Por desgracia para nuestra democracia, Franco sigue marcando la agenda. 43 años después de su muerte, el debate sobre la figura del dictador continúa haciendo asomar las dos Españas. Su probable salida del Valle de los Caídos y el futuro destino de sus restos ha vuelto a desatar la polémica, y puesto, de nuevo, a la Iglesia católica en una difícil tesitura: ¿puede la Iglesia prohibir el entierro del dictador en la cripta de La Almudena? La respuesta, por desgracia, es clara: no.

El cardenal Osoro tiene un grave problema entre sus manos, que no ha buscado y que no le gusta. El arzobispo de Madrid, cuyo papel -no lo olvidemos- ha sido clave para que la Iglesia dejara de ser un actor de parte en la exhumación de la momia del dictador de Cuelgamuros, es la principal víctima de la estrategia, perfectamente calculada, de la familia Franco, para poner en un brete a los obispos 'tibios' y a un Gobierno que, por fin, parece querer cumplir con la Ley de Memoria Histórica.

El problema lo tiene Osoro, que no puede negarse la sepultura de Franco en la cripta. La tumba es propiedad de la familia y, por fortuna, la Iglesia en nuestro país ya no tiene capacidad para juzgar y condenar, en el ámbito civil, a nadie (ojalá se acaben pronto, también, los juicios sumarísimos en el ámbito canónico, especialmente a los religiosos y teólogos 'díscolos'). El arzobispo tampoco puede argumentar posibles turbas o escándalos por parte de quienes intenten convertir la cripta en un nuevo mauseleo: no es tarea de la Iglesia las actuaciones preventivas en relación con la seguridad (por otro lado, muy propias de otros regímenes no democráticos). El obispo tiene las manos atadas. Pero no el Gobierno.

Así, tal vez deberíamos dirigir nuestros deseos al Ejecutivo socialista, o a la Fiscalía General del Estado, quienes sí pueden observar posibles incumplimientos de la Ley de Memoria Histórica en la inhumación de Franco en la cripta de La Almudena. Y es que éste no es un problema religioso, como se ha hartado de decir el cardenal de Madrid, sino una cuestión política. Porque el Gobierno, pero también la familia, están haciendo política con todo esto.

Y, también, un posible problema legal. La Ley de Memoria Histórica prohíbe cualquier exaltación a la dictadura en espacios públicos o de relevancia pública y, sin lugar a dudas, la cripta de La Almudena lo es. Llegados a este punto, si de verdad los nostálgicos del régimen pueden hacer del templo un lugar de peregrinación franquista, es la Justicia, y a través de la Fiscalía General del Estado, el Gobierno, quien impida que, una vez sacado del Valle, Franco pueda ser enterrado en La Almudena. Osoro tiene las manos atadas, pero no el Gobierno. Ahí está la solución al conflicto. Y a fe que el arzobispo de Madrid estaría agradecido si alguien le sacara de esa ecuación, que tanto nos recuerda al histórico vínculo entre Iglesia y Dictadura.