pública y social".

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Exige el cese de Ana Redondo

Por parte del PP, la comisión ha aprobado una proposición no de ley del PP por la que insta al Gobierno a cesar a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por la gestión de las pulseras telemáticas para maltratadores y pide una auditoría "urgente". En concreto, ha contado con el apoyo de Vox, la abstención de ERC y el rechazo de PSOE, Sumar y Podemos.

Igualmente, la proposición no de ley de ERC para prohibir el 'true crime'que no cuente con el consentimiento de víctima de violencia machista y vicaria, ha contado con los apoyos suficientes para salir adelante. Ha contado con el voto a favor de todos los grupos, menos Vox.

La iniciativa, impulsada por la diputada republicana Pilar Vallugera, busca garantizar que ningún contenido audiovisual, documental o serie de carácter 'true crime' pueda producirse o difundirse sin el consentimiento expreso de las víctimas o de sus familias. La proposición se ha aprobado con una transaccional de PP y Sumar que amplía otros tipos de materiales, además de las producciones audiovisuales.

En este sentido, insta al Gobierno a impulsar las reformas normativas necesarias para "impedir la producción, difusión o reproducción de contenidos que atenten contra el honor, la intimidad o la dignidad de las víctimas de violencia machista y vicaria", así como para "prohibir la participación de personas condenadas por estos delitos en dichas producciones, salvo que exista consentimiento expreso de las víctimas o de sus familiares".

Precisamente, el Consejo de Ministros aprobó recientemente el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, que contempla la "prohibición de publicar o difundir mensajes, textos, imágenes u otros contenidos que tengan relación directa con el delito cometido".

Finalmente, la comisión ha rechazado la iniciativa de Vox para promover la derogación Trans, con el PSOE y socios en contra y la abstención del PP. Tampoco ha dado luz verde a la proposición no de ley de los 'populares' relativa a la puesta en marcha de un plan de ayudas para favorecer la incorporación de las mujeres al mercado laboral tras una excedencia por cuidado de hijos. Esta ha contado con los votos a favor del PP, el rechazo de PSOE y Sumar y la abstención de Vox, Podemos y ERC.

El Congreso insta a modificar la Ley de Memoria para reconocer a las  afectadas por el Patronato de Protección a la Mujer | Demócrata

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