El ala derecha de la jerarquía eclesiástica española le está echando un pulso al Gobierno socialista a cuenta de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que quiere convertir en la última trinchera de un combate destinado a frenar su pérdida de influencia en la sociedad y a desgastar a un Ejecutivo al que ve como enemigo. Tras perder las batallas contra el divorcio, la interrupción legal del embarazo y los matrimonios entre personas del mismo sexo, trata de conservar para la Iglesia el monopolio de la educación moral.

El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco, ha llamado a los católicos a desobedecer las leyes aprobadas por el Parlamento y las normas dictadas por el Gobierno legalmente constituido. Los padres, dijo, deben hacer objeción de conciencia para que esa asignatura obligatoria no se imparta a sus hijos. La jerarquía no ha logrado que los colegios religiosos, salvo una minoría exigua, boicoteen la nueva materia y se arriesguen a perder los conciertos educativos con el Estado.

Al cardenal Rouco y a quienes le secundan les trae al pairo que la nueva asignatura obedezca a recomendaciones de la UE aplicadas ya en otros países para difundir entre los jóvenes los valores cívicos y democráticos.

La Administración debe velar porque los contenidos de los manuales se adecuen a los objetivos de la asignatura. En caso contrario debe intervenir la inspección educativa de las comunidades o, en su defecto, la alta inspección del Estado.

Editorial El Periódico