Editorial Centro Católico Multimedial / La semana que termina fue de incertidumbre y desestabilización cuando millones de mexicanos han quedado varados por la falta de combustibles para la realización de sus actividades ordinarias. Por suspensiones temporales, el abasto intermitente de gasolina en diferentes Estados del país generó las más diversas y hasta inverosímiles afirmaciones sobre las causas reales del desabasto. La realidad parece destapar lo más grave y corrupto venido a más por lo menos en casi dos décadas cuando el robo de hidrocarburos convirtió en el negocio capaz de tambalear al estado de derecho.

Diversas circunstancias convergen para llegar a la situación la cual no parece remediarse en un plazo inmediato. De acuerdo con la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos, la estrategia para combatir el robo de hidrocarburos comprende un llamado “ajuste logístico” por el cierre de los poliductos que, a lo largo y ancho del país, fueron dañados por la ordeña del llamado huachicol. No obstante, aseguran las autoridades, hay gasolina suficiente para el consumo interno.

Si bien este problema tiene años, creció de forma desmesurada en el sexenio de Felipe Calderón acentuándose en la pasada administración priísta, la de Enrique Peña Nieto. Los especialistas coinciden en afirmar que los cárteles de las drogas diversificaron sus acciones ilícitas hacia el lucrativo negocio del combustible robado. En noviembre pasado, una opinión del Instituto Español de Estudios Estratégicos señaló que la guerra contra el narco había debilitado la capacidad económica y de organización de los grupos delincuenciales por lo que pusieron los ojos en el robo de combustible. “La prueba de que se ha convertido en un negocio muy lucrativo es que a partir de 2012 el número de tomas clandestinas detectadas se ha ido duplicando y triplicando con el paso de los años, sin saber con seguridad cuantas más siguen estando operativas… El cártel de los Zetas domina el 38,88 % del mercado, mientras que en segundo lugar el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) cuenta con una cuota del 21,39 %”.

Otro factor que desató este grave problema fue la misma reforma energética impulsada en el sexenio 2012-2018. La liberación y constantes aumentos en los precios de los combustibles abrieron este mercado negro y su oferta se extendió por diversos puntos de la geografía nacional tomado de la mano de la cruel violencia. A lo anterior se suma la corrupción de los funcionarios de las instituciones públicas, huachicoleros de “cuello blanco, sirviendo al crimen; los rezagos en la capacidad de refinación de gasolinas, la gran dependencia del extranjero y la falta de experiencia en la contratación de servicios de suministración de combustibles. En medio, la gente de las comunidades rurales, los que sirven de carne de cañón para enfrentarse al Ejército, servir de escudos humanos, y ser las víctimas impunes de las tremendas explosiones por el saqueo de ductos.

La estrategia aplicada fue mal planteada al punto de que la ciudadanía no tuvo elementos suficientes para ponderar las medidas; sin embargo, al presidente le “han colmado el plato” y está resuelto a terminar con esa cadena de corrupción que implica pérdidas por más de 60 mil millones de pesos al año.

Quedan pendientes más interrogantes. ¿Hasta dónde llega la corrupción? ¿Quiénes son los peces gordos, líderes y huachicoleros de cuello blanco que hacen tambalear al estado de derecho? Afrontar el robo de combustibles es una apuesta política que puede costar mucho al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y para la población, los daños pueden ser muy elevados para pasar la factura en la siguiente elección.