Durante el Ángelus del domingo 23 de agosto, el Santo Padre dedicó un párrafo de su discurso para recordar la masacre de 72 migrantes en san Fernando, Tamaulipas: “Eran personas de diferentes países que buscaban una vida mejor. Expreso mi solidaridad a las familias de las víctimas que todavía hoy invocan justicia y verdad sobre lo sucedido. El Señor nos pedirá cuentas de todos los migrantes caídos en los viajes de la esperanza. Han sido víctimas de la cultura del descarte”.

En agosto de 2010, militares hallaron los cuerpos de 58 hombres y 14 mujeres en un paraje de Tamaulipas. La masacre de san Fernando fue una matanza de migrantes originarios de Centro y Sudamérica quienes habían salido de Veracruz hacia Estados Unidos. Fueron interceptados por el otrora brazo armado del cartel del Golfo, Los Zetas, para ser extorsionados y reclutados; la negativa de los migrantes se pagó con la muerte, pero este vergonzoso capítulo no quedó cerrado. En abril de 2011, se supo del hallazgo de más fosas en lo que se conoció como la segunda masacre de san Fernando. Más de 100 cuerpos de personas presuntamente secuestradas en este mismo modus operandi del crimen organizado.

En la masacre de san Fernando, de acuerdo con algunos medios de comunicación, se encontraron 24 hondureños, 14 salvadoreños, 13 guatemaltecos, 5 ecuatorianos, 3 brasileños y una persona de la India. Sólo dos personas sobrevivieron.

El caso llegó a instancias internacionales de defensa de los derechos humanos. En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició de oficio un expediente de queja CNDH/5/2010/4688/Q. En las diligencias, el organismo defensor de los derechos humanos constató que los migrantes fueron privados de la libertad y de la vida por un grupo de aproximadamente ocho hombres.

Las evidencias reunidas constatan el horror que aún lacera. Según la CNDH, los cuerpos de esas personas fueron objeto de un tratamiento indebido e inhumano que borró o desapareció elementos que podrían ofrecer más luces para el esclarecimiento de los hechos. A esto se suma la serie de errores, omisiones e inconsistencias en las que incurrió el ministerio público de la Federación. La CNDH concluyó: “Durante la investigación del caso se presentaron obstáculos y dilación en la colaboración por parte de la Procuraduría General de República, en el sentido de haberse impedido a esta Comisión Nacional el acceso inmediato a la información que obraba en su poder, indispensable para conocer la verdad histórica de los hechos”.

Las recomendaciones fueron hechas a diversas instancias del gobierno federal que en ese entonces era encabezado por Felipe Calderón. La CNDH insistió en que se practicaran “todas las diligencias que sean legal y materialmente necesarias para llegar a la verdad histórica de los hechos y adoptar las medidas necesarias”. Si bien el mismo presidente de la República en turno dijo que se habían detenido a 8 sicarios perpetradores de los asesinatos, a la fecha no se ha llegado a la reparación del daño ni dado con los autores intelectuales de la masacre.

Uno de los organismos promotores para tener la verdad de los hechos fue el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C. fundado por el obispo de Saltillo, Fr. Raúl Vera López. Ese centro publicó, junto con otras organizaciones defensoras de los derechos humanos de los migrantes, un documento en febrero de 2014 titulado “Las personas migrantes como grupo vulnerable”, en el que se ofreció información y recomendaciones al  Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

A 10 años y tras la mención del Papa Francisco, el mismo obispo Raúl Vera recordó de forma enérgica los hechos en un videomensaje vía redes sociales. En cuadro, un poster con el número 72 y bolsa forense, autoría de estudiantes noruegos y la palabra de Dios en un atril. Vera López refresca la memoria empolvada por el tiempo y las particularidades del caso que ya “resulta insignificante para el gobierno” según el fraile dominico. “Tenemos una sociedad descompuesta y nos alcanzará a nosotros… ¡No nos esforcemos por cubrir estas cosas! Sentenciado que, si no se logran esclarecer estas cosas, todos como sociedad, “pereceremos de la misma manera”.

Por otro lado, José Guadalupe Torres Campos, obispo de Ciudad Juárez y responsable de la Dimensión de Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano suscribió un comunicado en el que condenó las políticas migratorias represoras y expresó el “dolor” de la Iglesia por la situación de quienes dejan sus países y tierras de origen: "Nos solidarizamos con las familias de estos 72 y de todas las personas migrantes que han sido víctimas del crimen organizado en nuestro país y que hoy claman por justicia y verdad”.

La masacre de san Fernando es otras de las páginas oscuras de desapariciones y asesinatos en México. Es un caso que no debería permanecer en la oscuridad y el olvido de la impunidad. Como afirmó el obispo de Saltillo, estos y otros hechos, como la desaparición de los 43 y la demencial violencia en el país, son acciones en las que “estamos poniendo en riesgo la vida de muchas personas más y la de nosotros… Para ellos, no había protección alguna y así, hasta hoy…”