El magistrado de la Audiencia Nacional,y por sus propios méritos juez más famoso de España, Baltasar Garzón, ha solicitado a varios Ayuntamientos, la Universidad de Granada, la Abadía del Valle de los Caídos y la Conferencia Episcopal la apertura de los archivos estatales, municipales y parroquiales para la investigación sobre las víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista. Frente a lo que pudiera parecer, la orden de Garzón no utiliza la Ley de la Memoria Histórica, sino los propios fallos de ésta, para realizar su requerimiento. Todo ello para decidir si se declara o no competente en este asunto (contra el criterio de la Fiscalía, todo hay que decirlo). Muy bien. Pero al tema: ¿Qué debería hacer la Conferencia Episcopal ante dicho requerimiento?

Seremos breves. Antes que nada, y como bien han comentado responsables episcopales, esperar a que la orden sea oficial. A día de hoy, no ha llegado comunicado alguno a la Casa de la Iglesia. En cuanto llegue, varias cosas. En primer lugar, emitir un comunicado en el que el Episcopado manifieste -por si a alguien le cupiera alguna duda- su intención de colaborar con el Poder Judicial, en todo caso y condición. No sólo en lo relativo a la Guerra Civil o el Franquismo.

En segundo término, "dirigir" a Garzón hacia dónde tiene que ir. Porque la Conferencia Episcopal no es la "central" de la Iglesia española. Si el magistrado quiere que se le abran las puertas de los archivos parroquiales, habría de dirigirse directamente a todas y cada una de las parroquias o, en su defecto, a cada uno de los Obispados. La CEE no es nadie para obligar a una diócesis o una parroquia a abrir o cerrar puertas. Es el Obispo.

Finalmente, y siempre dejando clara la intención de colaborar con la Justicia, indicar que los archivos parroquiales se limitan a consignar los datos referidos con la vida religiosa de cada cristiano: nacimiento (por el bautismo), Primera Comunión, Matrimonio, Decesos (por los funerales)... pero en ningún caso el motivo del fallecimiento. Y menos aún en fosas comunes. Las parroquias no son el CSI de Grissom, creo yo. Y, si en algún caso se ha consignado de forma pública la razón de su fallecimiento, ha sido en los casos de los denominados "caídos por Dios y por España". Jamás por "muertos por el Franquismo".

Naturalmente, los obispos pueden hacer lo que les venga en gana. Si me aceptan el consejo, una nota con estos puntos haría mucho bien, y evitaría posibles ataques hacia un supuesto "oscurantismo" de la Iglesia y tal y tal...

Ya conocen mi opinión sobre la Memoria Histórica. Todo ciudadano tiene derecho a conocer qué ha pasado con sus antepasados, a enterrar a sus muertos, a reclamar justicia. Eso sí: jamás a costa de reabrir heridas o fomentar el odio. Y, por favor: que las iniciativas que se tomen, además, sean realistas y no meros brindis al sol. Que, en el fondo, es lo que parece el citado requerimiento. Al tiempo.

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