Guillermo Gazanini Espinoza / 19 de agosto.- El 19 de mayo pasado, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión dio cuenta de dos iniciativas del Ejecutivo Federal. Una para reformar el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la segunda con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal presentadas a la sociedad el 17 de mayo en el marco del día internacional contra la homofobia.

Los proyectos legislativos del presidente Peña Nieto, también conocidos como las leyes para reconocer las uniones homosexuales y equipararlas al matrimonio, así como las adopciones por parejas del mismo sexo y la prohibición del matrimonio a menores de edad, fueron turnadas a la Cámara de Diputados durante el período de receso. Por su materia, la iniciativa constitucional fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales (PRD) con opinión de la Comisión de Derechos Humanos (PRI); la del Código Civil Federal se encargó a la Comisión de Justicia (PRI) con opinión la Comisión de Derechos Humanos.

Las anteriores comisiones de la Cámara de Diputados son algunas de las que más asuntos reciben legislatura tras legislatura. Actualmente, hasta la primera quincena de agosto de 2016, Puntos Constitucionales ha recibido cerca de 240 iniciativas según los registros de la Gaceta Parlamentaria; la Comisión de Justicia también arrastra en importante rezago legislativo con cerca de 175 iniciativas encargadas a su conocimiento habiendo presentado sólo ocho dictámenes que concluyeron con algunos proyectos.

El 24 de diciembre de 2010 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Cámara de Diputados el cual establece procedimientos y términos y para trámite y resolución de proyectos de ley que quedaban en la congeladora de las comisiones ordinarias a fin de reparar las omisiones por inactividad y eficientar el trabajo de los órganos legislativos de dictamen.

Es el caso de las iniciativas presidenciales que ahora son objeto de acaloradas discusiones moviendo a distintos sectores para saber cuál es su estado y, si de prosperar en comisiones, irán al Pleno de los diputados. En primer lugar, un enemigo de las reformas de Peña Nieto fue el receso de las Cámaras. Muchos habrían pensado que, por tratarse de iniciativas del Ejecutivo, pudieran haberse resuelto de forma expedita durante los dos períodos extraordinarios. No fue así aunque hubo grupos parlamentarios que pujaron por su inclusión en la agenda de las sesiones extraordinarias.

Al haber ser consideradas como cualquier otra iniciativa, enfrentaron por lo tanto al segundo enemigo. De acuerdo con los artículos 89.2 y 183 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Puntos Constitucionales tiene 90 días para resolver sobre la iniciativa del artículo 4o, tiempo que aún corre y por vencer a mediados del mes entrante.

No corre la misma suerte la iniciativa del Código Civil Federal. Basta con atender lo dispuesto por el artículo 182.1 del Reglamento de la Cámara de Diputados para saber que la Comisión de Justicia contó con 45 días para presentar el dictamen correspondiente, someterlo a la consideración de los diputados integrantes y aprobarlo para enviarlo al Pleno de la Cámara Baja en el período ordinario a iniciar el 1 de septiembre.

De acuerdo con los mismos registros de la Gaceta Parlamentaria, la Comisión de Justicia tuvo en sus archivos el polémico documento desde el 19 de mayo. Días más o menos, la obligación para resolver por dictamen venció alrededor del 21 de julio. Esto consta por prevención de la mesa directiva publicada el 29 de junio en la Gaceta Parlamentaria, figura creada a fin de advertir a las comisiones y urgirlas a emitir dictamen lo antes posible y que desahogue el proyecto en cuestión.

De esta manera tenemos al tercer adversario. Según la información de los archivos de la Comisión de Justicia, este órgano no ha deliberado en reunión alguna, durante el receso, la iniciativa de Peña Nieto; más aún, teniendo entre sus facultades la posibilidad de solicitar prórroga por otros 45 días, no lo ha hecho (hasta el martes 16 de agosto) por lo que se presume el desestimiento para resolver al respecto.

¿Qué ruta podría seguir? En algunas ocasiones, la Junta de Coordinación Política ha emitido acuerdos para desechar todas las iniciativas que no tuvieron dictamen salvo que algún grupo parlamentario solicite, expresamente, que un documento se mantenga vigente; para el caso que nos ocupa, correspondería al grupo parlamentario del PRI, pero parece que no muestra mucho interés en que así sea.

No obstante, el reglamento da otro camino. La iniciativa de reformas al Código Civil Federal para reconocer el “matrimonio del mismo sexo” podría ser presentada ante el Pleno para ser discutida y aprobada tal y como fue propuesta por el Presidente ante la inactividad de la Comisión de Justicia. Y aquí encontramos otro enemigo. No se trataría de una aprobación por mayoría simple y en automático; debería ser avalada por la “mayoría calificada”, es decir, si en esa hipotética sesión estuvieran presentes los 500 diputados, se necesitarían 334 votos a favor de la propuesta, cosa demasiado improbable.

De esta forma, los asesores de la presidencia de la República ignoraron el camino legislativo y términos que los mismos diputados se impusieron para la mejor resolución de la carga de trabajo. El binomio sobre un eventual reconocimiento de las “uniones del mismo sexo” ahora aparece incompleto, acabado por distintos adversarios: el tiempo, los recesos de las Cámaras y las condiciones para su aprobación sin mediar dictamen. Tal es el camino que va precipitando la reforma al artículo 4o constitucional aún vigente, por lo que su tratamiento y discusión deben ser seguidos puntualmente por los electores para conocer qué acuerdos o medidas, algunas veces más allá de las reglamentarias, podrían decidir los actores en la Cámara de Diputados.

Desde luego, no hay que perder de vista otra circunstancia. En septiembre, el segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura se inaugura bajo una nueva presidencia que dejará de ser perredista. Técnicamente, sin embargo, la iniciativa de Peña Nieto al Código Civil Federal ya podría ser considerada como asunto “total y definitivamente concluido”.