Por un Mundo Más Justo


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Programa electoral del partido M+J:


SÍNTESIS PROGRAMA ELECTORAL
ELECCIONES MUNICIPALES 2011
INTRODUCCIÓN
1. SOCIEDAD INCLUYENTE
1.1 ELIMINANDO LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
1.2 HACIA UNA SOCIEDAD INTERCULTURAL
1.3 SERVICIOS SOCIALES

2. DERECHOS SOCIALES
2.1. EMPLEO
2.2. VIVIENDA
2.3. EDUCACIÓN
2.4. SANIDAD

3. TEJIDO SOCIAL
3.1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
3.2. COMUNICANDO CON TRANSPARENCIA
3.3 ECONOMÍA SOCIAL

4. ESPACIO URBANO INTEGRADOR, PÚBLICO Y SOSTENIBLE
4.1. ORDENACIÓN INCLUSIVA DEL TERRITORIO.
4.2. RECUPERAR EL ESPACIO PÚBLICO.
4.3. SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL.

5. CIUDAD ABIERTA AL MUNDO.
5.1. CONSUMO RESPONSABLE
5.2. CODESARROLLO
5.3. COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA


INTRODUCCIÓN

Desde el partido político Por Un Mundo Más Justo (M+J), partimos de la base de que todos los seres humanos son iguales en dignidad y, por tanto, deben tener acceso a una serie de derechos fundamentales. Anteponemos las personas a los beneficios económicos, situando la economía al servicio del desarrollo humano y priorizando la consecución de los derechos humanos como estrategia social, ya que sólo así se podrán sentar las bases de una sociedad cohesionada. Este posicionamiento, que puede parecer utópico, debiera ser el punto de arranque de cualquier propuesta política en nuestro país pues, en realidad, por revolucionario que parezca, se trata de una exigencia recogida en la Constitución Española. Así, nuestra norma fundamental, en su artículo 10, recoge tanto que el respeto a la dignidad de la persona es el fundamento del orden político y de la paz social como que la propia redacción de la Constitución está en conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El M+J tiene por misión conseguir las transformaciones estructurales necesarias para que todos los habitantes del mundo ejerzan su derecho a vivir con dignidad. Dicho de otro modo, pretendemos un cambio en el actual equilibrio de poder que permita el desarrollo de las personas desde el pleno respeto del derecho nacional e internacional. Ahora bien, este objetivo genérico, para cualquier nivel de intervención, debe concretarse para el ámbito municipal. Si, desde un enfoque global, tratamos de situarnos en el lugar de los más desfavorecidos de la Tierra, desde un enfoque local serán los excluidos de nuestras propias ciudades los principales beneficiarios de las propuestas políticas del M+J. Por supuesto, sin perder de vista las relaciones que los municipios españoles, y las personas que los habitan, mantienen con el exterior, y teniendo muy presente la posibilidad que tienen los ayuntamientos de aportar más que un granito de arena a la construcción de un mundo más justo.

Diseñar políticas municipales que pongan en el centro los intereses de los más desfavorecidos conlleva conocer en profundidad el margen de acción con el que se cuenta. A la hora de elaborar nuestras propuestas de actuación hemos tenido muy presentes la Constitución Española, la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y la Ley Reguladora de las Haciendas Locales donde se establecen las competencias municipales.

Conocido nuestro planteamiento de partida, el objetivo específico de cara a unas elecciones municipales, y el marco legal donde se establecen las competencias de los ayuntamientos, sólo nos queda, en esta introducción, establecer el guión que vamos a desarrollar y la lógica interna que tendrá el presente programa electoral.

Quienes formamos parte del partido político Por Un Mundo Más Justo (M+J) no nos sentimos culpables pero sí personas responsables que deben afrontar las situaciones de exclusión social que se viven en nuestras ciudades.

Somos conscientes de que todos los ciudadanos debemos arrimar el hombro si queremos construir una sociedad incluyente. Para poder convivir en nuestros municipios, que son cada vez más plurales, tenemos la obligación de respetar al otro, considerando las diferencias como motivo de mutuo enriquecimiento y no como fuente de conflictos.

Quizás aún más grave que considerar al diferente como una amenaza es ignorarlo, mirando para otro lado cuando percibimos alrededor realidades que nos incomodan al cuestionar nuestro nivel de confort. Vivir ajenos a cuanto ocurre resulta irresponsable pues, seamos conscientes o no, en este mundo globalizado nuestros actos tienen cada vez mayor repercusión.

La lucha contra la exclusión es un deber de la sociedad en su conjunto y a través de cualquier ámbito de la política – no solo desde la política social - se debe contribuir a la construcción de una sociedad inclusiva. Ahora bien, en esta tarea de integrar a las personas excluidas, los servicios sociales tienen un papel relevante. Para que estos servicios puedan ejercer eficazmente su labor, es preciso modificar dos aspectos claves sobre cómo se conciben tradicionalmente.

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Una ciudad abierta al mundo que, a través del codesarrollo y la cooperación descentralizada, ayude a mejorar las duras realidades que se viven más allá de nuestras fronteras nacionales.

1. SOCIEDAD INCLUYENTE

Los procesos de desarrollo global, tecnológico y económico han deparado unas sociedades más avanzadas, con mayores niveles de bienestar, pero también han generado nuevos fenómenos que acaban configurándose como procesos de exclusión social. Para la construcción de una sociedad incluyente, desde el partido M+J creemos que es necesario trabajar sobre las causas de la exclusión, y no tan sólo sobre sus efectos. Para ello se requiere, por parte de los poderes públicos, el diseño y puesta en práctica de políticas transversales, en las que los Servicios Sociales participen con prestaciones y servicios que favorezcan la convivencia personal, familiar y social. Y por parte de toda la sociedad, el compromiso de hacer causa común para promover condiciones positivas de convivencia.

1.1. ELIMINANDO LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

La pobreza y sus lacras constituye una realidad desagradable que no queremos ver. Esta pobreza invisible, incluye fenómenos tan problemáticos como la prostitución, los menores desprotegidos, la drogadicción, el alcoholismo, y otros de diversa índole pero con trayectoria semejante hacia la exclusión social. La ciudadanía y sus representantes políticos deben determinarse a suprimir esta ‘invisibilidad’, y actuar decididamente a fin de prevenir y detener los procesos de exclusión social. Desde el partido M+J apostamos por reconocer el derecho de las personas que se encuentran en situación de pobreza y exclusión social a vivir con dignidad y a desempeñar un papel activo en la sociedad. La Administración pública debe velar por los derechos de las personas más vulnerables y, a su vez, la ciudadanía debe asumir su co-responsabilidad para hacer frente a la realidad social que se vive en su entorno.

1.2. HACIA UNA SOCIEDAD INTERCULTURAL

Vivimos en una sociedad que, desde los pueblos más pequeños a las capitales más grandes, cada vez cuenta con mayores diferencias étnico-culturales. Queramos o no, nuestro mapa cultural, étnico, racial, religioso, etc. se ha visto ampliado, de manera cualitativa y cuantitativa, en un periodo de tiempo no demasiado grande. Esta realidad podemos afrontarla de dos maneras opuestas, aunque entre una y otra pudieran caber posturas más matizadas. De una forma negativa, viviéndola como una amenaza, estaríamos ante el enfoque multicultural que predomina hoy y que es apoyado por ciertas medidas políticas y reformas así como por algunos medios de comunicación. Podemos, por el contrario, enfocarlo de manera positiva y considerar las diferencias como motivo de mutuo enriquecimiento; apostando por una sociedad intercultural, esto es, una sociedad más abierta, comunitaria, creadora de espacios de intercambio y en igualdad de condiciones para todos. Desde el partido M+J optamos por la INTERCULTURALIDAD, porque la entendemos como el cauce para la comunicación y el proyecto común.

1.3. SERVICIOS SOCIALES

El objetivo de un programa social debe estar dirigido a conseguir llegar a detectar las necesidades reales de la población y poder intervenir sobre aquellas situaciones causales que están generando las desigualdades que impiden que las personas se desarrollen íntegramente. Actualmente, la mayoría de los programas sociales están diseñados en base a la prestación de servicios, hecho que provoca que se intervenga sobre las consecuencias y no sobre las causas. Desde el partido M+J defendemos los Servicios Sociales como un Sistema de Protección Social dirigido al conjunto de la población, cuya razón de ser es: facilitar el acceso al resto de los Sistemas de Protección Social; procurar las condiciones adecuadas para las relaciones de convivencia de los ciudadanos; y favorecer los procesos de inclusión social.

Consideramos, también, que los Servicios Sociales deben sustentarse en dos elementos clave: autonomía Personal e integración relacional. El primer elemento, la autonomía personal, simplifica la idea de que los Servicios Sociales han de generar una cobertura tal que permita a las personas que requieran de su ayuda poder solventar la situación que deriva en la necesidad, a la par que “aprender” o “adquirir” las habilidades sociales necesarias para prevenir posible futuros imprevistos. Es decir, la intervención no debe dirigirse exclusivamente a paliar la situación sino que también debe prevenir y enseñar. El segundo elemento, la integración relacional, enfatiza en la necesidad de que la intervención permita la generación, modificación y mejora de las redes sociales en las que la persona vulnerable desarrolla su vida cotidiana.

Es necesario destacar además que, en la mayoría de los casos, las funciones que deberían realizar los Servicios Sociales son asumidas o derivadas al Tercer Sector. Este sector aglutina una multitud de entidades, organizaciones, fundaciones, etc., que abarcan todo el espectro existente entre “lo social” y “lo empresarial”. Por ello, desde el partido M+J consideramos que es necesario una mayor colaboración por parte de las Administraciones con el Tercer Sector, para que el diseño de los programas de intervención de los Servicios Sociales tengan un corte más transversal y no tan difuso como hasta la fecha.

2. DERECHOS SOCIALES

Todos los habitantes de nuestras ciudades, sin exclusión alguna, deben tener acceso a unos derechos que los poderes públicos tienen la obligación de garantizar. Desde los gobiernos municipales, en particular, se deben facilitar estos derechos dentro del margen que les asigna la ley. Acogiéndonos a este margen, ofertamos una serie de medidas encaminadas a posibilitar el acceso de toda persona a su derecho a obtener un empleo y a disfrutar de los servicios básicos de sanidad, educación y vivienda. A tal fin, se desarrollarán programas que trabajen con los colectivos más excluidos.
2.1. EMPLEO

Desde el partido Por Un Mundo Más Justo (M+J), pretendemos FOMENTAR EL EMPLEO, especialmente entre las personas más vulnerables. Para ello, planteamos, entre otras medidas: reservar puestos de trabajo de las empresas municipales y de la oferta pública de empleo municipal para personas en riesgo de exclusión social; informar y orientar sobre el mercado laboral; potenciar las cooperativas y la pequeña y mediana empresa; apostar por las empresas de inserción laboral; ceder el uso de terrenos y locales del ayuntamiento para crear cooperativas agrícolas que permita salir adelante a las personas excluidas; poner en práctica un Plan Local de Promoción de la Formación y Empleo de las Personas con Discapacidad; y fomentar el empleo a través de medidas fiscales.

2.2. VIVIENDA

Debemos dar cumplimiento al artículo 47 de la Constitución Española (CE) – que, por desgracia, lleva muchos años sin cumplirse – donde la vivienda se constituye en un derecho para todos los españoles. Dando cumplimiento a este artículo de la CE, desde los ayuntamientos se pueden establecer medidas para hacer posible este derecho y para que sea la comunidad quien participe de la plusvalía que genere la acción urbanística. Respecto a la especulación, sin duda, ésta se aminorará con la propia intervención de los ayuntamientos para regular el mercado de la vivienda. No obstante, para atajar la especulación es preciso establecer medidas legislativas que son competencia del Gobierno español.

Para posibilitar, desde los municipios, el acceso a la vivienda – a precio ajustado o con ayuda municipal – se proponen dos líneas estratégicas de acción que tendrán un carácter secuencial, ya que, agotada la primera línea de actuación, se pondrá en funcionamiento la segunda:
1ª. Movilizar viviendas desocupadas en el municipio
2ª. Promoción de viviendas desde la Administración Pública
Ambas líneas de actuación pueden llevarse a cabo sin apenas costo para las arcas públicas.


2.3. EDUCACIÓN

La educación es el primer elemento dinamizador de una sociedad, su capacidad, su sensibilidad, sus cualidades están vinculadas a su educación. Además, la apuesta decidida por avanzar hacia la democracia participativa conlleva necesariamente apostar por reforzar el ámbito educativo, pues la participación exige garantizar unos recursos formativos mínimos a todas las personas para que puedan aportar propuestas que transformen su sociedad. Dentro del ámbito de actuación que se tiene en los ayuntamientos, desde el partido Por Un Mundo Más Justo (M+J), pretendemos garantizar la educación a los sectores más desfavorecidos, promover la educación no formal y la educación en valores, propiciar una mayor cercanía de la educación formal con la sociedad y promover otra manera de ocio que fomente los valores culturales y deportivos.
2.4. SANIDAD

Si bien las competencias municipales en materia de salud son escasas, y se reducen a la protección de la salubridad pública y la participación en la gestión de la atención primaria de la salud, hay posibilidades de actuación en los organismos de participación que contempla la Ley General de Sanidad. Concretamente, los municipios están representados en los Consejos de Salud de Área, y es precisamente en ese ámbito en el que pueden articularse algunas actuaciones relacionadas con la gestión de los servicios sanitarios.

Planteamos un enfoque amplio sobre salud que tenga muy presente tanto los factores ambientales y psicosociales como la promoción de la salud y la prevención. Además, pondremos especial atención en mejorar las condiciones sanitarias de aquellos barrios o colectivos sociales de nuestras ciudades que tengan mayores carencias. Para abordar el derecho a la salud de una manera integral, es preciso mejorar la información existente y la coordinación tanto entre instituciones públicas y privadas como entre distintas áreas de la Administración. Centraremos nuestras propuestas municipales en materia de salud en la reducción de las desigualdades y en la prevención, fomentando la adquisición de hábitos saludables.

3. TEJIDO SOCIAL
La ciudad es, en gran medida, un patrimonio colectivo. Su construcción y conservación requiere del saber de los técnicos, de inversión pública y privada, de gobiernos locales legítimamente constituidos, de funcionarios públicos que actúen con honestidad, de la acción de organizaciones sociales y de organizaciones no gubernamentales que han demostrado su capacidad para transformar y mejorar las condiciones de vida de los sectores sociales más excluidos. Las formas de participación ciudadana deben contemplar necesariamente esta complejidad social para garantizar su eficacia. En este contexto, tanto los funcionarios públicos como los representantes políticos tienen su rol, pero también lo tienen las diferentes personas que residen en la ciudad. Hay que pasar a la acción, dejando de ser exclusivamente consumidores y trabajadores para ser ciudadanos. Esto conlleva, necesariamente, ocupar el espacio público y, por tanto, construir la ciudad. Los ciudadanos tienen que ser actores y, para eso, desde la Administración, se debe promover el tejido social en lugar de destejerlo.
Si no avanzamos en la construcción del tejido social, el espacio público seguirá ocupado tan sólo por la Administración y los poderes económicos del Mercado y permanecerá deshabitado por los ciudadanos, convertidos éstos, en la práctica, en meros súbditos. Los actores que ahora ocupan el espacio público procurarán seguir monopolizándolo y excluyendo al ciudadano de él. Es el ciudadano, organizado en asociaciones, el que debe constituirse en verdadero protagonista y actor principal, reconocido por todos como tal.

Entendemos que el fomento del tejido social debe sustentarse en tres pilares que están íntimamente relacionados:
1. Democracia participativa frente a la democracia representativa.
2. Medios de comunicación al servicio de los ciudadanos en lugar de ser herramientas del poder político y económico.
3. Economía social, que busca el bien común, frente a la economía clásica que persigue el interés privado.

3.1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Desde el partido Por Un Mundo Más Justo (M+J), apostamos por la innovación a favor de instituciones que sirvan de soporte para el desarrollo de una democracia de nuevo cuño, participativa y no representativa. Avanzar hacia la democracia participativa conlleva que los habitantes de las ciudades intervengan asiduamente en las actividades públicas representando intereses de diferentes colectivos. Pero para que esta participación sea efectiva deben generarse compromisos y condiciones institucionales y, sobre todo, existir el convencimiento de que la deliberación pública y la interacción social, la aceptación y el respeto por el pluralismo ideológico, son valores y prácticas positivos y esenciales para vivir en democracia; valores y prácticas que pueden y deben ejercerse en primer término en el espacio local, que es donde se da la mayor proximidad entre autoridades y ciudadanos.

Si asumimos que nuestras ciudades son el espacio idóneo para la participación ciudadana, apostar por la democracia participativa conlleva la necesidad de dotar de mayor capacidad de gobierno a nuestros ayuntamientos. Desde el partido Por Un Mundo Más Justo (M+J), reivindicamos una reforma del gobierno local, que dote a los ayuntamientos de competencias propias y a la hacienda local con mayores recursos. Esta dotación, que aumentará la capacidad política de nuestros gobiernos municipales, es crucial para regenerar el tejido social; permitiendo, de este modo, eliminar la exclusión y propiciando la participación ciudadana. Entendemos que apostar por la democracia participativa conlleva avanzar hacia una mayor autonomía municipal que ponga los medios necesarios para que el ciudadano sea el principal protagonista en las transformaciones que hagan posible una sociedad incluyente.

Esta mayor proximidad ciudadana a la Administración pública favorecerá, además, el buen gobierno. Así, democracia participativa, autonomía local y buen gobierno son aspiraciones que están estrechamente vinculadas. Fomentar cualquiera de las tres es apostar necesariamente por las otras dos.

Como elementos integrantes de la buena gobernanza podemos citar los siguientes: eficacia, Estado de derecho, participación, equidad y transparencia. El buen gobierno local debe sustentarse en formas de gestión participativas caracterizadas por el liderazgo democrático de las autoridades, por funcionarios motivados, buena coordinación con el sector público, alianzas con el sector privado económico y el Tercer Sector, e implicación de la sociedad civil y los ciudadanos.

3.2. COMUNICANDO CON TRANSPARENCIA

Si hablamos de democracia participativa y de generación del tejido social como elementos fundamentales en la construcción de un modelo de sociedad desde el ciudadano (no sólo por y para él), este esfuerzo requerirá una respuesta complementaria desde las administraciones públicas que permita participar y auditar al ciudadano la gestión del recurso público.

Alcanzar la transparencia máxima en la gestión pública, alimenta tanto la buena gobernanza como la participación del ciudadano en ella, gracias al “redescubrimiento” de unos derechos hasta ahora “olvidados” o no ejercidos.

Es por tanto que la comunicación al servicio de lo público debe ser el fin principal de los actuales medios y soportes informativos, fomentando el conocimiento de los derechos ciudadanos ante la gestión de las administraciones, garantizando su independencia y justo uso de los recursos económicos que su desarrollo exigen, así como transmitiendo de manera limpia, clara y directa el qué, el cómo y el porqué de las decisiones gubernamentales.

Transparencia y comunicación de la mano, para reforzar el poder del ciudadano en la gestión de lo público.

3.3. ECONOMÍA SOCIAL

El actual estado de insostenibilidad social, económica y medioambiental, nos exige un profundo e inevitable cambio en nuestras relaciones sociales y formas de vida. M+J apoya una nueva economía basada en la Justicia Social Global. Creemos en una economía al servicio del desarrollo humano que: prime la cooperación sobre la competitividad; impulse la responsabilidad social de las empresas; equipare las condiciones laborales; potencie el Comercio Justo y el consumo responsable; cree un sistema financiero a favor del interés general; y genere un cambio de mentalidad en los seres humanos, que nos permita vivir en libertad.

Desde nuestros ayuntamientos, se puede favorecer este enfoque económico que fortalece el tejido social en lugar de destruirlo: apoyando iniciativas de economía social; creando un banco de tiempo público; fomentando el trueque como manera de ahorro; concediendo microcréditos para proyectos empresariales promovidos por personas desfavorecidas; o depositando las cuentas de la hacienda local en una banca ética, entre otras medidas.

4. ESPACIO URBANO INTEGRADOR, PÚBLICO Y SOSTENIBLE

El espacio urbano es el escenario donde se desarrollan los habitantes de la ciudad. Desde su diseño se puede establecer una ordenación del territorio inclusiva, que evite la segregación espacial de zonas y barrios marginales. Revertir la tendencia a la privatización del espacio público, y fomentar el uso de éste, resulta clave para fortalecer el tejido social y, por tanto, para luchar también contra las situaciones de exclusión que se viven en nuestros municipios. En la planificación de un modelo de ciudad más justo, además, debemos contar con la construcción de las infraestructuras urbanas necesarias para propiciar un consumo responsable y, consecuentemente, la sostenibilidad medioambiental.

4.1. ORDENACIÓN INCLUSIVA DEL TERRITORIO

El territorio no es la causa de la desigualdad, sino que los problemas de la sociedad se trasladan, se transcriben, se plasman, en el territorio. En nuestro modelo de ciudad no cabe la trascripción territorial de
la desigualdad. Nuestra perspectiva, desde los más débiles, nos indica que hay que cambiar esa configuración territorial excluyente. Nuestra configuración de comunidad y ciudad ideal debe situar su prioridad en eliminar la desigualdad territorial, que es en gran parte la que hace que las personas de determinados barrios, aunque tengan teóricamente reconocida su condición de ciudadanos, tengan vedadas sus posibilidades reales de ejercer, como tales, su derecho a participar en condiciones de igualdad en la vida comunitaria.

4.2. RECUPERAR EL ESPACIO PÚBLICO

El fenómeno de la privatización de empresas públicas ha sido desde finales de los años setenta una fuerte moda económica. La venta de empresas públicas supone en ocasiones una fuerte “salida hacia delante” a modo de permitir una entrada momentánea de liquidez que puede reducir drásticamente el déficit público y el nivel de endeudamiento, así pues, es un recurso muy usual en los ayuntamientos debido a la reciente necesidad de cumplir con los pagos de intereses y deudas. Aunque cabe decir que los planes de privatización responden a motivos racionales – y existen opiniones tanto adversas como favorables por su dimensión política, económica y sociológica – desde el M+J somos conscientes del riesgo que implica toda pérdida de lo público. La puesta en manos privadas de servicios y espacios públicos representa una amenaza para el ciudadano. Con la privatización, las garantías de la búsqueda del bienestar del ciudadano quedan cuestionadas por políticas cuyo trasfondo es la búsqueda del beneficio económico.

4.3. SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

No podemos trabajar la equidad sin considerar la sostenibilidad como eje de toda acción que tiene que ser desarrollada. Nuestro trabajo por la justicia de los ciudadanos de ahora no puede desarrollarse sin entender la dimensión del tiempo y la obligación que tenemos de no vivir por encima de nuestras necesidades. El consumo a ritmos acelerados hace que vivamos en un planeta con cada vez menos recursos donde las oportunidades de tener garantías de una vida digna se ven limitadas por cuestiones medioambientales. Nuestro papel es el de revertir estos fenómenos a fin de garantizar el bienestar de las generaciones futuras.

5. CIUDAD ABIERTA AL MUNDO

Desde el partido Por un Mundo Más Justo (M+J), apostamos por una ciudad abierta, no ajena ni indiferente ante las situaciones de injusticia, pobreza, exclusión y ausencia de respeto a los Derechos Humanos universales que se producen en el mundo. Una ciudad que permita, desde lo local, influir en lo global, contribuyendo en cantidad y en calidad a una mejora efectiva de las duras condiciones de vida en el Sur y en favor de los empobrecidos. Todo esto, a través de un compromiso real con una cooperación al desarrollo descentralizada y la puesta al servicio de los agentes de desarrollo en el Sur de las específicas capacidades y conocimientos que desde los municipios españoles se tienen, con el objetivo de hacer del mundo un lugar donde todo ser humano tenga la posibilidad de desarrollarse libremente recuperando así el verdadero sentido que tiene la política: la búsqueda del bien común.
5.1. CONSUMO RESPONSABLE

Desde el consumo responsable se pretenden alcanzar dos objetivos: proteger el medio ambiente y respetar los derechos de todas las personas que han intervenido en la cadena de producción de los bienes que consumimos. Sin duda, los ayuntamientos deben dar ejemplo, adecuar las infraestructuras de la ciudad y fomentar con las medidas económicas a su alcance el consumo responsable. No obstante, el consumo responsable es una obligación de los ciudadanos y de poco servirá cuanto haga la Administración pública si la ciudadanía no modifica sus hábitos de consumo.
5.2. CODESARROLLO
El codesarrollo es un término que trata de vincular, de manera positiva, las migraciones y el desarrollo. Se define como “propuesta para integrar inmigración y desarrollo de forma que ambos países, el de envío y el de acogida, puedan beneficiarse de los flujos migratorios. Es decir, es una forma de relación consensuada entre dos países de forma que el aporte de los inmigrantes al país de acogida no se traduzca en una perdida para el país de envío" [Sami Naïr; 1997].

Los cambios en los flujos migratorios son hoy cualitativos y cuantitativos. El fenómeno migratorio ha alcanzado en la actualidad la dimensión de factor estructural en una sociedad globalizada y en la que la dualización entre un Norte cada vez más rico y un Sur que no deja de empobrecerse, lejos de estrecharse, continúa profundizándose. Es imprescindible entender el fenómeno migratorio en su compleja integridad, que desborda la dimensión económico-laboral, y en particular, poner los medios que permitan gestionarlo, desde el respeto básico a los derechos, para aprovecharlo como lo que es, una oportunidad de codesarrollo para los individuos y las sociedades implicadas en él. Hay que actuar en y con los países de procedencia de los migrantes. Eso exige una actuación que gestione la inmigración como una oportunidad para todas las partes implicadas.

Y es en el espacio municipal desde donde se pueden y deben plantear estrategias de intervención inmediata, efectiva y participativa en materia de codesarrollo. Ahora bien, a los inmigrantes no se les puede pedir que intervengan en esa dimensión comunitaria e institucional inherente al codesarrollo, sin contar con un reconocimiento político e institucional previo, sin eliminar los espacios de exclusión, marginación y vulnerabilidad que se ceban en ellos tan frecuentemente y que subsisten en tantas ciudades y municipios.

5.3 COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA

Entendemos que los compromisos políticos adquiridos ante la sociedad en la lucha contra la pobreza y por los Derechos Humanos en el marco normativo e institucional no pueden ser vulnerados mediante la supresión o recortes drásticos de presupuestos o convocatorias de subvenciones que ponen en riesgo la continuidad de procesos y programas en marcha que afectan a necesidades vitales de miles de personas. En la actual situación de crisis económica, tenemos la obligación moral de reforzar la cooperación descentralizada; lo cual conlleva apostar decididamente por la coherencia de políticas municipales para permitir el desarrollo de los pueblos del Sur.

Programa completo: http://www.porunmundomasjusto.com/es/noticias/actualidad/236-introduccion

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