Leo en El País del viernes, 13 de Julio, la información firmada por Juan G. Bedoya bajo el título “Los Obispos llaman a cerrar filas”, a propósito de las posiciones de éstos en el ámbito de la enseñanza en general, y de la enseñanza religiosa y moral, en particular. A mi juicio la noticia está bien construida, de manera que el lector puede entender las pretensiones y razones de la Conferencia Episcopal Española en el tema. Dentro de la narración, que ocupa la página 33 del diario, aparece en negrita una reflexión sobre la noticia, “Añoranzas del florido pensil”, no sé si del mismo autor, supongo que sí, donde se hace una interpretación del conjunto. No soy periodista e ignoro si esto es lo habitual, diferenciando la noticia de su comentario. Pero esa interpretación sí que me parece exagerada, porque mezcla hechos ciertos sobre la Iglesia, valoración crítica de esos hechos, lo cual es normal, y denuncia de intenciones. A mi me parece peligroso, y equivocado, que al informar y comentar una noticia, la que sea, se entre en la descripción de las intenciones ocultas que mueven a las partes o no se fijen bien los hechos. Por ejemplo, la Iglesia... “quitándole al Estado derecho alguno para intervenir en la educación”. Yo creo que no así, sino “derecho en cuanto a la educación moral”, por entender que la formación moral es cosa de la sociedad civil. Ésta es la discusión. O por ejemplo, “Los Obispos no se oponen a la asignatura de EpC. Se oponen a que no sean ellos los encargados de seleccionar a los profesores que la impartan...”. No es serio decir esto. Se oponen a que el Estado desarrolle una asignatura de EpC que ellos entienden que es “educación moral” y “transmisión de una ideología global laicista”. Se puede discutir todo esto y las razones de esta concepción; y se puede valorar política y culturalmente cada una de las posiciones, pero hay que referirse a lo que está en juego: ¿puede o no el Estado Democrático impulsar una asignatura de EpC, obligatoria para todos, y con inevitables contenidos morales? Pues, a mi juicio, teniendo en cuenta el artículo 27 de la Constitución, en sus apartados 2 y 3, y ateniéndonos a un proceso de participación rigurosa de la sociedad civil, y de la Iglesia en ella, la respuesta puede ser afirmativa. ¿Está la Iglesia queriendo reservarse el monopolio de la formación moral en nuestra sociedad? Ella dice que no; que la educación moral es cosa de toda la sociedad civil. ¿De hecho, lo cumple? De esto es de lo que habría que hablar y debatir, y las intenciones de cada grupo de presión, mejor tratarlas aparte y como tales. Es mi propuesta.