Comparecerá como testigo el obispo de Tarazona El párroco de Borja, enviado a prisión provisional comunicada
El párroco de Borja (Zaragoza), Florencio Garcés, imputado por apropiación indebida y contra la libertad sexual, ha sido enviado anoche por la juez a prisión provisional comunicada y sin fianza, han informado a Efe fuentes de la Guardia Civil. Ocultando su rostro con una bufanda, poco después de la medianoche, el cura de Borja abandonaba los juzgados de Tarazona, en Zaragoza, rumbo a la cárcel de Zuera.
Mientras que los otros cinco detenidos de una misma familia en la operación "Espino" han quedado en libertad con cargos, han agregado las mismas fuentes.
El párroco compareció ayer, de nuevo, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tarazona ante su titular, Nieves Pérez, después de que el ministerio fiscal solicitara nuevas diligencias en el caso.
Sin embargo, el abogado del párroco, el penalista Enrique Trebolle, no ve lógica la decisión de la juez: dice que no hay nuevos datos que justifiquen el envío a prisión de su cliente, cuando el fin de semana quedó en libertad con cargos. Trebolle ha anunciado que presentará recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Zaragoza.
En todo caso, el fiscal, Raúl Miranda asegura que no ha habido cambio de criterio, sino que la petición de prisión provisional se debe a los nuevos datos aportados por la investigación policial. Por cierto, el fiscal también va a solicitar la comparecencia en calidad de testigo del Obispo de la Diócesis de Tarazona, Eusebio Hernández.
Por su parte, el abogado de los cinco detenidos en el caso que continúan en libertad con cargos insiste en que tanto sus clientes como el párroco son inocentes y todo es un engaño.
La juez ha dictado, pasadas las doce horas de esta noche, un auto de prisión provisional comunicada y sin fianza por ver al cura responsable de apropiación indebida continuada y agravada y contra la libertad sexual.
El pasado domingo, el cura fue puesto en libertad con cargos, y sin fianza.
La juez le imputó dos delitos, uno de apropiación indebida "agravada" y "continuada" de más de 185.000 euros de fondos parroquiales, y otro contra la libertad sexual. (RD/Agencias)
