Una de las maneras más simples de mantener a una sociedad alejada de la realidad, discutiendo sobre principios e interpretaciones rebuscadas es presentando informes o imponiendo leyes o reglamentos que tienen, a primera vista, los encantos de un espejismo: es algo bello y apetecible, pero, no existe. La instrumentalización de la opinión pública libre es uno de los mayores peligros que acechan a las sociedades democráticas, máxime cuando se quiere imponer una verdad única, penalizada de diversas formas cuando asoma la disensión u opinión divergente. Las esferas del poder invisible son muy importantes, gracias a ellas, el poder controla o pretende hacerlo a todo poder económico, ideológico, social o religioso.

El poder tiene una enorme capacidad para ocultar la verdad, para hacer aparecer lo que no es (simulación) y para no hacer aparecer lo que es (disimulo). Esta situación se agrava cuando la democracia se reduce a lo que los entendidos llaman “democracia de audiencia”: se instrumentalizan los medios de comunicación para que no llegue sino la “información oficial” que es la única que tiene derecho a reclamar para sí la verdad. Los otros, son acusados siempre de algo: traidores, vendepatrias, enemigos, privilegiados que sólo piensan en sus riquezas y bienestar.

Lo que se vive entonces es la degradación de la ciudadanía. Si una sociedad no es más democrática, mejor informada y más libre corremos hacia el abismo de sociedades sometidas, eunucas, anémicas de ilusiones y esperanzas. Gracias a las nuevas tecnologías, esas sociedades despiertan, como lo estamos viendo en varios países de la esfera islámica, hartos de sometimiento y vejaciones por líderes carismáticos que viven paradisíacamente, apareciendo ante los demás como austeros hombres públicos.

Las discusiones sobre el informe de los derechos humanos en Venezuela y el Reglamento sobre los motorizados son un claro espejo de lo que venimos diciendo. Verdades, normas y principios muy bellos, que nadie puede negar, pero divorciados de la realidad. De qué vale decir que tenemos la mejor legislación sobre derechos como la vida, cuando a diario mueren asesinados decenas de personas. Para qué hablar de la garantía de educación y vivienda digna si el déficit numérico y de calidad es enorme. Para qué legislar “contra” los motorizados, convertidos ahora en los chivos expiatorios del mal tráfico, si el problema está en otra parte.

Un hombre que tiene una moto y carga en ella a su mujer y a dos hijos, no lo hace por acrobacia o lucimiento. Sencillamente no tiene para comprarse un carro o para pagar un deficiente servicio público.
Es verdad que los motorizados andan como una exhalación, se meten por todas partes y generan accidentes; pero, los conductores de vehículos son acaso unos angelitos que no infringen ninguna norma. Y, los peatones, que padecen los embates de uno y otro, son sólo víctimas...

Hay que otorgarle otro sentido a lo público, escenario común donde se realiza la ciudadanía. Debemos lograr todos más “democompetencia”, lo que supone tener más formación cívica y política, aunque nos la quieran arrancar o mediatizar. Se pretende sustituir al ciudadano exigente por el consumidor insatisfecho. Y entonces, se le regala todo, por supuesto con los reales de todos: se subsidia lo que no se debe subsidiar, se regala dinero bajo la figura de créditos que ni se supervisan ni se cobran; se obsequian todo tipo de aparatos chinos o vietnamitas que al poco tiempo son chatarra…
Dejémonos de leguleyismos, de discusiones inútiles sobre reglamentaciones que sólo sirven para ufanarnos de lo que no somos, porque “la ley se acata, pero no se cumple” porque está pensada para repúblicas aéreas.

Mons. Baltazar Enrique Porras Cardozo