Desde hace un tiempo algunos sectores políticos vienen reclamando que la Iglesia Católica deje de estar exenta del pago del impuesto de bienes inmuebles (IBI). Pero esa exención no es un privilegio especial de la iglesia católica.

También están exentos servicios públicos como defensa, seguridad y educación; los pertenecientes al patrimonio histórico-artístico, a entidades sin fines lucrativos y cárceles; los inmuebles de Entidades Religiosas Evangélicas, de la Federación de Comunidades Israelitas y de la Comisión Islámica; los inmuebles pertenecientes a gobiernos extranjeros; los pertenecientes a Cruz Roja y los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles.

El argumento esgrimido es que ante la crisis los ayuntamientos necesitan ese dinero. Pero ¿por qué pedirlo sólo a la Iglesia Católica?

Existen otras ventajas fiscales, como las que tienen los partidos políticos y sindicatos, que no tienen que declarar lo ingresado por cuotas, subvenciones, donaciones, rendimientos de sus actividades económicas o los rendimientos de las rentas de su patrimonio.

Esta crisis está generando evidentemente una gran pobreza. Pero los ayuntamientos no envían a los pobres a ser atendidos por los sindicatos, los partidos políticos, las embajadas, los propietarios de los grandes palacios o las mezquitas. Los envían a Cáritas.

Mes a mes aumentan las cifras de personas atendidas por Cáritas que muestran una realidad descarnada. Los partidos o los sindicatos oyen de ellos pero no los ven. Es en Cáritas donde los acogen y comparten con ellos su drama económico y personal.

Es cierto que la crisis nos ha afectado a todos, pero con especial intensidad a aquellos más vulnerables y excluidos. ¿Cómo afrontar esas circunstancias con la cabeza y el corazón en el momento presente?

Benedicto XVI ha señalado la necesidad de afrontar la situación con inteligencia cargada de caridad y con caridad cargada de inteligencia.

Amigo lector ¿Cómo crees que debemos interpretar esta reflexión?

En mi opinión, de puertas para afuera, no debemos callarnos ante el acoso al que la Iglesia Católica está siendo sometida desde algunos sectores, como es el trato desigual que se pretende ante el asunto del IBI. Y demandar a las Administraciones que racionalicen gastos, sí, pero estableciendo prioridades en función de la aportación que hacen al bien común las instituciones a las que se los recortan.

De puertas para dentro deberemos apoyar e impulsar la contribución a la crisis que están aportando Cáritas y otras organizaciones religiosas.