El Congreso agota el periodo de sesiones sin actualizar la Ley de Libertad Religiosa, que mañana cumple 30 años Una reforma sin calendario
Los más escépticos tienen ya la 'prueba de vida' que les faltaba. Agotado el periodo de sesiones en el Congreso de los Diputados, el Gobierno no ha tramitado la reforma de la Ley de Libertad Religiosa, de cuya entrada en vigor se cumplen mañana 30 años. El contexto político y la oportunidad socioreligiosa juegan en contra de una iniciativa que carece de calendario. «No está en la agenda y no tiene fecha», repiten fuentes del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y del PSOE, dedicados ahora a apagar otros incendios, y centrados en el combate contra la crisis económica. Lo cuenta Pedro Ontoso en El Correo.
La reforma es un compromiso del Gobierno para esta legislatura, pero la sucesión de distintos acontecimientos ha ralentizado su tramitación, más teniendo en cuenta el horizonte electoral. El pasado 18 de mayo, en vísperas del viaje de Zapatero al Vaticano, el pleno del Congreso aprobó una moción de ERC, IU e ICV, con una enmienda de sustitución del PSOE, por la que se instaba al Ejecutivo a aprobar antes del pasado 30 de junio el anteproyecto de la nueva norma.
La iniciativa fue aprobada por 172 votos a favor, 152 en contra y 17 abstenciones. El texto era una consecuencia de la interpelación urgente que el diputado republicano Joan Tardá formuló al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien había asegurado que el anteproyecto sería aprobado «en fechas muy próximas» con el objetivo de que el proyecto de ley sea debatido en el Parlamento «en el próximo periodo de sesiones».
Pero no parece que el Gobierno pretenda aprobar este año el proyecto de ley. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha explicado que el Ejecutivo «continúa trabajando» en la norma «para adecuar la ley a los cambios que se han producido en España en estos últimos 30 años», pero ha detallado que se va a hacer «con sosiego y sin precipitación».
Ésa es la posición que Rodríguez Zapatero trasladó a Benedicto XVI en su reciente visita al Vaticano, explicada después por el ministro Miguel Ángel Moratinos al secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Tarcisio Bertone. El comunicado oficial del Vaticano tras la visita, lo matizaba muy bien. El portavoz oficial, el jesuita Federico Lombardi, se refería a la «eventual» Ley de Libertad Religiosa, un término acuñado y medido por el lenguaje vaticano, que es dos veces diplomático.
Un tema más inmediato que preocupa en Roma es el viaje del Papa a España en noviembre, para visitar Santiago de Compostela y Barcelona, y, sobre todo, la del próximo año, en verano, para presidir la Jornada Mundial de la Juventud. El Gobierno de Zapatero ya ha garantizado que ofrecerá la cobertura logística, además de la cesión de los terrenos del aeródromo de Cuatro Vientos en Madrid, y económica, al declarar la visita 'evento de interés especial', lo que permite beneficios fiscales a las empresas que apoyen el viaje.
La presencia del Papa en España supone un aspecto importante a tener en cuenta a la hora del debate de la polémica Ley de Libertad Religiosa. Pero, sobre todo, es el calendario electoral que se encuentra a la vuelta de la esquina y en el que muchos alcaldes y algunos barones socialistas pueden perder sus cabezas, lo que realmente preocupa en Moncloa y en Ferraz.
El debate sobre el burka se ha sorteado como se ha podido, con improvisación y al calor de los acontecimientos. Sobre esta cuestión, la posición del Gobierno es que ya hay suficiente legislación para abordar el tema. Sectores importantes consideran que no es oportuno regular esta cuestión bajo el paraguas de la Ley de Libertad Religiosa por el peligro de asociarlo al conjunto del islam, cuando sólo afecta a determinados países, y que en muchos ámbitos se encuadra en parámetros culturales.
En cualquier caso, desde el Ejecutivo se telegrafía que aún es pronto para precisar cómo será la norma para este asunto y que, cuando proceda, también habrá que hacerlo «con sosiego» y en diálogo con las comunidades musulmanas.
La regulación de los símbolos religiosos en espacios públicos, como es el caso del crucifijo, es lo que levanta más pasiones. La resolución que dictamine el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en el 'caso Lautsi' será una doctrina a tener en cuenta. Diez países, entre ellos Rusia y Polonia, se han personado en la corte europea para apoyar a Italia en su batalla contra la familia que consideró que la presencia de crucifijos en las aulas es contraria al principio de laicismo del Estado. Los diez países sostienen que el crucifijo es un «símbolo nacional», además de una imagen religiosa.
Los obispos españoles acaban de señalar en una reciente nota que las sociedades de tradición cristiana «no deberían oponerse a la exposición pública de sus símbolos religiosos». Un primer aviso a las intenciones de José Luis Rodríguez Zapatero.
