Las relaciones entre la Iglesia y el Estado atraviesan un momento, si no dulce, de franca distensión. Pocos apostaban por la concordia entre un Gobierno socialista y un Episcopado comandado por el sector más conservador. Pero el pasado domingo se evidenció que la Iglesia española, atendiendo las recomendaciones vaticanas, está dispuesta a mantener el tono de la crítica en un registro bajo, muy lejos de las feroces andanadas lanzadas un año atrás en el multitudinario acto por la familia.

Esta situación es en buen media resultado de los acuerdos en vigor entre la Iglesia y el Estado. Un sistema muy favorable en lo económico para la Iglesia, según la opinión general. Es fruto del pacto alcanzado a finales de 2006 y que suponía un nuevo capítulo en una historia de tres décadas de encuentros y desencuentros.

La Constitución de 1978 establece en su artículo 16 que los poderes públicos «mantendrán las consiguientes relaciones de Cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones». El sistema se implantó realmente en mayo de 1988 y con un porcentaje del 0,5239 del IRPF que la Iglesia juzgó siempre insuficiente. El Estado realizaba por su parte una aportación directa a las arcas de la iglesia vía Presupuestos Generales.

A pesar de la constante demanda de la Iglesia de modificación y mejora, el sistema no se alteró durante casi tres lustros en los que socialistas y populares se alternaron en el Gobierno. El único cambio notable fue que partir de 2000 era posible señalar ambas casillas -Iglesia y otros fines- sin merma para los ingresos de la Iglesia. En 2005 la Iglesia recaudó 145 millones, cuando el Estado le había anticipado 142. En 2006 la recaudación fue de casi 174 y el anticipo público de casi 145.

Miguel Lorenci (La Verdad)