Piden a la Iglesia holandesa sanciones a los curas abusadores Bélgica investiga si la cúpula católica encubrió abusos sexuales de sacerdotes
La justicia belga afila su investigación contra los abusos de pedofilia en la Iglesia católica con el fin de determinar si la cúpula eclesiástica encubrió a sus sacerdotes para evitar el escándalo. Armados con documentos que incluían casi 90 denuncias y testimonios de unas 200 víctimas, la policía federal belga allanó el lunes y martes varias diócesis de distintas ciudades de Bélgica, entre ellas Amberes, Brujas y Gante, para acelerar la investigación.
Estamos ante "una fase clave del Operativo Caliz", explicó la portavoz de la fiscalía, Lieve Pellens, al referirse al nombre que se le dio a la investigación que realiza la justicia belga desde la primavera de 2010 sobre si los más altos cargos de la Iglesia católica estaban al tanto de los abusos y los encubrieron para evitar el escándalo.
"Estamos a la búsqueda de pruebas contundentes", añadió.
En un intento de cerrar uno de sus capítulos más oscuros de los últimos años, la Iglesia católica de Bélgica se comprometió a mediados de diciembre a indemnizar a las víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes con sumas que van, dependiendo de la condena, de 2.500 a 25.000 euros.
Para un atentado al pudor contra una persona de 16 años, la compensación fue estimada en 2.500 euros. Pero una persona que sufrió "violación con circunstancias agravantes podrá recibir hasta 25.000 euros".
Al igual que Estados Unidos, Irlanda y Alemania, la Iglesia católica belga se vio manchada por un escándalo de pedofilia, con más de 500 denuncias contra sacerdotes.
La investigación en Bélgica para verificar si la Iglesia es o no culpable de ocultar los escándalos de pedofilia debió empezar casi de cero luego de que en noviembre la justicia invalidara una parte importante de los registros.
La Sala de Acusación del Tribunal de Apelación de Bruselas declaró nulas las pesquisas realizadas el 24 de junio de 2010 en la sede de la Iglesia belga, la archidiócesis de Malinas (norte de Bruselas), así como en el domicilio del ex primado de Bélgica, el cardenal Godfried Danneels.
Las denuncias de abusos sexuales se acumularon contra la Iglesia belga después de que el obispo de Brujas, Roger Vangheluwe, reconociera que había abusado sexualmente de un sobrino, lo que le llevó a dimitir.
Desplazado de Bélgica a Francia, donde debía hacer penitencia, Roger Vengheluwe volvió a escandalizar a la opinión pública belga reconociendo que, en realidad, había abusado de dos de sus sobrinos y minimizando los hechos.
En septiembre de 2010, una comisión publicó los testimonios de cerca de 500 personas que acusaban a eclesiásticos de haber abusado de ellos durante su juventud.
La mayoría de los testimonios se referían a abusos cometidos entre los años cincuenta y ochenta, por lo cual han prescrito tanto para la justicia civil como para la eclesiástica.
Tras meses de silencio, los obispos reconocieron en junio pasado su "responsabilidad moral" y se comprometieron a indemnizar a las víctimas, al igual que a mejorar la selección de sus aspirantes a sacerdotes.
Por otra parte, representantes de las víctimas de abusos sexuales en Holanda por parte de sacerdotes solicitaron hoy ante el Parlamento que la Iglesia católica sancione a los eclesiásticos implicados en ese tipo de delito, que ha afectado a hasta 20.000 menores en este país.
Las víctimas de los abusos participaron en una audiencia en el Parlamento para analizar las conclusiones de la comisión Deetman, que, dirigida por el exministro Wim Deetman, investigó abusos sexuales de sacerdotes a menores y cuyos resultados se presentaron el pasado diciembre.
El portavoz de la organización de víctimas KLOKK, Guiddo Klabbers, indicó que "hay vías dentro de la Iglesia para sancionar a los sacerdotes implicados".
Klabbers propuso esa solución tras constatar que para gran número de las víctimas, en su mayoría varones, se ha cerrado la vía judicial porque los delitos, gran parte de los cuales se produjeron entre 1945 y 1981, han prescrito.
Otro de los representantes de las víctimas, Ton Leerschool, opinó que además la Iglesia debería ser multada por "todo el daño social causado" y que ese dinero sea utilizado para abrir una oficina de ayuda a los afectados.
También criticaron la escasa respuesta recibida por parte de la Iglesia católica desde que se presentó el informe de la comisión Deetman, el pasado 16 de diciembre.
El miembro de la organización "Mea Culpa", Bert Smeets, se quejó de que las pesquisas de la comisión han ignorado a "las mujeres que se quedaron embarazadas y cuyos bebés les fueron arrebatados, así como a las víctimas de violencia no sexual por parte de sacerdotes".
Los representantes de las víctimas coincidieron en señalar que muchos de los afectados carecen de la información necesaria para solicitar compensaciones, las cuales podrían ascender a 100.000 euros en casos de abusos graves, como penetraciones.
Por su parte, el arzobispo de Utrecht, Wim Eijk, precisó ante las preguntas de los diputados que estima que en este momento solamente "tres sacerdotes" implicados en abusos están en activo.
Eijk reiteró la "vergüenza" de la Iglesia católica a causa de que se hayan producido abusos sexuales a menores y aseguró que trabaja "en la implementación de las recomendaciones" de la comisión Deetman.
Esa investigación constató que "entre 10.000 y 20.000" menores fueron víctimas a partir de 1945 de abusos sexuales por parte de religiosos en Holanda, una práctica que era conocida por una jerarquía eclesiástica cuya mayor preocupación era evitar el escándalo.
También identificó a 800 presuntos autores -105 de los cuales siguen vivos- y concluyó que los abusos, que ocurrieron en instancias como orfelinatos, seminarios e internados, iban desde el puro contacto físico hasta penetraciones, de las que estimó se produjeron "unas 1.000".
Todavía son inciertos los pasos que la clase política holandesa quiere dar tras el análisis hoy del contenido de la comisión Deetman.
A última hora hoy comparecerán representantes de las oficinas de ayuda a las víctimas y miembros del Ministerio Fiscal. (RD/Agencias)
