"Es una auténtica barbaridad sancionar a personas o instituciones que dan cobertura a personas que se encuentran en España en situación de irregularidad". Así se expresaba este mediodía, a las puertas de Congreso de los Diputados, el sacerdote José Luis Segovia, uno de los portavoces de la Plataforma "Salvemos la Hospitalidad", antes de registrar en la Cámara Baja miles de firmas contrarias al anteproyecto de ley para reformar la Ley de Extranjería. Una reforma que, de llevarse a cabo, podría multar con dureza a aquellas personas o instituciones -la Iglesia, la primera de ellas- que acojan a extranjeros en situación irregular. Aunque las personas no sean ilegales. Ya lo dejo claro desde el principio: si la ley es así, que vengan a buscarme que soy culpable.

Esta plataforma, impulsora de un manifiesto al que ya se han adherido personalidades del mundo de la cultura, juristas, religiosos, expertos en Extranjería, ONG y particulares, pide la retirada del artículo 53 del borrador presentado por el Gobierno, que considera infracción grave (con una multa de 501 a 10.000 euros) promover la estancia irregular de un inmigrante, entendiendo que esto ocurre cuando el extranjero depende económicamente del infractor.

Para Segovia, la futura normativa lograría "quebrar el deber de cuidado y de comportarse fraternalmente recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos". El manifiesto destaca que si se aprueba la ley en estos términos las "ONG, congregaciones religiosas y ciudadanos que vienen ejerciendo el deber de acogida y la solidaridad para con las personas inmigrantes en situación de irregularidad administrativa, verían perseguida su actuación".

Para los firmantes del manifiesto, el objetivo de la nueva norma "es intimidar a los ciudadanos españoles o extranjeros con papeles para que nieguen toda forma de apoyo a la persona en situación irregular (...) para que mediante la presión de una situación de precariedad absoluta, vuelva a su país".

Entre los firmantes se encuentra la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), SOS Racismo, la Conferencia Española de Religiosos, el profesor de Derecho Penal en la Universidad Pontificia de Comillas Julián Ríos, el magistrado Ramón Sáez, el sacerdote Javier Baeza (Parroquia San Carlos Borromeo) y el sacerdote jesuita Daniel Izuzquiza.

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