"Llamamos al Gobierno a cerrar definitivamente los CIE" El SJM denuncia el silenciamiento en la sociedad de la realidad de las personas migrantes internadas en los CIE

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha presentado con un acto en el Congreso de los Diputados la decimocuarta entrega de los informes anuales sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en el Estado Español. El título, ‘Internamiento ‘muteado’’, revela una estabilización en las cifras de personas internadas en los centros, alrededor de 2.000 al año desde 2020, al mismo tiempo que pone el acento en el desconocimiento para la sociedad de la realidad de su funcionamiento e impacto.  

A pesar de que el internamiento sea contemplado por la ley como la última de las medidas cautelares, ninguna tan lesiva, se recurre a él de modo desproporcionado. El 71% de los internamientos tuvieron causa de expulsión, mientras que apenas un 27% lo fueron por devolución. La mayoría de personas privadas de libertad presentaban perfiles con un alto arraigo en España; en menor medida fueron internados perfiles con antecedentes penales o policiales, aunque la narrativa oficial justifique la existencia de los CIE por este motivo. La media de estancia en los centros se situó, aislando los centros de Madrid y Tenerife (sin apenas actividad), en algo más de 30 días.  

Sin embargo, del total de repatriaciones forzosas llevadas a cabo por el Estado español, tan solo un 30% fueron desde CIE. Aun así, la cifra total apenas alcanza las 4.000 anuales desde la pandemia, cuando de 2019 hacia atrás siempre se situaba alrededor de las 10.000. Cuatro de cada 10 personas internas fueron puestas en libertad finalmente. El 55% de las personas internas fueron repatriadas, cifras porcentuales muy similares a las de los últimos siete años, fluctuando en una horquilla entre el 47% y el 57%.

Las deficiencias y vulneraciones de derechos continúan en CIE. En algunos centros se siguen poniendo trabas a las visitas de entidades de sociedad civil, de capellanía e incluso a la orientación jurídica de extranjería, que en muchas ocasiones se ejerce sin privacidad. Es urgente acometer una reforma, tanto en el pliego de contratación como en el propio servicio médico-sanitario. Además, se aprecia una mayor hostilidad y trato degradante, especialmente en situaciones de difícil manejo por parte de los funcionarios policiales. Tal y como publicó SJM en un informe conjunto con el CESPYD de la Universidad de Sevilla el pasado enero, la salud mental se agrava drásticamente con el internamiento en CIE: siete de cada 10 personas internas entrevistadas en este estudio manifestaban síntomas de ansiedad y depresión, mientras que el 20% habían intentado autolesionarse.  

Los CIE son una herramienta nuclear de las políticas migratorias estatales, y en especial, europeas. El nuevo Pacto de Migración y Asilo aprobado por la UE el pasado abril ensalza la figura de la detención a personas migrantes que accedan o se encuentren de forma irregular en los estados, y la gestión migratoria ha sido uno de los ejes centrales del debate político en torno a las Elecciones al Parlamento Europeo del pasado 9 de junio. Las cifras oficiales transmiten la idea de un internamiento con sordina, silenciado por números relativamente bajos desde la pandemia, que trata de justificarse al aplicarse a personas con antecedentes, pero que trunca proyectos familiares de vida y genera un sufrimiento inmenso, afectando de lleno a la salud mental de quienes lo padecen. El SJM reitera, una vez más, su llamada a cerrar los CIE definitivamente.