Gregorio Delgado Contra el encubrimiento
(Gregorio Delgado, catedrático).- Aunque nunca se ha querido reconocer, lo que de verdad ha indignado a la opinión pública en el escándalo de los abusos sexuales del clero ha sido la hipocresía de su comportamiento. Diría que no ha sido ni es tanto el hecho en sí -que lo es y de una gravedad extrema- cuanto que, habiendo incurrido en ese ‘culto sacrílego', se busque ocultarlo, que no trascienda (se lava en casa), que no se sepa.
Lo que ha molestado y molesta es que, encima de haber cometido tan gravísimo pecado y delito, quieran pasar como lo que no son, como si nada hubiese sucedido. Sobre este concreto aspecto, no se ha escuchado ni tan siquiera el eco lejano del ‘mea culpa'.
Este modo de afrontar, en otro tiempo, tan injustificables comportamientos, fue impuesto con manifiesta complicidad -no reconocida- en la Curia romana y en el Episcopado. Es decir, el sistema de encubrimiento de los delitos sexuales de clérigos y/o religiosos estuvo dirigido, sin duda alguna, por la poderosa Congregación para la Doctrina de la fe, que presidió tanto tiempo el cardenal Ratzinger, sin que se puedan excluir otras implicaciones de personajes significados de la misma Curia romana.
Es más, en Carta enviada a todos los Obispos (18 de mayo de 2001), tan poderoso príncipe de la Iglesia estableció que estas causas de abusos estarían, en lo sucesivo, ‘sometidas a secreto pontificio'. Criterio que no se ha modificado hasta ahora (está plenamente vigor) a pesar del rechazo que causa en la cultura actual y a pesar de las dificultades de armonización que presenta con el criterio de la transparencia y la tutela de ciertos derechos fundamentales.
Es evidente, por otra parte, que semejante criterio, configurador de la respuesta actual de la Iglesia, se aplicó -dicho sea en su descargo- por muchos Obispos siguiendo las instrucciones de Roma. Tuvo muy diferentes manifestaciones y en algunos países -USA, Irlanda, Australia, Alemania, Bélgica, Holanda, etcétera-, dio lugar a verdaderos conflictos con las Autoridades estatales.
En España, los Obispos, que tuvieron que afrontar situaciones aisladas de esta naturaleza, también se movieron, en muchos casos, en el marco de la política que provenía de Roma: encubrimiento y ocultación. Incluso, la Conferencia episcopal española -al dar cumplimiento a la Circular de 3 de mayo de 2011- se movió con la vista puesta en procurar la menor publicidad posible. En efecto, la aprobación de los procedimientos adecuados impulsada por Roma se mantuvo en la más absoluta de las reservas. Nadie -ni siquiera quien intervino en alguno de estos procedimientos concretos contra algún clérigo- tuvo conocimiento ni acceso a su contenido. Todo quedaba en casa, bien tapado y oculto.
Con el papa Francisco, las cosas han cambiado definitivamente. La verdad es la verdad y no debemos esconderla, proclamó en su momento. Desde entonces, ya no hay excusa ni pretexto para ocultar y encubrir. Si algún Obispo actúa, en lo sucesivo, con olvido (negligencia) de tan claro criterio, le será exigida la correspondiente responsabilidad. ¡Ya era hora, por cierto!
El 23 de abril de 2015, RD editaba una noticia en sus páginas respecto de un Obispo encubridor: Robert Finn, de Kansas City-St. Joseph en Missouri. ¿Cuál había sido su negligencia? Posponer, durante seis meses, la preceptiva información a la policía sobre el reverendo Shawn Ratigan, posteriormente declarado culpable de cargos de pornografía infantil. El Obispo en cuestión, que se reconoció culpable del encubrimiento, fue condenado a dos años de libertad condicional en 2012. Ahora, la Santa Sede -después de la intervención pública del propio Card O' Malley en el sentido de demandar la intervención papal con urgencia-, ha aceptado su renuncia, acogiéndose a la circunstancia que se contempla en el Decr. Christus Dominus, n. 21 del Concilio Vaticano II (‘.... por otra causa grave se hacen menos aptos para el cumplimiento de su cargo').
En esta línea y con el objetivo de fijar una norma de carácter específico contra tan reprobable comportamiento (ocultación) en materia tan grave, el Card O' Malley, Presidente de la Comisión Pontificia para la tutela de los menores, ha propuesto un debate en el seno del C-9 en su novena reunión. Según el Portavoz vaticano (OR 16,2015, pág. 2), se trata de "cómo afrontar, con qué procedimientos y competencias ... los casos de abuso de oficio, omisión, responsabilidad, en particular por parte de personas que tengan responsabilidad: sacerdotes, obispos, superiores religiosos u otros". ¡Ojalá se aprueba en corto plazo la pertinente norma universal! Con tal iniciativa, se incrementará la credibilidad de la Iglesia.
Por último, hemos de llamar la atención a los Obispos sobre otra circunstancia que harían muy bien en no pasar por alto. El Tribunal de Apelaciones de Lieja ha condenado al arzobispo de Malinas-Bruselas, André-Joseph Léonard, presidente de la Conferencia Episcopal belga, a indemnizar con 10.000 euros a un antiguo monaguillo que fue violado por un sacerdote, por haber actuado "con pasividad" ante el caso (presuntamente, haber intentado ocultar el caso y haber aconsejado no presentar denuncia).
Se está cerrando, como vemos, el círculo vicioso en la propia Iglesia. A su vez, las legislaciones de los Estados respectivos pueden contemplar y contemplan estas situaciones y actuar en consecuencia.
