La Conferencia Episcopal, a través de su órgano más restringido de dirección, la comisión permanente, terció ayer en el debate preelectoral. Y no lo hizo como se espera de ella: mediante la comunicación a los electores de su posición en temas que le pueden ser propios - como, por ejemplo el aborto, los matrimonios homosexuales o la defensa de los valores que defiende-, sino penetrando en el siempre complejo tema del diálogo con ETA y los límites de este para un gobierno elegido democráticamente.

Más allá del desacuerdo con algunas expresiones de la nota al pretender descalificar la actuación del Gobierno en la búsqueda de la paz en el País Vasco, quizás lo más censurable de la Conferencia Episcopal es el tratar de situar a la Iglesia en una posición que históricamente no ha tenido y de la que se encuentran muy distantes muchos prelados de la periferia, fundamentalmente de Catalunya y el País Vasco. Incluso, quién sabe, si su actual presidente, el moderado obispo de Bilbao, Ricardo Blázquez.

En esta convulsa legislatura, la Conferencia Episcopal se ha erigido en varios momentos en sujeto político. En algunos momentos de estos cuatro años, se podrá estar o no de acuerdo y habrá molestado al Gobierno, la actitud de los máximos responsables de la Iglesia era comprensible, al sentirse hostigados por algunas modificaciones legales llevadas a cabo por el Ejecutivo. Pero no es el caso de la negociación política para tratar de acabar con la violencia. El Gobierno fracasó en su intento de lograr poner fin al terrorismo y la gran mayoría de los ciudadanos apoyó al presidente Zapatero. Y no debe ser la jerarquía eclesiástica quien señale cuáles son los límites para el futuro.

José Antich, director de La Vanguardia