La huelga general, las elecciones y las visitas papales, claves en el retraso La Ley de Libertad Religiosa se pospone “sine die”
(Jesús Bastante).- La Ley de Libertad Religiosa se retrasa. Y lo hace "sine die", relegada en la urgencia del Gobierno por la crisis y las políticas de ajuste. Aunque la versión oficial, en la que ayer mismo abundó el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, es que la tramitación del anteproyecto sigue su curso pero que no se presentará ante las Cortes en verano sino en otoño, fuentes gubernamentales asumieron que el calendario próximo "no es el más adecuado" para poner sobre el tapete una ley sobre que afecta a temas tan sensibles como las creencias públicas y que no ha alcanzado, por el momento, el consenso necesario.
La decisión no tiene que ver con la visita de Zapatero a Benedicto XVI, sino con la dinámica a la que se ha visto arrastrada el Gobierno desde que, hace ahora un mes, se presentaran las primeras medidas de ajuste económico. La reforma laboral -que hoy se aprueba sin consenso y que generará, este otoño, una huelga general- y el final de la presidencia de la UE son, a día de hoy, las únicas prioridades.
Sin embargo, hasta hace días, los responsables de la elaboración de la ley aseguraban que los plazos se cumplirían, y ponían como ejemplo que el propio presidente había pedido las bases del anteproyecto para mostrárselo al Papa, sin advertir que hubiera retraso. Además, el Congreso de los Diputados ya ha instado al Ejecutivo a presentar el anteproyecto de Ley de Libertad Religiosa antes de que acabe este curso legislativo. Algo que no se hará.
No sólo eso. El frenazo en la regulación de la Libertad Religiosa amenaza con convertirse en aplazamiento. No hay fecha concreta para la presentación del anteproyecto, pues el otoño se presenta con una huelga general en ciernes, un Gobierno nuevo -tras la presidencia europea cambiarán varias carteras- y las visitas de Benedicto XVI a Compostela y Barcelona. Aprobar la ley en vísperas de la visita papal no sería visto con buenos ojos desde el punto de vista diplomático, en un momento además en que Roma debe aceptar al nuevo embajador, en sustitución de Francisco Vázquez.
Después, ya estaríamos en plena precampaña electoral para las municipales y autonómicas, que se celebran la próxima primavera. Como se ha comprobado en Cataluña o en el Corpus de Toledo, las cuestiones que afectan a lo religioso (burka o identificaciones entre lo religioso y lo público) generan una polémica -artificial o no- que, por cálculo político, al Gobierno no conviene. Y menos con la que está cayendo. Un vuelco electoral a nivel municipal o autonómico, unido a una crisis más larga de lo que se espera, podría provocar, incluso, un adelanto electoral. Y, en todo caso, Benedicto XVI regresaría a España (Madrid) en agosto.
