Tienen razón quienes aseguran que el Estado español no sólo no es laico, sino ni aconfesional. Hay graves problemas constitucionales con los profesores de religión, a quienes elige o echa la Iglesia y el Estado paga.

Los acuerdos con Roma en el 79, la mención en la Constitución, el haberse convertido en su recaudador y en eco de su enseñanza en las escuelas, hacen que unos españoles se beneficien de una gran desigualdad de trato.

Todas las confesiones han de autofinanciarse; teniendo en cuenta, sin duda, las propuestas sociales que ofrezcan. Y en la educación, esta materia ha de tratarse histórica y no partidistamente. El patrimonio cultural no católico corre el riesgo de perderse. Además de haber sido, en el pasado, el que sufrió el pisoteo de la Iglesia y de los gobernantes. Ya es hora de igualar.

Antonio Gala