La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha anunciado esta mañana la composición del Comité de Expertos que en los próximos seis meses estudiará la reforma de la ley del aborto y que estará integrado principalmente por expertos en Obstetricia y Ginecología, y en Derecho Penal. Sus conclusiones se sumarán a los trabajos de la subcomisión del Congreso que redactará la norma. Según Aído, el texto resultante será una "nueva ley", la "mejor posible", porque incorporará "lo más destacado del panorama internacional". La noticia nos la adelanta El País. Y entre las muchas cosas que uno no entiende de todo esto es el por qué ha de ser Aído la que anuncie esta iniciativa. ¿No habría de ser Sanidad, digo yo? Cosas veredes.

Antes de que nadie saque las hogueras a pasear, lo volveremos a dejar claro: desde aquí, ya lo saben, siempre hemos estado en contra del aborto, que nos parece, en toda circunstancia, en fracaso de la sociedad. Otra cosa es que no se nos ocurra condenar a la hoguera a las mujeres que abortan. Pero también que nos encantaría vivir en una sociedad donde el don de la vida fuera el más preciado, en todos y cada uno de los casos.

La titular de Igualdad, prosigue la noticia, ha subrayado que la nueva norma garantizará, no sólo la seguridad jurídica de mujeres y médicos, sino también la equidad territorial para evitar que haya diferencias en la aplicación de la futura ley según la comunidad autónoma en la que se viva.

Entre los miembros del citado Comité de Expertos, que trabajarán junto a altos cargos de los ministerios de Igualdad, Justicia y Sanidad, figuran la ginecóloga Elena Arnedo y la directora general de Responsabilidad Social Corporativa del Gobierno balear, María Durán, ex presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. Quien no estará en el Comité de Expertos será la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI). Sólo faltaba.

Además de Arnedo y Durán, figuran, según fuentes consultadas por El País, Javier Martínez Salmeán, jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Severo Ochoa de Madrid; José Luis González Cussac, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Jaime I de Castellón; Patricia Laurenzo Capello, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de La Laguna; Consuelo Català, ex presidenta de ACAI y diputada socialista en las Cortes Valencianas; Francisco Donat Colomer, catedrático de Escuela Universitaria, departamento de Enfermería, de la Universidad de Valencia; y José María Bedoya Bergua, catedrático de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Sevilla.

En España el aborto está despenalizado sólo en tres supuestos: violación (hasta las 12 semanas), malformación fetal (hasta las 22) y grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre (sin plazo). Una ley de plazos implicaría que la mujer pudiera abortar sin acogerse a ninguno de estos tres supuestos hasta una determinada semana de gestación. Algo que, para algunos sectores, chocaría con la Constitución porque, aseguran, los derechos de la mujer prevalecerían sobre los que, teóricamente, tienen los no nacidos.

Por su parte, tal y como nos cuenta ABC, las asociaciones pro vida se han mostrado indignadas ante lo que consideran "una pantomima". Saben que el Gobierno no les dejará hablar. Que sus opiniones no serán tenidas en cuenta por el famoso Comité de Expertos, cuya composición anunciará hoy Bibiana Aído, ni por la subcomisión del Congreso.

Que volverán a ser silenciados en lo que Manuel Cruz, director de la Fundación Vida, define como «una pantomima porque Zapatero tiene muy claro lo que quiere: dar más libertad para abortar para que se acabe convirtiendo en un anticonceptivo más». Y añade: «El Gobierno quiere convertir un asunto tan serio como es el aborto en un nuevo numerito de sacar conejos de la chistera para apartar la atención de los malos datos económicos». Por su parte, la Asociación de Víctimas del Aborto (AVA) se ofrece «para explicar en la subcomisión todos los trastornos vinculados con un aborto provocado». Mientras que desde la Asociación Unidos por la Vida se propone una solución mejor que el aborto: «Reformar la ley de adopción».

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