En esta polémica, la Iglesia española ha entrado de lleno, como continuación a una preocupación ya manifestada reiteradamente de la Conferencia Episcopal sobre la imposición gubernamental de un «laicismo» que va más allá o, sencillamente, contradice la aconfesionalidad del Estado. Pero los modos en los que se ha mostrado la oposición de la Iglesia a la asignatura son dispares.

Unos, como el cardenal Rouco, desde un serio punta de vista jurídico, o monseñor Blázquez, más a pie de tierra, han defendido la libertad de los padres a elegir una educación basada en los valores cristianos que no sería compatible con el curioso guiso de «ropa vieja» de los presupuestos de la asignatura oficial.

Aunque a la Iglesia española le falte un punto de habilidad (estos días se recordaba, por ejemplo, la diplomacia desplegada por el cardenal Lustiger, el trato personal y la discusión intelectual con los políticos franceses en sus muchas discrepancias en materia educativa), no hay nada que oponer a esas protestas. De hecho, aunque a mucho progresista inculto sorprenda, no se trata de la defensa de «un derecho de la Iglesia», sino de una concepción moderna en la que el cristianismo ha tenido un papel histórico importante, como ha estudiado Marcel Gauchet: el paso de la heteronomía -la razón determinada por algo ajeno- a la autonomía personal.

El problema estriba, sin embargo, en otras propuestas, que parecen encarnarse en el cardenal Cañizares: querer que los ciudadanos católicos y sus organizaciones educativas se opongan a la asignatura de un modo que la propia Iglesia no quiere adoptar, con una contundencia que eluda una cierta capacidad de negociación para que esta enseñanza, sin incumplir la ley, no desborde los criterios de libertad de elección y el sentido común. Está por ver, en este escenario, la voluntad de los poderes públicos, que son los que se han inventado el «ciudadano» conveniente, pero no por ello puede considerarse el intento como un abandono de principios hasta convertirse en algo manipulable o «instrumentalizable».

El cardenal Cañizares, en una carta pastoral del pasado mayo, reclama la reacción de los católicos, plantea tácitamente como conveniente la objeción de conciencia, y añade que las escuelas de su diócesis tienen la obligación de ofrecer esa asignatura por imperativo legal aunque busquen los medios para no traicionar el ideario. La paradoja del obispo pidiendo objetar lo que el obispo avala en sus centros es el problema.

Si la Iglesia fuera realmente independiente económicamente del Estado, si los católicos hubieran apostado por un sistema educativo igualmente independiente, basado en el cheque escolar o en la desgravación fiscal y no en la concertación, quizá el cardenal no tendría que colocar delante y contra la ley a sus fieles para quedarse él detrás cumpliéndola.

German Yankee (Abc)