Vaya por delante, porque ya lo hemos comentado en esta bitácora, que votar una reprobación al Papa de Roma en el Parlamento español me parece un contrasentido. Bastantes problemas tenemos en el país como para que nuestras señorías -que, por cierto, deberían audir con más asiduidad al Congreso de los Diputados- pierdan el tiempo tratando de tapar el sol con un dedo o preguntándose por el sexo de los ángeles. Benedicto XVI, además de Papa, es un Jefe de Estado, con unos acuerdos internacionales de colaboración firmados con España. La propuesta de ICV, en ese sentido -estando o no de acuerdo con lo que dijo, o con lo que supusieron que dijo, el Santo Padre-, no deja de ser un brindis al sol. Lo curioso (y preocupante) ha sido la reacción furibunda y, en mi opinión, desproporcionada, del Comité Ejecutivo del Episcopado. Que, una vez más, juega a ser más papista que el Papa (lean si no las mesuradas declaraciones del portavoz de la Santa Sede, padre Lombardi).

Y, para poner la puntilla, el siempre inefable Martínez Camino se fue a la Cope a decir, ni más ni menos, "que la Iglesia no sea fiscalizada ni controlada por el Estado". Estamos atizando un supuesto fuego que no existe, volviendo a recuperar el espíritu de la persecución... y olvidando la justa reciprocidad. ¿Qué responderá el Gobierno a Camino cuando la semana que viene, durante la rueda de prensa final de la Permanente, anime a los católicos a protestar contra las leyes injustas, incluso acudiendo a manifestaciones contra el Aborto? "Que el Estado no sea fiscalizado ni controlado por la Iglesia". Y un tratado de elegancia, o un viaje a Roma. Tal vez por eso Navarro Valls venga a impartir un curso de comunicación a nuestros obispos.

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