Aquí no hay quien se aclare, porque a lo largo de la Historia de la Iglesia hemos visto clérigos metidos hasta las cejas en los campos de la política, y bien considerados por sus compañeros del alto clero, mientras otros, han sido obligados a dejar la clerecía si deseaban practicar el ejercicio político en algún puesto directivo.

Los casos innumerables: desde los cardenales Richelieu, Cisneros o Mazarino, hasta los obispos españoles, diputados en la Cortes de Franco, pasando por Tarancón, que, sin pisar el parlamento, fue un referente esencial para el paso de España de la dictadura a la democracia.

Cada caso es distinto, por supuesto. También son distintas las situaciones de curas a quienes se les prohíbe en los tiempos actuales ejercer de alcalde en su pueblo, aunque no haya otra persona aparente para tal menester. Se airean estos eventos ante la opinión pública y logran con frecuencia el desprestigio de todos.

Caso especial en nuestro tiempo es el de Fernando Armindo Lugo, obispo y jefe de estado de Paraguay. Cuando llegó a tan alto cargo político, se le exigió dejar de pertenecer a la clerecía, se le secularizó, aunque, si después de cumplir su mandato de presidente, desea reincorporarse en su anterior estatus, habría de solicitarlo al Vaticano.

Por supuesto que cada caso es distinto. A mi parecer la norma es clara: un clérigo nunca debiera ejercer estos cargos públicos, al menos mientras exista la clerecía y el actual estado de celibato. No podemos entender una prohibición de estar desposado con una mujer, con permisión de estar casados con el poder o con el dinero. Y mucho menos, el dialogar con los grandes de este mundo “de poder a poder”. Yo no entiendo; todo es enmarañado.


José María Lorenzo Amelibia
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