Buenos Aires (Patricio Downes, Religión Digital). La Iglesia Católica en la Argentina tiene previsto insistir con su propuesta de diálogo para una reforma política, luego de una campaña electoral en la que resultó derrotado el matrimonio presidencial de Cristina Fernández de Kirchner y su esposo Néstor Kirchner.

Dicha campaña, adelantada cuatro meses por conveniencia política de los Kirchner, tuvo ribetes de clientelismo, violación de la veda electoral en actos encabezados por la propia mandataria y de las llamadas candidaturas "testimoniales". Este engendro fue impulsado por Néstor Kirchner, entonces presidente del Partido Justicialista, para reforzar sus votos, que ya estimaba flacos para vencer en los comicios.


Las candidaturas "testimoniales" consistieron en la presentación de intendentes y gobernadores de fuerte predicamento en sus distritos, encabezando las listas de candidatos a diputados, senadores y concejales.

Así lo hizo, por ejemplo, Daniel Scioli, gobernador de Buenos Aires -el mayor distrito electoral del país, con el 37% del padrón electoral-quien perdió la elección y luego anunció que no se haría cargo de la banca de diputado porque permanecería en su silla de gobernador.

La Iglesia Católica se ha propuesto una reforma electoral profunda, que fije normas precisas y que sean cumplidas. También invitó a los jóvenes laicos a que descubran su misión de conjunto en el momento actual, entendiendo como una herramienta fundamental la búsqueda de consensos para un proyecto de país con justicia y solidaridad con vistas al Bicentenario 2010-2016.

En la última campaña tampoco se cumplió la norma constitucional de internas abiertas y se dio la paradoja de dos sectores en pugna que se arrogan a sí mismos el caracter de justicialistas o peronistas, aunque con diferentes nombres.

Además, el ex presidente Kirchner compitió como diputado por la provincia de Buenos Aires, alegando sus dos años de residencia en la provincia. Esto es porque la casa en la que residen los presidente argentinos está ubicada en Vicente López, en la Quinta de Olivos, una rica y aristocrática ciudad del norte del Gran Buenos Aires, junto al Río de la Plata.

Ahora, la Iglesia, dirigentes de otras confesiones religiosas y alrededor de medio centenar de ONG decidieran volver a impulsar tras las elecciones la tan mentada y siempre postergada reforma política.

Será la tercera vez desde que en 2001, en los últimos y convulsionados momentos del gobierno de Fernando de la Rúa, el Episcopado armó la Mesa de Diálog. Los acuerdos fueron elevados en julio de 2002 al entonces presidente Eduardo Duhalde, quien dijo que no contaba con el apoyo de los gobernadores para propiciarla en el Congreso.

Las propuestas fueron relanzadas a mediados de 2004 durante un acto en el Cabildo de Buenos Aires, que contó con la presencia de casi todos los grandes referentes de los principales partidos. Néstor Kirchner, entonces presidente, no asistió y la iniciativa nunca prosperó en un Congreso con hegemonía kirchnerista.

En 2006 se retrocedió aun más porque se sancionó una ley que eliminó las internas abiertas que habían sido sancionadas en junio de 2002, cuando arreciaban las críticas a los políticos bajo la consigna del “que se vayan todos”.

Entre las propuestas, se cuentan la unificación, en un solo día de votación, de la elección de todos los cargos en el orden nacional y la ratificación de una fecha fija; la reimplantación de las internas abiertas y simultáneas para autoridades partidarias y los candidatos; fijación de un sistema de financiamiento de la política que atienda mejor los objetivos de transparencia; implementación del voto electrónico y recomendación contraria a la reelección indefinida de gobernadores e intendentes.

Ahora, sin hegemonía del matrimonio Kirchner -autoritarios y feroces con sus adversarios y con su propia tropa que se torne levantisca- hay mayores posibilidades de una reforma. La primera medida que la oposición desea tomar es la derogación de los llamados superpoderes para mejorar la calidad institucional. Esa herramienta fue usada por el matrimonio presidencial para repartir premios y castigos a provincias con gobiernos amigos o adversarios y hasta a pequeños municipios, algunos de ellos perdidos en la selva de Misiones o en los valles andinos.

El nuevo intento de reforma política será comandado por la comisión Justicia y Paz del Episcopado, conformada por un grupo de laicos y que asesora el presidente de la Pastoral Social, el influyente obispo de San Isidro, Jorge Casaretto.

Desde hace algún tiempo, este equipo se viene reuniendo con cámaras empresariales y centrales obreras que se han manifestado sensible a la fijación de políticas de Estado.

Por lo demás, algunos obispos aprovecharon el Tedéum del 25 de Mayo para subrayar la necesidad de la reforma política. El arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, dijo que “en el tiempo electoral que se precipitó anticipadamente están ocurriendo algunas rarezas que rozan los límites de la legalidad, como las candidaturas testimoniales; una incalificable concepción de la política se pone de manifiesto en ellas”. Y señaló que “desde hace años se viene auspiciando una reforma que aún se hace esperar”.

En tanto, el vicepresidente primero del Episcopado y arzobispo de Tucumán, Luis Villalba, al citar el documento de los obispos “Hacia un Bicentenario en justicia y solidaridad”, señaló la importancia de avanzar en “la mejora del sistema político y la calidad democrática”. Y el obispo de Gualeguaychú, Jorge Lozano, agregó que –al igual que en otros países– se ve “un deterioro institucional que aqueja a los partidos políticos” y que favorece “el descreimiento”.