Acciones penales de Aragón para conseguir la devolución de los bienes religiosos
Así lo ha apuntado en rueda de prensa, tras la reunión del Consejo de Gobierno, el vicepresidente aragonés, José Ángel Biel, quien ha explicado que el acuerdo del Ejecutivo aragonés autoriza a la Dirección General de Servicios Jurídicos a adoptar "el ejercicio de las actuaciones judiciales" que puedan conducir a la ejecución de la sentencia de la Signatura Apostólica del Vaticano.
Ésta establece que las 113 piezas que se custodian en el Museo Diocesano de Lérida y que pertenecen a parroquias oscenses (que en 1995 dejaron de pertenecer a la Diócesis de Lérida para pasar a depender de la de Barbastro-Monzón) deben de ser devueltas a su legítimo propietario, la diócesis aragonesa.
El consorcio del Museo de Lérida, en el que están representados la Generalitat de Cataluña, la Comarca del Segrià y el obispado de Lérida, la diputación provincial y el ayuntamiento ilerdense, rehúsa ejecutar esta sentencia con el argumento de que las piezas están protegidas por la Ley de Patrimonio de la Generalitat.
Ante el rechazo a devolver las piezas y el fracaso de la negociación política, ha dicho Biel, al Gobierno de Aragón "no ha tenido más remedio" que recurrir a la vía penal, porque "pocas más vías" le quedan el Ejecutivo autonómico.
Las acciones judiciales penales, ha explicado, se emprenderán contra las personas físicas o representantes institucionales del consorcio del museo que están "poniendo trabas" al cumplimiento de la sentencia vaticana y que, por tanto, impiden que los bienes retornen a su "legítimo propietario".
El Gobierno de Aragón "va a poner sobre la mesa" todos los procedimientos que tiene el Estado de Derecho, pero tienen que ser los servicios jurídicos quienes determinen los procedimientos, las argumentaciones y los plazos, aunque en cualquier caso Biel ha anunciado que el inicio de las acciones legales va a ser "inmediato".
El vicepresidente aragonés ha reconocido que ignora si el Obispado de Barbastro o la Nunciatura en España han pedido oficialmente la ejecución de la sentencia de la Signatura Apostólica, pero también ha insistido en que este asunto está "ya resuelto" en el seno de la Iglesia , y que ahora Aragón se ha "topado" con las autoridades civiles catalanas.
El problema está ahora en el consorcio, que invoca una ley catalana, y cuando se han "cerrado todas las salidas" y "el acuerdo no es posible", no queda "otro remedio" que ir a los tribunales.
Preguntado por si el Gobierno de Aragón, al margen de estas acciones penales, pedirá también que se ejecute la sentencia, Biel ha explicado que deberán de ser los servicios jurídicos quienes determinen si el Ejecutivo está legitimado para ello, y si lo está, "lo pedirá".
Ha reconocido que se ha conseguido "poco" con las acciones políticas y se ha preguntado qué más puede hacer Aragón para conseguir que le den la razón.
"¿Qué podemos hacer más que llevar a los tribunales por lo penal a las instituciones catalanas? ¿Enfadarnos más? ¿Invitamos a cenar a Montilla? ¿Hacemos una huelga de hambre?", ha ironizado Biel, quien ha lamentado que Aragón se haya "topado con unos vecinos que no son precisamente los mejores para estas cosas".
Preguntado por el motivo por el que el Gobierno aragonés ha decidido emprender en este momento la vía penal, ha explicado que se ha esperado a que la Iglesia resolviera internamente el conflicto, porque es a quien le compete hacerlo.
Hasta que esto no ha sucedido no se ha considerado "pertinente" hacer otra cosa, pero ahora que se ha demostrado que las resoluciones vaticanas "no son suficientes", se ha optado por explorar otra vía.
