Las Consultas Ciudadanas / Editorial. SIAME. 12 de enero.- No cabe duda que uno de los instrumentos para la participación del pueblo, en momentos importantes del desarrollo de un país, es la llamada consulta ciudadana. Mas allá de las elecciones políticas para designar gobernantes y legisladores, la consulta ciudadana permite a la sociedad intervenir de manera directa y eficaz en asuntos de gran trascendencia para la vida de todos, propiciando que la misma sociedad asuma su corresponsabilidad en la orientación del Estado y sus instituciones.

Son los sistemas totalitarios o los regímenes dictatoriales los que ven con temor este mecanismo democrático. No podemos desconocer que también puede ser mal utilizado por sistemas populistas que manipulan la opinión pública, pero un abuso no descalifica la bondad de un mecanismo político, sino que pide poner reglas claras y procedimientos transparentes para alcanzar el objetivo deseado: la expresión auténtica de la opinión pública sobre temas de interés común.

En nuestro país esto es algo prácticamente desconocido, pues no estamos acostumbrados a ser tomados en cuenta ni en plebiscitos, ni en referéndums, ni en consultas ciudadanas o populares, no obstante que nuestra Constitución lo contempla en algunas circunstancias; todo queda en manos de un puñado de personas que generalmente responden a intereses partidistas más que al bien de la sociedad.

En días recientes, un grupo de partidos políticos han levantado la voz contra una reforma constitucional que viene a cambiar el manejo de los recursos petroleros y la producción de energía en nuestro país. Piden una Consulta Popular en virtud del significado histórico y nacionalista que tiene la explotación de los recursos naturales para la producción de energía. No podemos sino estar de acuerdo que en temas de trascendencia, y en aras de la unidad nacional debemos ser capaces de utilizar estos mecanismos para dar mayor certidumbre a las decisiones. Más aún, sería de igual o mayor importancia pedir la participación social en el tema de la Reforma Educativa, no sólo en lo que se refiere a la superación de los abusos y vicios sindicales, sino, sobre todo, a los contenidos y orientación de los valores educativos.

Sin embargo, no podemos dejar de recordar que fue precisamente uno de estos partidos que ahora pide, exige a gritos una consulta, el mismo que autoritariamente se opuso a tomar en cuenta a la ciudadanía en la capital de la República en rubros de mayor importancia para todos, como son los que se refieren a la ley criminal del aborto; a las uniones homosexuales que han afectado profundamente la institución familiar; al respeto a la integridad de lo niños adoptados que tienen derecho a un padre y a una madre, por encima del deseo egoísta de algunas parejas del mismo sexo.

En su momento, algunos de estos políticos actuaron con autoritarismo y soberbia, pasando por alto las voces discordantes, insultando y ridiculizando a sus opositores e imponiendo de forma ofensiva criterios de minorías con el grosero mayoriteo legislativo, en un claro ejemplo de abuso de poder.

Esto nos hace ver que la Consulta Popular, como le llama la Constitución, no sólo debe ser un recurso para los partidos políticos, sino también para los ciudadanos, a fin de que de manera organizada puedan tener la capacidad de orientar y definir las políticas públicas en concordancia con los valores de la sociedad y con respeto indeclinable a la dignidad humana de todos.