Los obispos rompen la distensión con el Gobierno por el aborto

"Quitar la vida a una persona es el atentado mayor que se pueda cometer", dijo. Será el primer pulso de la jerarquía católica contra los socialistas a pesar de los gestos del Gobierno hacia la Iglesia y desde que el Ejecutivo que preside Rodríguez Zapatero mejoró la financiación del Estado a la Iglesia católica, con un incremento del 34% de la cuota que los fieles pueden destinar a su confesión mediante el IRPF.
El cartel con un niño que gatea sonriente al lado de un lince va a inundar las calles de España en las próximas semanas. "¿Y yo? ¡Protege mi vida!", pide el chiquillo. A su lado, el lince luce una cuña de garantía de protección total. En la cabecera del anuncio, unas fotografías representan el desarrollo de un bebé desde el embrión, su crecimiento progresivo en el útero materno, y la figura de una embarazada de nueve meses.
La tesis de los eclesiásticos es que el niño está claramente menos protegido que el lince por la legislación española. "Está muy bien que se ampare a los animales en peligro de extinción, que se proteja la diversidad de la biosfera, pero justamente esta sensibilidad mayor que tenemos para la biosfera nos debe hacer reflexionar acerca de la necesidad de proteger, no menos, sino más, a los seres humanos que van a nacer", sentenció el portavoz episcopal.
Su tesis no ha variado. El aborto es un crimen horrendo, y el Estado, legalizándolo, se hace cómplice del mismo. Cuando el Gobierno envíe el proyecto de ley reformando lo aprobado en 1985, lo dirán alto en una carta pastoral, que guardan como oro en paño. Además de combatir al Ejecutivo, el episcopado quiere luchar también contra la "permisividad moral y social" que acepta sin inmutarse "la eliminación" de un ser antes de nacer. Entre las muchas "patologías de la razón" que sufre la humanidad, ninguna es peor que la aceptación social del aborto.
El cartel presentado ayer, del que se han hecho 30.000 copias, se exhibirá de manera preferente en los centros educativos católicos y en los templos, pero también en 1.600 enormes vallas en calles de 37 ciudades (215 vallas en Madrid y otras tantas en Barcelona). Ocho millones de dípticos se entregarán en mano. Martínez Camino no desveló su coste.
¿Meterían en la cárcel los obispos a las 112.000 mujeres que abortan voluntariamente en España cada año? No hay pregunta que incomode más a los prelados. Su portavoz aludió ayer a que el Código Penal prevé penas incluso de prisión para los que atenten contra la fauna y la flora protegida, pero se negó a responder sobre si estaba sugiriendo que la mujer embarazada y quienes intervienen en la comisión del aborto deberían sufrir también penas de cárcel. Martínez Camino titubeó y se limitó a recordar que "la ley que no protege el derecho de una persona a nacer es una ley injusta, e incluso no tendrá ni siquiera el carácter de ley". Sobre los casos excepcionales, "debe ser el juez quien debe dictar la pena, a tenor de circunstancias eximentes o atenuante de cada caso".