Patricio Downes (RD).- El obispo de Dourados, en el estado de Mato Grosso do Sul, pidió una solución para los 40.000 aborígenes de distintas etnias que viven en su diócesis luego de la desocupación de una hacienda que había sido tomada por ellos y militantes "sin tierras", efectuada por la policía. El obispo douradense, Redovino Rizzardo, defendió al mismo tiempo la situación de los productores lugareños que temen que los despojen de sus propiedades, en una nota publicada este fin de semana, titulada "Cuando la justicia no es igual para todos".

Rizzardo señaló que la recuperación policial de la Fazenda Santo Antonio de Nova Esperanza, ocupada por aborígenes desde hacía unos 20 meses, en Río Brillante, Mato Grosso do Sul. "Ese día 11 de septiembre de 2009, yo me encontraba en Roma, participando de la visita al Papa Benedicto XVI..... Como se sabe, a partir de 2001, el día 11 de septiembre pasó a ser visto como fatídico en la historia de la humanidad, por todo lo que significó el derrumbe de las torres Gemelas, en Nueva York", señaló.

Agregó que la toma de la hacienda por la policía, coincidió con dicha fecha. "Naturalmente, hechos de esa envergadura ganan las tapas de los medios internacionales, llevando a las personas de buena voluntad a preguntarse cuándo Brasil pagará su deuda de siglos con los pueblos indígenas, de quienes ocuparon sus tierras a partir del ‘descubrimiento’ de Pedro Alvares Cabral", señaló.

El obispo de Dourados, consideró que "una lectura superficial de los acontecimientos de Río Brillante podría llevar a creer que se hizo justicia porque la propiedad (de la hacienda) volvió a sus dueños. Con todo, según mi parecer, la justicia sólo es verdadera y completa cuando engloba también a los indígenas, sujetos de los mismos derechos –y naturalmente de los mismos deberes- que los demás ciudadanos brasileños. La legislación que rige una nación es idéntica para todos. Si ninguno puede invadir la propiedad ajena y todos tienen derecho de defender lo que es suyo, el mismo principio vale también para los indios, sin duda los que sufren más injusticia entre todos los brasileños".

Monseñor Rizzardo dijo que esto no significa que esté contra los productores rurales, sobre todo los pequeños agricultores, "que adquirieron sus tierras legalmente y las cultivan con el sudor de su rostro. Comprendo -tanto sus preocupaciones por las ingentes dificultades que deben enfrentar para hacer fructificar un suelo, no pocas veces castigado por la inclemencia del tiempo y por los precios e impuestos injustos-, cuanto sus tensiones, por el miedo constante de ver sus propiedades invadidas, en todo momento, por indios y sin tierras".

Agregó que no es posible prolongar esta situación que, "además de humillarnos ante la opinión pública mundial, es una tremenda injusticia contra una multitud de brasileños, que sólo piden los mismos derechos que se conceden a sus demás conciudadanos". El obispo de Dourados comentó que en teoría "todos nos posicionamos en favor de los indios", pero que en la práctica "de hecho, parecemos querer que desaparezcan de la faz de la tierra, porque no pasan de ser un estorbo para el desarrollo del país".

"Al solicitar del gobierno una actitud firme y prudente, que ponga fin a un estado de cosas insostenible, no soy llevado por motivos religiosos, sino simplemente humanos. De hecho, casi la totalidad de los 40.000 indios que viven en la diócesis de Dourados es evangélica o sigue su religión tradicional", señaló Rizzardo.

"¡Exactamente al contrario de los agricultores que, en su mayoría, son católicos!. Ni estoy afirmando que la única solución sea la demarcación de las tierras que habrían pertenecido a sus antepasados, por la lentitud e incerteza que la medida comporta. La simple posesión de la tierra puede no ser la mejor solución. Junto con ella, lo que los indios necesitan son las mismas condiciones de vida que se ofrecen a los demás brasileños, sobre todo en el campo de la educación, de la salud, de la vivienda y del empleo. Solamente así, la justicia será igual para todos".