Al cumplirse seis años de la trágica noche de Iguala, los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos tienen de nuevo otra rendición de cuentas de las instancias oficiales para saber qué pasó y dónde están sus hijos. En Palacio Nacional y frente al presidente de la República, los familiares de los estudiantes escucharon lo que siempre se supuso, ahora confirmado por el Fiscal General, el encargado de la unidad especial de investigación y el subsecretario de Derechos Humanos quienes aportaron elementos por los que se infiere la comisión de delitos y de complicidades para ocultar y establecer el pacto de silencio escalando a niveles escandalosos de corrupción.

Quizá detallar la serie de responsabilidades de los funcionarios y hacer pública la detención de 80 implicados genera un nuevo paradigma en el derrumbamiento de la verdad histórica; sin embargo, aunque también se apuntó hacia la presunta participación de las fuerzas armadas, no existen aún detenidos de gran calibre, los pesos pesados a quienes se les podría imputar la responsabilidad directa de los hechos trágicos de Iguala, ellos aún están libres. El Fiscal General haría una conclusión que parecería apabullante, pero nada novedosa, cantada con la misma clave que agrada a los oídos presidenciales: “La esencia de este caso está alojada en el origen mismo de la corrupción, de un sistema que no puede, ni debe prevalecer y eso lo estamos demostrando”.

Sin embargo, el tono, un tanto triunfal de las autoridades, fue matizado por la representación de los padres de familia de los estudiantes. María Martínez Ceferino, fue el contraste entre todos esos discursos que pretendieron la demolición de la verdad histórica del antiguo fiscal: “No tenemos nada”, diría la madre quien puso los acentos faltantes en un discurso que parecía desviar el cometido fundamental que era el anhelo de los padres y madres reunidos. Aun cuando reconoció la humanidad y cercanía del presidente de México, a diferencia de sus antecesores, María Martínez no dejó de lado la exigencia: “Sí necesitamos pedirle que apriete un poquito más. Nosotros queríamos llegar al 26 con algo más…” Al final de su intervención, la entrega de telas bordadas con la leyenda “Por los 43 y miles más, no nos fallen” fueron el recordatorio que las familias pusieron en manos de cada uno de los funcionarios en el presídium. La gravedad y quizá hasta resistencia del presidente de México al extender el bordado era expresión de lo que representa el caso: el temor quizá al compromiso de no cumplir, de fallar para llegar al punto medular, de jamás conocer por qué desaparecieron, de no saber dónde están…

En octubre de 2014, los obispos de México, a través de un comunicado sobre los acontecimientos de Iguala, afirmaron un resumen perfecto de lo expresado a seis años de esa noche trágica. Era la preocupación del Episcopado “por toda forma de violencia, corrupción, actividad ilícita, nexos con el crimen organizado e impunidad”, además de hacer un llamado urgente a las “autoridades a redoblar esfuerzos para encontrar a los estudiantes desaparecidos, sancionar a los culpables y hacer prevalecer el estado de derecho, a fin de garantizar la seguridad y una vida digna a todos los mexicanos y mexicanas”.

A seis años, efectivamente, falta apretar mucho. Existen deudas y la pregunta fundamental está sin respuestas. Lo que se sabía, ahora se oficializa: Que las indagatorias y el caso mismo tuvieron un sustrato de corrupción. Sabido esto, ahora viene lo ineludible. Desmontada la verdad histórica ahora debe llegarse a la verdad a secas por la cual los padres aguardan sin elongados argumentos. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.