El domingo 1 de febrero, en la apertura de sesiones del tercer año de ejercicio de la agonizante LX Legislatura, la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados dio trámite a una proposición con punto de acuerdo presentado por los grupos parlamentarios de izquierda, Partido de la Revolución Democrática, de Alternativa y Convergencia, en relación al VI Encuentro Mundial de las Familias celebrado en México y que fue publicado en la gaceta parlamentaria del 21 de enero.

¿Qué motivó este punto de acuerdo? Los legisladores manifestaron su preocupación por “la participación del titular del Ejecutivo al inaugurar el Encuentro Mundial de las Familias, e ir más allá de una mera cortesía de dar la bienvenida o inaugurar un acto religioso de ésta magnitud, ya que en este evento el titular del Ejecutivo fijó su posición respecto a la familia, la violencia y la desigualdad social, no como un jefe de Estado, sino a partir de los valores morales de una iglesia en la cual milita, al afirmar que los divorcios recogidos en la legislación civil propician la desintegración familiar y esto provoca la proliferación de individuos que recurren a la violencia, olvidando que son la falta de educación, el desempleo y los desequilibrios económicos que durante más de tres décadas han sumido a nuestro país en la pobreza”.

Los proponentes no dudan en afirma que la participación del presidente de México es una clara “discriminación” a las iglesias y religiones que conviven en el país. La asistencia del jefe del Ejecutivo y otros funcionarios violó la garantía consagrada en el artículo 24 y las disposiciones del artículo 130, ambos de la Constitución Política, además de varias disposiciones de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público al haber asistido a un acto religioso donde los prelados de la Iglesia “ataviados con sus prendas litúrgico-religiosas” se opusieron y descalificaron “de manera prepotente los preceptos de las leyes del país, emanadas de la soberanía popular”, acusando, específicamente, al presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano y al arzobispo primado de México.

La exposición de los legisladores considera que los conferencistas y clérigos nacionales e internacionales se manifestaron contra los principios de las leyes del país cuando afirmaron que “sólo con los principios y normas morales de dicha iglesia (la católica) se pueden mejorar las condiciones del país al afirmar que quienes no profesan sus creencias manifiestan comportamientos antisociales”. Las afirmaciones de los jerarcas de la Iglesia sobre la condición de las mujeres, la “discriminación y exclusión social de diversas formas de familias existentes”, la procreación y el espaciamiento de los hijos, el divorcio, la diversidad sexual, la laicidad, y la educación laica fueron, a juicio de los parlamentarios, los principios fundamentales del Estado mexicano que fueron vulnerados en el VI Encuentro Mundial de las Familias.

La conclusión a la que llega la proposición formulada es la “búsqueda compartida de la solución de los problemas sociales como la igualdad entre hombres y mujeres por encima de prejuicios, dogmas o creencias religiosas de sometimiento y abnegación de las mujeres” con el respeto de todas las formas de expresión social, cultural, política y religiosa y detener la visión “retrógrada y regresiva” (sic) de la jerarquía eclesiástica en materia de derechos humanos por lo que solicitan a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión manifestar su rechazo a las expresiones contrarias a las libertades de conciencia, pensamiento, educación y de creencias del pueblo mexicano y que, según ellos, fueron expresadas en el VI Encuentro Mundial de las Familias, además de solicitar una auditoría para que las autoridades competentes investiguen el presunto uso de recursos públicos en la organización del VI Encuentro Mundial y la investigación, por parte de la Secretaría de la Función Pública, para proceder a la sanción de los funcionarios públicos que estuvieron presentes en el acto inaugural por haber asistido “en horarios de trabajo”.

¿A qué contribuye este punto de acuerdo? No podemos hablar de una persecución material contra la Iglesia; sería absurdo pensar que está siendo perseguida ya que goza de la protección constitucional y legal necesaria para poder desarrollar su labor en México. El punto de acuerdo contribuye a una inevitable reflexión sobre esta separación de los negocios civiles y eclesiásticos pero, sobre todo, a analizar el estado que guarda la sana laicidad en México.

Benedicto XVI ha alabado los sistemas laicos de algunos países, especialmente en Estados Unidos y Francia, aún cuando en estos países las acciones legislativas han lesionado los derechos fundamentales de las personas, particularmente de aquéllos que no han nacido; sin embargo, el sistema laico ha pugnado por un diálogo y cooperación entre las iglesias y el Estado; lejos está de estos países reconocer un culto religioso como oficial como todavía existe en algunos países de Latinoamérica donde los jerarcas eclesiásticos viven de las contribuciones taxativas y gozan de salarios equivalentes a los ministros con cartera en el gabinete.

El problema de nuestra condición laica es paradójico. Si bien el sistema jurídico mexicano establece claramente esta condición, nuestros candidatos y líderes de la clase política de izquierda se acercan al culto católico para pedir por el éxito de sus campañas y para que “Dios les eche una manita” y capturar el voto de los electores. En más de una ocasión he conocido que los candidatos del PRD piden el auxilio divino para tener éxito y llegar a ocupar algún cargo de elección popular y fui testigo de asambleas de barrios organizadas por simpatizantes de la izquierda al interior de los templos donde, se supone, no debería haber ningún acto partidista o político. Y aún más, mi asombro llegó al límite cuando en la ordenación sacerdotal de algunos diáconos de una orden religiosa, el recinto estaba adornado con decenas de girasoles en clara alusión al sol del Partido de la Revolución Democrática.

La discusión de la separación de la Iglesia y el Estado obedece ahora a la ley del péndulo. En un momento de nuestra historia el catolicismo fue reconocido como la religión oficial del Estado mexicano, sin tolerancia de alguna otra. Es conocido este tema en la historia de México donde, por la intolerancia, se echó mano de la fuerza para reprimir hasta llegar a un cómodo estatus donde los protagonistas estarían conviviendo en una paz simulada hasta el reconocimiento de la personalidad jurídica de las iglesias en 1992. Sin embargo, no hemos entendido la laicidad. Hoy, el sistema político mexicano argumenta que el laicismo liberal y auténtico es el que debe reducir a las iglesias a un quehacer espiritual exclusivamente sin darse cuenta, o tal vez sí, que su posicionamiento viene a imponer una ideología sobre esta República cuyos elementos fundamentales constitutivos son la democracia y la representatividad.

No se admite una laicidad en relaciones de cooperación reconociendo el hecho religioso como un fenómeno sociológico; se pugna por el laicismo beligerante que somete y aplaca la realidad religiosa en todas sus manifestaciones y denominaciones, algo muy contrario al pensamiento que quiere promover la tolerancia y el respeto. Analizar la laicidad mexicana será una de las tareas de la LXI Legislatura a elegirse el 5 de julio.