¿Hacia un verdadero golpe de Estado en Venezuela?
La “Carta democrática” de la OEA contra el gobierno bolivariano podría servir de pretexto para legitimar una intervención de Washington en Venezuela
Por Oscar Fortin
Maestría en Teología y en Ciencias políticas
Quebec, Canadá, 5 de mayo de 2017
Mondialisation.ca, 3 de mayo de 2017
Humanisme, 2 de mayo de 2017
Traducción de Jorge Parra, 8 de mayo de 2017
En 1999, Hugo Chávez ya había convocado a una Asamblea Nacional Constituyente, cuando el país vivía bajo una Constitución elaborada por las oligarquías y los políticos de la época. No era habitual convocar al pueblo para participar en la elaboración de la Constitución de un país. Esta Constitución es la Ley fundamental que define, entre otras cosas, el régimen político así como el ejercicio de los diversos poderes en la gestión del Estado y sus riquezas. Una vez agotados los debates entre los diversas estamentos de la sociedad y redactado el documento constitucional en función de las decisiones tomadas, el pueblo será convocado a un referéndum con el fin de hacer de ésta su Ley fundamental. Bajo esta Ley, Venezuela elige a sus gobernantes para que desarrollen el proyecto de sociedad inscrito en ella.
La historia de estos últimos 18 años demuestra que el actual régimen constitucional no le conviene a las oligarquías nacionales. Ese mismo malestar lo encuentra igualmente el Tío Sam, para quien América Latina y sus riquezas hacen parte de su patio trasero. Venezuela, con sus reservas petroleras –consideradas las más importantes del mundo, y sus minas de oro –que son la envidia de sus vecinos, no escapa a la codicia de quienes buscan retomar el control total. Podría decirse que para el gobierno, tanto de Chávez como de Maduro, no ha sido fácil: Golpe de Estado en 2003, sabotaje de todo tipo contra la infraestructura del país, violencia terrorista para generar miedo y dar la imagen de un país abandonado, sin olvidar la guerra económica para crear escasez de los bienes esenciales y sublevar la población contra el gobierno. Todo ello, apoyado por una prensa nacional e internacional que hace de este gobierno el único responsable de todos los males.
Paralelamente a las acciones de desestabilización y de violencia mencionadas anteriormente, se ha elaborado y planificado una ofensiva mayor con los principales interesados nacionales e internacionales. En eta ocasión, se trata de crear las condiciones jurídicas para llevar a cabo un golpe de Estado encubierto por un manto de legitimidad internacional. Todo ello para poner fin al régimen bolivariano y chavista y proceder a su substitución con un régimen que responda a los intereses del Tío Sam y de las oligarquías nacionales.
La Organización de Estados Americanos (OEA) está preparada para realizar esta operación. Su secretario general, Luis Almagro, vendido de antemano a la causa contra Venezuela, utiliza todas las estratagemas imaginables para desacreditar el gobierno de Nicolás maduro y movilizar a los países miembro –obedientes a Washington, para activar la carta democrática de la OEA contra el gobierno de Venezuela. Esta carta podía servir de pretexto para legitimar una intervención de Washington en Venezuela. Es importante recordar que la OEA es considerada por algunos países de América Latina y El Caribe como el ministerio de las colonias latinoamericanas y caribeñas.
Las numerosas irregularidades de su Secretario general y la solidaridad de numerosos países de la región con el gobierno de Nicolás maduro impidieron este escenario. Frente a este fracaso, la oposición interna, siempre apoyada por el Tío Sam, escogió la opción de crear focos de violencia pagando a mercenarios y terroristas para asesinar, destrozar, causar daños, en pocas palabras, para crear el caos y provocar una guerra civil. Hasta ahora son 30 los muertos y más de 400 heridos. Los daños materiales se elevan a varios millones de dólares. La prensa oficial del imperio se encarga de transformar todas estas desgracias en delitos del gobierno.
En este contexto, recientemente el Presidente Maduro reclamó con insistencia que la oposición mayoritaria en la Asamblea Nacional regrese a la mesa de negociaciones. El Papa Francisco hizo otro tanto durante su viaje de regreso de Egipto. Él insistió para que los partidos opuestos regresen a la mesa de negociaciones, e inclusive se permitió afirmar que las negociaciones no daban resultados debido a que la oposición estaba dividida y no lograban ponerse de acuerdo entre ellos.
Ante estos hechos, el Presidente Maduro, con ocasión del 1° mayo, Día de los trabajadores, reunidos por centenares de miles en el corazón de Caracas, quiso compartir con ellos la decisión de favorecer la paz, de someterse al poder y a la voluntad del pueblo. De esta manera, en conformidad con el artículo 348 de la constitución bolivariana, el Presidente, en Consejo de ministros, tiene el poder de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, la cual representa el poder supremo del pueblo.
Al tomar esta decisión, el Presidente reenvía las recriminaciones de sus adversarios a esta Asamblea Nacional Constituyente, abriendo ampliamente las puertas del debate a todos los componentes de la sociedad venezolana. En este debate podrán realizarse y debatirse todas las preguntas, y sus conclusiones mayoritarias se impondrán como Ley fundamental del Estado. Según el artículo 339 de la actual Constitución, ningún poder en ejercicio podrá oponerse o tomar las medidas contra las decisiones tomadas.
El Presidente identificó algunos temas particulares, de manera que sean debatidos por el pueblo y por esta Asamblea Constituyente. Entre ellos se encuentran los temas de la paz, la nueva economía que busca liberarse de la economía rentista del petróleo, la cuestión de la impunidad, la nueva de democracia que se amplía a las comunas y a las diversas agrupaciones sociales: los jóvenes, las mujeres, los indígenas, los pensionados, los discapacitados. El Presidente insiste en que sean protegidos constitucionalmente los logros de la revolución en materia de vivienda, salud, educación y trabajo, de manera que no sean suprimidos por actores políticos, preocupados ante todo en regresar a las privatizaciones y al neoliberalismo.
Esta decisión presidencial no le conviene a una oposición que hace apenas dos años reclamaba la convocatoria una Asamblea Nacional Constituyente. Esto se debe sin duda al hecho de que la relación de fuerzas se ha modificado. Su comportamiento violento contra el pueblo y la crueldad con la que buscan favorecer un golpe de Estado que permita al tío Sam toma el control del país y sus riquezas, no son ajenas al pueblo. Maduro lo ha entendido y ha pasado a la acción dentro del respeto de sus poderes constitucionales. Una historia palpitante que debemos seguir con atención. La posición oficial se declaró en desacuerdo con esta decisión. ¿Qué dirá el Episcopado, su aliado político?
Por Oscar Fortin
Maestría en Teología y en Ciencias políticas
Quebec, Canadá, 5 de mayo de 2017
Mondialisation.ca, 3 de mayo de 2017
Humanisme, 2 de mayo de 2017
Traducción de Jorge Parra, 8 de mayo de 2017
En 1999, Hugo Chávez ya había convocado a una Asamblea Nacional Constituyente, cuando el país vivía bajo una Constitución elaborada por las oligarquías y los políticos de la época. No era habitual convocar al pueblo para participar en la elaboración de la Constitución de un país. Esta Constitución es la Ley fundamental que define, entre otras cosas, el régimen político así como el ejercicio de los diversos poderes en la gestión del Estado y sus riquezas. Una vez agotados los debates entre los diversas estamentos de la sociedad y redactado el documento constitucional en función de las decisiones tomadas, el pueblo será convocado a un referéndum con el fin de hacer de ésta su Ley fundamental. Bajo esta Ley, Venezuela elige a sus gobernantes para que desarrollen el proyecto de sociedad inscrito en ella.
La historia de estos últimos 18 años demuestra que el actual régimen constitucional no le conviene a las oligarquías nacionales. Ese mismo malestar lo encuentra igualmente el Tío Sam, para quien América Latina y sus riquezas hacen parte de su patio trasero. Venezuela, con sus reservas petroleras –consideradas las más importantes del mundo, y sus minas de oro –que son la envidia de sus vecinos, no escapa a la codicia de quienes buscan retomar el control total. Podría decirse que para el gobierno, tanto de Chávez como de Maduro, no ha sido fácil: Golpe de Estado en 2003, sabotaje de todo tipo contra la infraestructura del país, violencia terrorista para generar miedo y dar la imagen de un país abandonado, sin olvidar la guerra económica para crear escasez de los bienes esenciales y sublevar la población contra el gobierno. Todo ello, apoyado por una prensa nacional e internacional que hace de este gobierno el único responsable de todos los males.
Paralelamente a las acciones de desestabilización y de violencia mencionadas anteriormente, se ha elaborado y planificado una ofensiva mayor con los principales interesados nacionales e internacionales. En eta ocasión, se trata de crear las condiciones jurídicas para llevar a cabo un golpe de Estado encubierto por un manto de legitimidad internacional. Todo ello para poner fin al régimen bolivariano y chavista y proceder a su substitución con un régimen que responda a los intereses del Tío Sam y de las oligarquías nacionales.
La Organización de Estados Americanos (OEA) está preparada para realizar esta operación. Su secretario general, Luis Almagro, vendido de antemano a la causa contra Venezuela, utiliza todas las estratagemas imaginables para desacreditar el gobierno de Nicolás maduro y movilizar a los países miembro –obedientes a Washington, para activar la carta democrática de la OEA contra el gobierno de Venezuela. Esta carta podía servir de pretexto para legitimar una intervención de Washington en Venezuela. Es importante recordar que la OEA es considerada por algunos países de América Latina y El Caribe como el ministerio de las colonias latinoamericanas y caribeñas.
Las numerosas irregularidades de su Secretario general y la solidaridad de numerosos países de la región con el gobierno de Nicolás maduro impidieron este escenario. Frente a este fracaso, la oposición interna, siempre apoyada por el Tío Sam, escogió la opción de crear focos de violencia pagando a mercenarios y terroristas para asesinar, destrozar, causar daños, en pocas palabras, para crear el caos y provocar una guerra civil. Hasta ahora son 30 los muertos y más de 400 heridos. Los daños materiales se elevan a varios millones de dólares. La prensa oficial del imperio se encarga de transformar todas estas desgracias en delitos del gobierno.
En este contexto, recientemente el Presidente Maduro reclamó con insistencia que la oposición mayoritaria en la Asamblea Nacional regrese a la mesa de negociaciones. El Papa Francisco hizo otro tanto durante su viaje de regreso de Egipto. Él insistió para que los partidos opuestos regresen a la mesa de negociaciones, e inclusive se permitió afirmar que las negociaciones no daban resultados debido a que la oposición estaba dividida y no lograban ponerse de acuerdo entre ellos.
Ante estos hechos, el Presidente Maduro, con ocasión del 1° mayo, Día de los trabajadores, reunidos por centenares de miles en el corazón de Caracas, quiso compartir con ellos la decisión de favorecer la paz, de someterse al poder y a la voluntad del pueblo. De esta manera, en conformidad con el artículo 348 de la constitución bolivariana, el Presidente, en Consejo de ministros, tiene el poder de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, la cual representa el poder supremo del pueblo.
Al tomar esta decisión, el Presidente reenvía las recriminaciones de sus adversarios a esta Asamblea Nacional Constituyente, abriendo ampliamente las puertas del debate a todos los componentes de la sociedad venezolana. En este debate podrán realizarse y debatirse todas las preguntas, y sus conclusiones mayoritarias se impondrán como Ley fundamental del Estado. Según el artículo 339 de la actual Constitución, ningún poder en ejercicio podrá oponerse o tomar las medidas contra las decisiones tomadas.
El Presidente identificó algunos temas particulares, de manera que sean debatidos por el pueblo y por esta Asamblea Constituyente. Entre ellos se encuentran los temas de la paz, la nueva economía que busca liberarse de la economía rentista del petróleo, la cuestión de la impunidad, la nueva de democracia que se amplía a las comunas y a las diversas agrupaciones sociales: los jóvenes, las mujeres, los indígenas, los pensionados, los discapacitados. El Presidente insiste en que sean protegidos constitucionalmente los logros de la revolución en materia de vivienda, salud, educación y trabajo, de manera que no sean suprimidos por actores políticos, preocupados ante todo en regresar a las privatizaciones y al neoliberalismo.
Esta decisión presidencial no le conviene a una oposición que hace apenas dos años reclamaba la convocatoria una Asamblea Nacional Constituyente. Esto se debe sin duda al hecho de que la relación de fuerzas se ha modificado. Su comportamiento violento contra el pueblo y la crueldad con la que buscan favorecer un golpe de Estado que permita al tío Sam toma el control del país y sus riquezas, no son ajenas al pueblo. Maduro lo ha entendido y ha pasado a la acción dentro del respeto de sus poderes constitucionales. Una historia palpitante que debemos seguir con atención. La posición oficial se declaró en desacuerdo con esta decisión. ¿Qué dirá el Episcopado, su aliado político?
