Tras la puesta en libertad de dos líderes de Sendero Lumnoso Los obispos peruanos denuncian que las heridas del terrorismo "todavía no se han curado"
(J. B./Agencias)- Las heridas causadas por el terrorismo "todavía no se han curado ni resarcido" en Perú, según ha denunciado la Conferencia Episcopal del país, en respuesta a la liberación de dos líderes de Sendero Luminoso, que pasarán el resto de la condena bajo arresto domiciliario.
En un comunicado, los obispos afirman que "el dolor y el rechazo que dejó la violencia terrorista en el Perú son aún muy intensos, como se puede verificar en la repulsa y la indignación de la población ante la variación de la condición jurídica de algunos miembros de la cúpula senderista".
El pasado viernes, los líderes de Sendero Luminoso Osmán Morote y Margot Liendo, salieron de la cárcel tras cumplir sus condenas por terrorismo mientras son procesados, bajo arresto domiciliario, por otro atentado perpetrado en Lima en 1992.
En medio del rechazo generalizado que causó la decisión judicial, el ministro del Interior, Mauro Medina, afirmó que la Policía "se vio obligada" a cumplir la resolución, mientras que el titular de Justicia, Salvador Heresi, expresó su repudio al fallo.
En este sentido, la CEP resaltó que "es obligación del Estado garantizar al pueblo peruano la integridad de la vida, el bien común y la paz social" y que de esa responsabilidad "ningún poder del Estado puede excluirse".
Así, los obispos recordaron que el país "fue herido gravemente por las acciones de violencia y terrorismo que destruyeron vidas, familias, comunidades enteras" y "sometieron al miedo, al borde del colapso y la ruina, cuyas secuelas de todo orden todavía no se han curado ni resarcido".
En ese sentido, el Episcopado defendió que "el derecho a una justicia proporcional al daño causado es fundamental, pero también lo es el respeto a la ley", pero se preguntó "¿estas personas que han seguido este camino equivocado, han pedido perdón por ello, han mostrado arrepentimiento sincero?".
La CEP subrayó que el Estado de derecho en el país, "posiblemente imperfecto y criticable, debe ser defendido por toda la sociedad", por lo que rechazó "los esfuerzos de algunos grupos que siguen promoviendo ideologías que justifican o promueven el terrorismo y/o sus métodos".
"Cabe preguntarnos: ¿El Estado ha cumplido su rol de garantizar a nuestro pueblo la integridad de la vida, el bien común y la construcción de una sociedad que mira el futuro con paz y justicia?", agregó.
A pesar de haber cumplido sus condenas de veinticinco años de cárcel por terrorismo, Morote y Liendo continuaban en prisión como medida preventiva mientras son enjuiciados por otras acciones de Sendero Luminoso, como el atentado de Tarata, de 1992, donde un coche bomba mató a 25 personas en el distrito limeño de Miraflores.
