Guillermo Gazanini Espinoza / El jueves 5 de octubre, el fiscal especializado para la atención de los delitos electores, Santiago Nieto Castillo, y el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Mons. Alfonso G. Miranda Guardiola, firmaron un peculiar convenio para desarrollar el "Programa de trabajo en materia de capacitación, difusión, y divulgación para prevenir la comisión de los delitos electorales y fomento a la participación ciudadana”.

En escuetos comunicados, ambas partes coincidieron en el beneplácito para sumar esfuerzos en la prevención de cualquier delito electoral. Por un lado, la Fiscalía apuntó al combate a la corrupción, la impunidad y al desvío de recursos de los programas de desarrollo social reconociendo a la "laicidad como elemento indispensable de la democracia dado que abona en el respeto a la pluralidad de ideas..."

Por el otro, la Conferencia del Episcopado Mexicano, a través de la secretaría general, señaló el "compromiso de la Iglesia" en favor de la promoción de la paz, la justicia, la democracia participativa, el Estado de Derecho y la legalidad en todo proceso electoral según se lee en el comunicado; a la vez, el convenio es ejercicio de "colaboración entre la FEPADE y la Iglesia católica" como expresión del cumplimiento del Estado laico que "al mantener la neutralidad religiosa en las instituciones de gobierno, se obliga a respetar el ejercicio del derecho humano a la libertad religiosa -individual y colectivamente, tanto en público como en privado- en el debido marco de la ley".

La Fiscalía ha venido pactando estos de convenios con instituciones académicas, organismos electorales locales, dependencias y gobiernos locales para la prevención y sanción de los delitos electorales; no deja de llamar la atención el firmado con la Conferencia del Episcopado Mexicano a nombre de la Iglesia católica. Primero por hacer de la laicidad el punto toral del instrumento para respeto de la pluralidad de la ideas. Convendría analizar las cláusulas a las que se compromete la secretaria de la CEM para mantener neutralidad religiosa. Es sabido que, en últimos procesos electorales, obispos y sacerdotes han sido denunciados por presunta comisión de delitos electorales por vulnerar, presuntamente, el estado laico al cuestionar la idoneidad de candidatos o de partidos políticos que atentan contra la dignidad de la vida y de la persona humana, la integridad de la familia y de la institución del matrimonio. Además, hay prelados que afrontan procesos administrativos de sanción en la Secretaría de Gobernación por presunta participación política contraria a lo señalado por el artículo 130 de la Constitución.

Y por otro lado, ¿hasta dónde llega la extensión del citado instrumento? ¿La firma por parte de la secretaría general de la CEM compromete a todos los obispos de México a observar sus cláusulas para abonar al respeto de la "pluralidad de las ideas"? ¿Aún cuando sean francamente contrarias a la doctrina social cristiana? ¿De quién provino la iniciativa para suscribir este convenio? ¿No resultaría que, por tender puentes de buena voluntad, se esté administrando un remedio peor que la enfermedad misma?