Gregorio Delgado del Río El problema es otro muy distinto

(Gregorio Delgado del Río).-Mucho se ha hablado, a lo largo de la crisis económica que todavía no acabamos de superar, de la carga fiscal que ha soportado, sobre todo, la clase media. La voracidad recaudatoria de Montoro -no superior, desde luego, a la que hubiese desplegado cualquier Ministro de Hacienda de ideología de izquierdas-, aunque asfixiante, ha sido, en términos generales, aceptada con resignación y con la conciencia de contribuir al bien común del país en un momento crítico. Es de justicia subrayar este esfuerzo de generosidad y solidaridad que han protagonizado los contribuyentes en un momento particularmente difícil de la sociedad española.

Toda la oposición y, en general, todas las instituciones sociales y religiosas, han jugado a lo más fácil: desgastar al partido del Gobierno. Es muy fácil criticar los recortes, sobredimensionarlos y hasta hablar de recortes generalizados. Pero, lo cierto es que ni la oposición política ni las instituciones sociales y religiosas críticas con el Gobierno han ofrecido otra alternativa diferente, que no originase un mayor esfuerzo fiscal del ciudadano. Es más, ahora -en vísperas de las próximas elecciones- la anterior clase política y las mencionadas instituciones sociales y religiosas no parecen cuestionarse para nada que los ciudadanos han de seguir manteniendo como mínimo el mismo o superior esfuerzo fiscal. Nadie desea que el Estado renuncie definitivamente a garantizar una situación de bienestar. Lo cual, en cualquier caso, pasa por tensionar aún más la solidaridad y el sentido del deber en materia fiscal.

Es evidente que la solidaridad (Cfr. CEE. Instr., Iglesia, servidora de los pobres, n. 27. En lo sucesivo: ISP) es algo que va mucho más allá de un esfuerzo puntual de generosidad en un momento difícil. Diría que enraíza con la conciencia activa de pertenecer a una comunidad social y política instituida para mejor satisfacer los derechos de todos sus integrantes. La satisfacción de los llamados derechos económico-sociales, como, por ejemplo, "el derecho al trabajo digno, a una vivienda adecuada, al cuidado de la salud, a una educación en igualdad y libertad" (ISP, n. 28), etcétera, exigen, sin duda, el esfuerzo y la colaboración de todos. Hasta aquí todos estaríamos de acuerdo.

El problema se centra, a mi entender, en cómo organizar tal esfuerzo y colaboración solidaria de todos, en cómo determinar y fijar hasta dónde llega el deber solidario de cada ciudadano. A este respecto, estamos de acuerdo que "la implantación de un sistema fiscal eficiente y equitativo es primordial para conseguirlo" (ISP, n. 28). Pero, a mi entender, es aquí donde le duele y donde la gente del común, la clase política, las entidades sociales y religiosas y la sociedad entera demuestran preferir desviar la mirada hacia otro lado y, en general, rehuyen ahora cualquier tipo de debate sobre el particular. Pero, a mi entender, la cuestión no puede eludirse en modo alguno. El esfuerzo fiscal ha de ser, necesariamente, justo y equitativo. En modo alguno, puede ser desproporcionado, confiscatorio, sin límite alguno. Pero, ¿qué se afirma con ello? ¿Cuáles han de ser los términos o los límites de la carga impositiva para que pueda hablarse de que es justa y equitativa?

¿Hasta dónde llega el deber de cada ciudadano de colaborar al bien común? ¿Acaso no tiene limitación alguna? ¿Está obligado -es justo y equitativo- un ciudadano a contribuir con un esfuerzo superior a la mitad o más de lo que genera su esfuerzo laboral y/o empresarial en un momento determinado?

La respuesta a tan básicas y elementales preguntas no es única ni necesariamente se concreta en un exclusivo sentido. La respuesta es, sin duda, muy compleja y merecedora de múltiples matices. No todo es tan evidente como aparece a primera vista. No se resuelve la cuestión con adherirse, sin más, a lo más cómodo y aparentemente más rentable en términos de votos y prestigio ante las clases más desfavorecidas, esto es, mirar para otro lado o reivindicar el máximo esfuerzo de quienes más tienen. En la respuesta, están en juego muchos otros valores sociales y personales que, en modo alguno, deben olvidarse en una sociedad justa. Es más, la respuesta exige poner en cuestión, con carácter previo, multitud de aspectos de la acción de gobierno, de cualquier gobierno, con independencia de su signo ideológico.

La respuesta implica fijar posiciones sobre prioridades de gobierno. La respuesta reclama también pedir a los más desfavorecidos que ellos aporten a la sociedad, por ejemplo, el esfuerzo siempre posible para perfeccionar su preparación humana y profesional o para obtener una educación y una instrucción superiores a la que -por causas ajenas y propias- ostentan en este momento.

Probablemente, para intentar una respuesta coherente no haya nada mejor que ponerse o meterse en la piel del ciudadano que viene satisfaciendo a las arcas públicas más de la mitad de los ingresos que genera. Desde esa atalaya, las cosas pueden verse de otro color. Es muy fácil pedir un mayor esfuerzo fiscal cuando se sabe de antemano que no le afectará a uno y sí al vecino de enfrente. Es muy fácil pedir un mayor esfuerzo fiscal de los demás cuando se sabe que ello le beneficiaría con seguridad. Pero, en todo caso, ¿qué se está dispuesto a ofrecer a la sociedad a la que se pertenece -como colaboración solidaria- en otro orden de cosas distinto del económico?

Como se verá, la respuesta no es tan simple y debería abrirse a gran debate social en la que participemos todos. Nadie debería llamarse andana. Si -dando un paso más- se valora el cómo se gestiona el esfuerzo fiscal del ciudadano (el dinero recaudado), todo el sistema puede entrar en verdadera crisis de legitimidad. Se despilfarra en gastos desmesurados, en la colocación de parientes y amiguetes, en la realización de obras y actividades claramente innecesarias. No se aprecia que exista un sistema riguroso de prioridades a financiar. Se derrocha el dinero de todos a lo grande. Políticos y sindicalistas -no todos- viven a costa de los impuestos con que se sangra a muchos ciudadanos.

Basta recordar la corrupción, los eres o los cursos de formación, las campañas electorales y otras prebendas de la clase política. ¿Es legítimo y ético, justo y equitativo, mantener semejante gestión de lo público y apoyar un esfuerzo fiscal más intenso?

A la vista de la realidad descrita sobre cómo se gestiona el dinero recaudado y sobre la que cabría profundizar mucho más, me parece entendible que el ciudadano -sobre todo, al que se le impone tan gran esfuerzo fiscal- se pregunte seriamente si no estará siendo tratado de modo injusto, si no estará financiando a vividores y aprovechados, si no estará haciendo el tonto, si la supuesta satisfacción de los derechos de todos no es más que una excusa para ser personalmente expoliado.

Esto sólo se valora cuando le afecta a uno directamente. Este es el verdadero problema. Si esto no está claro, las resistencias a la voracidad fiscal pueden tener cierta legitimidad. Es urgente, en consecuencia, resolver previamente el problema de fondo con la participación de todos, absolutamente de todos.