Hace pocos días se celebró una jornada auspiciada, entre otros, por el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, bajo el título «Novedades en la visión del personal de las Administraciones Públicas».

Una de las ponencias estuvo a cargo del magistrado especialista de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del TSJ de Asturias, don  José Ramón Chaves García: «Problemática actual del personal de las Administraciones Públicas». En la misma decía que el empleo público ha sufrido siete plagas, y que en estos momentos, como el peregrinar del pueblo judío, se encuentra en las tierras del desierto para alcanzar la Tierra Prometida, es decir, una función pública digna, profesional, valorada y eficaz.

Las plagas que me han parecido más acertadas (según su ponencia), y que abundan también en el profesorado de Religión, son las siguientes:

• Los principios. Hay un sinfín de principios para llegar a la conclusión de Groucho Marx: «tengo estos principios, pero si no le valen, tengo otros». Es la moda de la planificación, que a la postre no es más que burocracia que pretende dar una apariencia de modernidad, de avanzar hacia alguna parte....

• Lo discrecional. El empleo público, dice, está sometido en su gestión a la discrecionalidad inherente a la potestad de organización que supone que sus decisiones están sometidas al amplísimo criterio de la autoridad de turno, y que se manifiesta en el diseño de estructuras orgánicas, plantillas, relaciones de puestos de trabajo, o la aplicación del «interés del servicio». Un cheque en blanco que rellena el político que gobierna y sus adláteres. No suele darse una auténtica garantía como es la exigencia de motivación y cumplida justificación de cada decisión.

• La coexistencia de distintas tribus. El empleo público español está marcado por la confusión propia de la Torre de Babel, ya que hace coexistir distintos colectivos y modelos que hacen ingobernable con plena eficacia la gerencia del empleo público. Muchos frentes, distinto régimen jurídico y la eterna sombra del agravio comparativo.
• El reclutamiento frívolo. La selección del personal (oposiciones y concursos) y la adjudicación de destinos (concursos y libre designación) no están siempre acordes a las necesidades objetivas ni a los principios de mérito y capacidad. Están desconectadas de las necesidades objetivas y se construyen por el tejado: entre otras, los infames atajos, las razones clientelares, la discrecionalidad técnica, el abuso de y en los concursos de provisión y en la libre designación.
• El botín electoral. El peso de la política incide sobre el empleo público de forma desproporcionada: tal y como se dice en El Gatopardo, los partidos políticos aspiran a «cambiar todo para que nada cambie». La alternancia de gobiernos trae consigo cambios de capas directivas (cargos políticos, directivos, libres designaciones, eventuales), cada uno con su librillo, lo que provoca enormes limitaciones procedimentales y procesales para reaccionar frente a los abusos y defenderse.

Ante ello, propone lo siguiente:

1. a) En lo político. Devolver la prioridad a las políticas de empleo público y que estas no sean herramientas de recompensa o castigo según el sesgo ideológico.
2. b) En lo jurídico. O bien, el legislador legisla y el ejecutivo reglamenta con seriedad y rigor técnico, o en su defecto, hay que confiar en que la jurisprudencia establezca doctrina casacional que complemente lagunas y aclare normativas.
3. c) En lo técnico. La administración electrónica impone la reconversión del empleado público; la administración automatizada comporta un modo de trabajar rápido, exacto y muy controlado de la eficacia y rendimiento del funcionario.
4. d) En lo humano. Se impone recuperar el papel de servicio, tanto en directivos (liderazgo real) como en los empleados públicos.

Todos somos responsables, aunque es evidente que unos más que otros, pero como dijo Honoré de Balzac: «Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia».