Su celebración dio paso a una nueva etapa de la Iglesia española En el 50 aniversario de la Asamblea Conjunta obispos-sacerdotes

Tarancón
Tarancón

"La celebración de la Asamblea Conjunta de obispos y de presbíteros, marcó un antes y un después de la Iglesia española, ya que significó un paso importante en lo que respecta al final del nacionalcatolicismo"

Las sesiones de la Asamblea Conjunta tuvieron lugar en el Seminario Menor de Madrid del 13 al 18 de septiembre de 1971 y contó con la participación de 285 congresistas y 129 invitados

"Tarancon se daba cuenta de la división que había en la Iglesia y que se manifestaba también en la Asamblea, entre un sector conservador y otro renovador. Por eso Tarancon insistía en la importancia de encontrar un diálogo sin exclusiones"

"Cabe destacar que ahora hace 50 años, en una Iglesia aún ligada al franquismo, la Asamblea, en la cual participó una parte muy importante del clero español, optó por el aggiornamento"

Del 13 al 18 de septiembre de 1971, ahora hace 50 años, tuvo lugar en el Seminario Menor de Madrid, un acontecimiento que marcó, y mucho (y de forma positiva) la vida de la Iglesia española en la etapa final del franquismo. La celebración de la Asamblea Conjunta de obispos y de presbíteros, marcó un antes y un después de la Iglesia española, ya que significó un paso importante en lo que respecta al final del nacionalcatolicismo.

La génesis de esta Asamblea la encontramos en la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española de finales de 1969, que creó una comisión episcopal para asistir a los sacerdotes. Cabe recordar que en aquellos tiempos había una gran brecha entre los obispos (la gran mayoría de ellos conservadores) y los sacerdotes más jóvenes, comprometidos con la gente más sencilla y que pedían el fin del nacionalcatolicismo. Y es que la distancia entre la jerarquía y los presbíteros obreros, cada día se ensanchaba más.

Guerra Campos
Guerra Campos

De esta manera, en 1969 se decidió que la Comisión Episcopal del Clero prepararía una asamblea mixta obispos-sacerdotes. Durante los años 1969 y 1970 se hizo una encuesta a las diócesis sobre la realidad y la situación del clero español. Esta encuesta mostró que la mayoría de los sacerdotes (que asumían la reforma del Concilio), veían con recelo y disgusto la estrecha relación de la Iglesia jerárquica con el régimen franquista. Hace falta recordar que diversos obispos tenían un cargo en los órganos políticos de la dictadura. Así, por ejemplo, el obispo de Madrid, Casimiro Morcillo y el obispo Pedro Cantero eran procuradores en Cortes y Consejeros del Reino y además, miembros del Consejo de Regencia. Y el obispo José Guerra Campos era también procurador en Cortes. Profundamente franquista, el procurador y obispo José Guerra Campos fue (unos años más tarde) uno de los 59 procuradores en Cortes que, el 18 de diciembre de 1976, votó contra de la ley para la Reforma Política que derogaba los “Principios Fundamentales del Movimiento”.

La encuesta trataba temas polémicos como el celibato, la manera como se ejercía la autoridad episcopal o el papel de los sacerdotes en la sociedad española de finales de los años sesenta. La encuesta también ponía de manifiesto un anhelo de los presbíteros: el deseo que se organizaran asambleas diocesanas para así hacer unas diócesis más dinámicas y más vivas.

El entusiasmo de los sacerdotes más jóvenes y más abiertos, comprometidos con la Asamblea, topó con la oposición de los obispos más conservadores, representados sobre todo por el obispo José Guerra Campos, auxiliar de Madrid, así como también de los sacerdotes que pertenecían a la conservadora “Hermandad Sacerdotal”, de talante antiVaticano II (y con los sacerdotes relacionados con el Opus Dei) que invalidaron la encuesta y el derecho a voto para decidir los temas a tratar. También tuvo un papel decisivo en el boicot a la Asamblea los medios de comunicación decididamente franquistas, como los diarios El Alcázar, Pueblo y Arriba y las revistas ultraconservadoras Fuerza Nueva e Iglesia-Mundo.

Conjunta

Las sesiones de la Asamblea Conjunta tuvieron lugar en el Seminario Menor de Madrid del 13 al 18 de septiembre de 1971 y contó con la participación de 285 congresistas y 129 invitados. De los 285 congresistas con voz y voto, 118 eran obispos y 167 sacerdotes. La Asamblea estaba presidida por el cardenal Vicent Enrique i Tarancon, arzobispo de Toledo y administrador apostólico de Madrid (por la muerte del obispo Casimiro Morcillo), Fernando Quiroga Palacios, cardenal arzobispo de Santiago de Compostela, el cardenal Benjamín de Arriba y Castro, arzobispo emérito de Tarragona, y dos obispos auxiliares de Madrid, José Guerra Campos, de talante muy conservador y Ramón Echarren, de una línea aperturista.

La Asamblea comenzó con unas palabras de salutación del cardenal Tarancon, después de las cuales se eligió la presidencia. Además de los cardenales Tarancon, Quiroga y Arriba, y los obispos Guerra y Echarren, que ya formaban parte de la presidencia desde el inicio, la Asamblea eligió como miembros de la presidencia, a Lluís Hernández, director del Secretariado Nacional del Clero, Olegario González de Cardedal, profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, Felipe Fernández, delegado episcopal del Apostolado Seglar de la diócesis de Ávila, José Delicado Baeza, obispo de Tuy-Vigo y Ángel Suquía, obispo de Málaga.

A la Asamblea se presentaron estas siete ponencias:

La Iglesia y el mundo en la España de hoy, de Felipe Fernández, de la diócesis de Plasencia
El ministerio presbiteral y formas de vivirlo en la Iglesia de hoy, por el obispo de Segovia Antonio Palenzuela.
Criterios y vías de la acción pastoral en la Iglesia, por el obispo Elías Yanes, auxiliar de Oviedo.
Relaciones interpersonales en la comunidad eclesial, por el obispo de Huesca, el progresista Javier Osés.
Los recursos materiales al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia, por Juan Moreno, de la diócesis de Córdova.
Exigencias evangélicas de la misión del presbítero en la Iglesia y el mundo de hoy, por José Mª Imizcoz, de la diócesis de Tudela-Pamplona.
La preparación para el sacerdocio ministerial y la formación permanente del clero, por Antonio Dorado, obispo de Guadix-Baza.

Los trabajos de la Asamblea consistían en la presentación de cada ponencia y de las proposiciones a discutir y a votar. Después se estudiaban las ponencias por grupos mixtos integrados por obispos y sacerdotes. Más tarde había una reflexión personal y la presentación de mociones y de enmiendas a las propuestas. También se estudiaban las enmiendas por parte de la comisión de la ponencia y finalmente se hacía la presentación y la votación de las proposiciones revisadas. Hemos de tener en cuenta que si alguna proposición era rechazada, había la posibilidad de rehacerla de nuevo y volverla a votar.

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Para aprobar las proposiciones (que no tenían un valor vinculante para la jerarquía sino solo orientativo), cada proposición había de conseguir un mínimo de dos terceras partes de los votos de los asistentes a la Asamblea.

De las diversas ponencias, me gustaría destacar que una de las más polémicas fue la primera (La Iglesia y el mundo en la España de hoy), que no consiguió ser aprobada, (porque no superó las dos terceras partes de los votos), ya que tuvo 137 votos a favor, 78 en contra, 19 votos afirmativos “con reservas” y 10 en blanco. En pleno franquismo, cuando aún eran muchos los obispos claramente franquistas, los asistentes a la Asamblea, en la resolución 34, pedían perdón por el apoyo público de la Iglesia al régimen de Franco. El texto (muy valiente) reconocía “humildemente” y pedía “perdón, porque nosotros no siempre hemos sabido ser verdaderos “ministros de reconciliación” en el seno de nuestro pueblo dividido por una guerra entre hermanos”. El texto de esta primera ponencia alejaba definitivamente a la Iglesia española del nacionalcatolicismo, ya que de alguna manera este texto denunciaba una jerarquía que, en vez de haber sido signo de reconciliación, se había aliado con el régimen franquista.

Aunque no fue aprobada esta resolución, sí que fue un paso importante en la reconciliación entre las partes enfrontadas. Cabe recordar que en 1.997, el episcopado francés publicó una declaración de arrepentimiento, debido a la actitud de los obispos franceses durante el régimen de Vichy. Este texto decía que “demasiados pastores de la Iglesia ofendieron con su silencio a la misma Iglesia y a su misión. Hoy confesamos que este silencio fue una falta”. Y por eso los obispos franceses decían que “imploremos el perdón de Dios y pedimos al pueblo judío que escuche esta palabra de arrepentimiento”. Más valiente ha sido la denuncia (aunque los tiempos son diferentes), de los obispos de Mali, que han condenado enérgicamente el golpe de estado en este país y han pedido diálogo (Religión Digital, 29 de mayo de 2.021), cosa que no hizo el episcopado español que se unió al franquismo.

Por lo que respecta a la segunda ponencia (El ministerio presbiteral y formas de vivir en la Iglesia de hoy), también había un punto que fue considerado polémico para la parte más conservadora de la Asamblea. El texto afirmaba que “la denuncia profética de situaciones y estructuras sociopolíticas y violadoras de los derechos fundamentales de la persona humana, es función propia del ministerio en la Iglesia”. Por eso el sector más progresista de la Asamblea, defendía el derecho (y la obligación) de los presbíteros a denunciar la violación de los derechos humanos, en un régimen que constantemente reprimía la libertad de expresión y política y perseguía la disidencia, encarcelando a los opositores al franquismo.

Tarancón al paredón
Tarancón al paredón

Por lo que hacía referencia al celibato de los presbíteros, la Asamblea reconocía su valor, pero por parte de los asistentes había un interés por revisarlo. Esta postura de revisar el celibato encontró una oposición frontal de algunos obispos (como José Guerra Campos), que incluso amenazaron a la Asamblea con el chantaje que treinta de ellos (en señal de protesta), abandonarían les sesiones si se aprobaba la revisión del celibato.

En medio de este ambiente enrarecido, debido a los que no aceptaban lo que proponía la mayoría, el 15 de septiembre se dio a conocer un documento presentado por once obispos (entre ellos Pablo Barrachina, de Oriola-Alacant, claramente conservador) i diecinueve presbíteros que se oponían a las actividades de la Asamblea, diciendo que si se llegaba a conclusiones, no se debería dar más valor a éstas “del que corresponde por su elaboración precipitada”. Además, decía también este grupo que las conclusiones a que llegara la Asamblea, “no pueden calificarse como conclusiones del clero español, sino como expresión de una porción más o menos cuantiosa del mismo”. Este grupo, claramente conservador, pedía a la presidencia de la Asamblea que no “permita someter a discusión lo que ya ha sido decidido por el Sumo Pontífice para la Iglesia Universal”. Era así como este grupo inmovilista y preconciliar, disparaba un mísil directo contra los trabajos de la Asamblea.

El 16 de septiembre, el día siguiente que apareciese el documento con el intento desesperado de descalificar los trabajos de la Asamblea, el cardenal Tarancon dirigió unes palabras a los asistentes, evitando entrar en polémica con los firmantes del documento, pero defendiendo los trabajos de la Asamblea. Tarancon afirmó con rotundidad, que “no se puede poner en duda la legitimidad de esta Asamblea”, ni tampoco que “no puede dudarse de que los miembros de esta Asamblea han sido elegidos por los que tomaron parte en las diócesis en todo el proceso de la Asamblea”. Con contundencia, el cardenal Tarancon afirmó también que “no hay que olvidar que no estamos improvisando”, ante la acusación de improvisación del grupo inmovilista de la Asamblea.

Tarancon se daba cuenta de la división que había en la Iglesia y que se manifestaba también en la Asamblea, entre un sector conservador y otro renovador. Por eso Tarancon insistía en la importancia de encontrar un diálogo sin exclusiones.

Echarren
Echarren

Cabe recordar que gran parte de las propuestas de les siete ponencias recibieron un apoyo mayoritario, ante la impotencia del sector inmovilista. Entre las conclusiones más importantes aprobadas por la Asamblea Conjunta, cabe destacar la que pedía la revisión del Concordato, así como establecer unas nuevas relaciones de la Iglesia con el estado. La Asamblea pedía también el respeto a la libertad de expresión (conclusión nº 11), el derecho de libre asociación y reunión sindical y política, en un sano y legítimo pluralismo (12), la garantía de trabajo para los españoles, que evitara el paro y la emigración (14), el respeto y la promoción de los legítimos derechos de les minorías étnicas y de las particularidades culturales de los diversos pueblos de España (16), la igualdad jurídica de todos los españoles ante la ley y la supresión de las jurisdicciones especiales (18), el derecho a la objeción de consciencia por motivos éticos y religiosos (19) o también el derecho a la integridad física, sin torturas corporales o mentales. Las conclusiones, aprobadas por más de las dos terceras partes de los asistentes, provocó la inquietud y el malestar del gobierno de Franco, que veía una Iglesia que se le escapaba del control que tenía de ella, por el hecho que ya no era sumisa al régimen e iba rompiendo con el nacionalcatolicismo.

El 21 de febrero de 1.972, prácticamente medio año después que se acabara la Asamblea Conjunta, corrió el rumor de la existencia de un documento de Roma que hacía diversas objeciones a las conclusiones aprobadas por la Asamblea. El 23 de febrero el cardenal Tarancon desmintió la existencia del supuesto documento. Pero en el mes de marzo, diversos medios de comunicación publicaron el documento de la Sagrada Congregación para el Clero, que contenía algunas observaciones a las conclusiones de la Asamblea, con duras críticas sobre el trabajo de los obispos y presbíteros, hasta el punto que afirmaba que en el texto aprobado había “proposiciones y planteamientos de fondo esparcidos en todas las ponencias que suscitan grandes reservas doctrinales y disciplinarias”.

El objetivo de este texto de la Congregación para el Clero (en una maniobra llevada a término por los sacerdotes conservadores y algunos obispos inmovilistas como José Gerra Campos y Pedro Cantero Cuadrado), era desautorizar los trabajos y las conclusiones de la Asamblea Conjunta.

A pesar de este contratiempo, el cardenal Tarancon, firme defensor de la Asamblea, afirmó que el texto de la Congregación para el Clero no tenía carácter normativo ni había sido aprobado por el papa Pablo VI, que, por otra parte, desconocía el documento. Finalmente, el cardenal Jean Villot, Secretario de Estado del Vaticano, dirigió una carta a la Conferencia Episcopal Española, para indicar que el documento había sido una confusión (¿una maniobra malintencionada?), a la vez que valoraba positivamente los trabajos de la Asamblea Conjunta obispos-presbíteros de septiembre de 1.971.

Guerra Campos

A las diócesis valencianas se vivió la Asamblea según el talante de los sacerdotes jóvenes. Así en l’Alcúdia, donde teníamos un cura muy conservador, D. Vicent Aranda, afortunadamente también teníamos un joven coadjutor, Miguel Díaz, aperturista y abierto a la realidad social y política que vivíamos. Y fue él, Miguel Díaz, quien nos hablaba a los jóvenes de la parroquia de la importancia de la Asamblea Conjunta y de sus logros, así como de los nuevos aires que venían de Roma y que finalmente, con la Asamblea, llegaron a la Iglesia valenciana, a pesar de una jerarquía (a excepción del obispo de Sogorb-Castelló, Josep Mª Cases), aún profundamente conservadora, muy españolista y fuertemente ligada al régimen. El vicario Miguel Díaz fue quien nos animó a los que en aquel momento éramos jóvenes, a participar activamente en la Iglesia y a acoger el aggiornamento, que hacía de las comunidades cristianas unas comunidades más vivas y más comprometidas con nuestra sociedad y los problemas que tenía. Solo cabe decir, como anécdota, que D. Miguel nos cedió los locales parroquiales para los actos que un grupo de jóvenes de l’Alcúdia organizamos a finales de los años setenta, con motivo del Congrés de Cultura Catalana.

Cabe destacar que ahora hace 50 años, en una Iglesia aún ligada al franquismo, la Asamblea, en la cual participó una parte muy importante del clero español, optó por el aggiornamento, acabando de esta manera la etapa de colaboración con el régimen, en un nacionalcatolicismo asfixiante, donde el franquismo tenía a la Iglesia atada de pies y manos en una actitud antievangélica. Ante la apuesta renovadora de la mayoría de los participantes en la Asamblea Conjunta, los que intentaron frenarla o desprestigiarla y que pertenecían a los sectores más inmovilistas de la Iglesia, no consiguieron su objetivo. De esta manera, la Asamblea Conjunta significó el inicio de una Iglesia renovada y desligada del poder.

Este giro aperturista y renovador de la Iglesia española que se manifestó en las conclusiones de la Asamblea Conjunta, se reflejó el marzo de 1.972 en las elecciones a la Conferencia Episcopal, cuando el cardenal Tarancon fue elegido presidente de la CEE. Como vicepresidente fue elegido el cardenal arzobispo de Sevilla, José Mª Bueno Monreal y la secretaría general recayó en el también renovador Elías Yanes, obispo auxiliar de Oviedo. Por el contrario, el sector más conservador del episcopado, que presentó al cardenal Marcelo González Martín para los tres cargos, no consiguió ninguno de ellos. Así comenzó una nueva etapa de la Iglesia española, que tuvo su origen en la Asamblea Conjunta de ahora hace 50 años.

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